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El Departamento de Justicia quiere datos de manifestantes anti-Trump, pero una firma de tecnología se resiste a entregarlos

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Una compañía de tecnología de Los Ángeles se opone a una demanda federal sobre más de 1.3 millones de direcciones IP para identificar quién visitó un sitio web creado para coordinar las protestas en el día de la toma de posesión del presidente Trump. Según la empresa, la amplitud de la petición viola la Constitución.

“Tenemos un pedido de gran envergadura de cada archivo único que tenemos” en relación con DisruptJ20.org, afirmó Chris Ghazarian, abogado general de DreamHost, que alberga el sitio. “La orden de rastreo no sólo está vinculada con todo lo relacionado con el sitio web, sino con toneladas de datos sobre las personas que lo visitaron”.

El pedido también cubre los correos electrónicos entre los organizadores del sitio y los interesados en asistir a las protestas, cualquier mensaje y archivo borrado, así como información de las personas suscritas -tales como nombres y direcciones- y fotos y textos que no hayan sido publicados pero que estén almacenados en la base de datos del website, según la orden y Ghazarian.

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La solicitud, que DreamHost hizo pública este lunes, desató una tormenta de protestas entre los defensores de las libertades civiles y la comunidad de la tecnología. “Lo que vemos es una excesiva persecución judicial por parte de un Departamento de Justicia politizado, que le permite a la administración Trump emplear fiscales para silenciar a sus críticos”, afirmó Ghazarian.

Un vocero de la oficina del fiscal de los EE.UU. en el distrito de Columbia, que solicitó la orden, se negó a efectuar comentarios. En documentos judiciales, sin embargo, los procuradores argumentaron que el pedido era constitucional y que no había razón para que DreamHost no cumpliera con éste.

La orden de registro fue emitida el 12 de julio por un juez de la Corte Superior del Distrito de Columbia, y recibida por DreamHost el 17 de julio. El pedido marcó una escalada desde enero, cuando los fiscales que investigaban las protestas pidieron a la compañía que preserve los registros y emitieron una citación para un conjunto limitado de datos del sitio. La firma cumplió con ambas solicitudes, precisó Ghazarian.

En abril, el gobierno federal acusó a más de 200 personas en conexión con las protestas en Washington que hirieron a seis oficiales de policía y dañaron vitrinas comerciales y al menos un vehículo. Los cargos incluyeron daños a la propiedad y agresiones.

Después de entregada la orden de registro, DreamHost le planteó sus preocupaciones al fiscal adjunto de los EE.UU. John W. Borchert, conforme documentos judiciales. La firma pensó que el pedido era demasiado amplio y que buscaba información -tales como borradores de publicaciones en blogs- que violaba la Ley de Protección de la Privacidad, de 1980.

Los fiscales respondieron el 28 de julio, con una moción para obligar a DreamHost a entregar los datos sobre DisruptJ20. “Ese sitio se usó en el desarrollo, la planificación, publicidad y organización de una manifestación violenta”, aseveró el fiscal Channing Phillips. La preocupación de la empresa acerca de la amplitud de la medida “simplemente no es base suficiente para negarse a cumplir con la orden”.

Los fiscales también argumentaron que la medida identificaba “las categorías precisas de información” que DreamHost debía entregar y “las precisas limitaciones” acerca de la información que el gobierno podía incautar. También argumentaron que la Ley de Protección de la Privacidad no le impide al gobierno apropiarse de materiales “protegidos” mediante una debida orden de registro.

El viernes último, DreamHost presentó una respuesta donde alegó que la amplitud de la orden viola la Cuarta Enmienda porque no describe con “particularidad” los ítems que deben ser incautados. Solicitar “todos los registros u otra información” perteneciente al sitio, incluidos “todos los registros, bases de datos y registros de éstas” es una medida demasiado amplia, afirmó la compañía.

La orden también plantea temas vinculados con la Primera Enmienda, señaló DreamHost. Quienes visitaron el website de la protesta deben tener el derecho de mantener sus identidades en privado; además, si temen que el Departamento de Justicia recabe información sobre ellos, ello pondría un freno en el uso de su libertad de expresión y asociación, argumentó la compañía.

Mark Rumold, abogado de la Electronic Frontier Foundation, señaló que no existe ninguna explicación plausible para una orden de registro de tal magnitud, “más que lanzar una emboscada digital lo más amplia posible”.

Para el letrado, el gobierno parece estar investigando una conspiración para los disturbios, “pero lo está haciendo de una forma tan contundente que no tiene en cuenta los significativos intereses de la Primera Enmienda. Incluso tomaría datos de la gente que visitó el sitio web pero no estuvo cerca de Washington en el día de toma de posesión”, continuó.

Este viernes se realizará una audiencia en la Corte Superior, ante la jueza Lynn Leibovitz.

Traducción: Valeria Agis

Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí

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