Más trabajadores denuncian que sus empleadores los amenazan con la deportación

El acuerdo al que llegó el trabajador fue simple: $150 dólares por día para embaldosar un baño y estucar las paredes de una casa en Arcadia. La paga sería al final de cada día, pero ello nunca ocurrió, según una demanda presentada por el comisionado laboral de California en el Tribunal Superior del condado de Los Ángeles.

Después de seis días sin pago, alega la presentación, el trabajador finalmente confrontó a su jefe, quien luego lo criticó, lo llamó “mojado” y amenazó con denunciarlo ante las autoridades de inmigración.

“Permíteme compartir algo contigo, no sólo soy [un ex] sheriff; mi familia trabaja en el departamento de policía”, escribió el jefe en un mensaje de texto enviado después de negarse a pagarle al trabajador, según la demanda. “Si quieres venir a mi trabajo y crear un problema, te esposaré, te pondré bajo custodia y esperaré a que ICE venga a encerrarte por amenazas graves”.

El empleador no pudo ser contactado para comentar en este artículo, pero este tipo de denuncias son cada vez más comunes. Las quejas sobre amenazas de represalia relacionadas con la inmigración surgieron el año pasado en California, según la Oficina del Comisionado Laboral. Hasta el 22 de diciembre pasado, los empleados habían presentado 94 denuncias de represalias relacionadas con el estatus migratorio en el lugar de trabajo, un aumento notable en comparación con las 20 señaladas en todo 2016 y las apenas siete de un año antes.

Los casos incluyen instancias en las que presuntamente los empleadores amenazaron con denunciar a los trabajadores ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de los EE.UU., después de haber planteado cuestiones sobre las condiciones laborales, incluido el robo de salarios. Otras denuncias incluyen a empleadores que exigen documentos diferentes a los requeridos por la ley federal de inmigración, o que se niegan a aceptar documentos que lucen genuinos.

Tales amenazas han sido durante mucho tiempo una realidad para la comunidad de más de 2.3 millones de personas en California que están en el país sin autorización, señalan sus defensores. Una demanda presentada por el comisionado alega que un jefe amenazó con denunciar a un trabajador a las autoridades de inmigración “varias veces al año”.

Las leyes que entraron en vigor en 2014 para prohibir específicamente esa práctica probablemente jugaron un papel importante en el aumento de las quejas oficiales presentadas ante la agencia estatal, a medida que los trabajadores se familiarizan con sus derechos.

Pero la comisionada del trabajo, Julie Su, y varios defensores de inmigrantes destacaron que el aumento también podría atribuirse a que los empleadores se sienten más facultados para blandir al ICE como arma, dado el aumento de la retórica antiinmigrante y la intensificación del control por parte de las autoridades.

Los empleadores incluso afirmaron ante el personal del comisionado que denunciarían a sus trabajadores ante el ICE, relató Su. “Ése es el envalentonamiento”, dijo. “No es sólo una coincidencia y no es un accidente que haya habido tal aumento en las amenazas a los trabajadores inmigrantes”.

Al mismo tiempo, los defensores de inmigrantes destacaron que los trabajadores indocumentados parecen menos propensos a reportar violaciones en el lugar de trabajo, debido al clima político.

Su se negó a señalar la fuente de la retórica antiinmigrante. Pero el presidente Trump criticó la inmigración -indocumentada y legal- durante la campaña de 2016 y su presidencia, citando a menudo los delitos -incluido el terrorismo- como un motivo válido para su postura, aunque varios estudios muestran que los inmigrantes generalmente son menos propensos a cometer crímenes que los nacidos en los EE.UU.

Trump incluso llegó a comparar a los inmigrantes con serpientes cuando, ante sus multitudes adoradoras, leyó la letra de una canción en la cual una “mujer de corazón tierno” atendía a un ejemplar de reptil enfermo sólo para ser mordido por éste.

Tales comentarios hacen que algunos empleadores “sientan que hay apoyo oficial al hecho de que estos trabajadores no merecen ninguna protección y ningún derecho”, afirmó Sebastián Sánchez, abogado del Proyecto de Derechos de Empleo en Bet Tzedek, que brinda servicios legales a personas de bajos ingresos. En el caso de Arcadia, Sánchez ayudó al empleado a presentar reclamos ante el comisionado laboral, lo cual eventualmente llevó a la presentación de la demanda del comisionado.

Mar Martínez, coordinadora organizadora del Garment Worker Center en el centro de Los Ángeles, también notó que más trabajadores afirman que su estatus inmigratorio está más controlado por los empleadores, incluso cuando algunos cuestionamientos son menos amenazantes que las acusaciones de la demanda de Arcadia.

En un caso, un trabajador intentó tomar días por enfermedad después de una lesión. “Le dijeron: ‘Los días de enfermedad son para personas con papeles. Las personas indocumentadas no se enferman “, narró Martínez.

Conforme con la ley federal y estatal, los trabajadores están protegidos por el salario mínimo y otras leyes laborales, independientemente de su estatus migratorio.

Cuando se le preguntó qué medidas toma ICE para garantizar que los empleadores no utilicen la agencia como una herramienta de represalia, una portavoz del departamento apuntó a un memorando de entendimiento con el Departamento de Trabajo de los EE.UU. que expresa que ICE, excepto en ciertas circunstancias, se abstendrá de llevar a cabo inspecciones en el lugar de trabajo en una empresa bajo investigación por parte de ese departamento.

El memorándum remarca que ICE evalúa si la información y sugerencias sobre la aplicación de la ley en el lugar de trabajo están “motivados por un deseo impropio de manipular una disputa laboral pendiente, tomar represalias contra los empleados por ejercer los derechos laborales o frustrar el cumplimiento de las normas laborales”.

Una vocera de Su afirmó que no existe un acuerdo similar entre la agencia estatal e ICE, y que debido a que la Oficina del Comisionado Laboral no comparte información con funcionarios de inmigración, los trabajadores no deberían temer presentar denuncias independientemente de su estatus migratorio. “Para que nuestra democracia funcione, la gente, los residentes de nuestro estado, deben sentirse seguros para denunciar una violación y buscar la ayuda del gobierno”, aseguró Su.

Por su parte, la vocera de ICE, Danielle Bennett, indicó que su agencia no tiene una política que verifique cada posible dato anónimo no surgido en el lugar de trabajo, pero si posteriormente se descubren violaciones laborales, se tomarán en cuenta.

Que un trabajador indocumentado explotado pueda permanecer en el país depende de cada caso particular, remarcó, y señaló además que hay visas especiales para las víctimas de la trata de personas.

Bennett se negó a comentar sobre las razones que, según los defensores, podrían ser responsables del aumento en las quejas por represalias. La Casa Blanca no respondió a las solicitudes de comentarios.

Por su parte, los defensores de los trabajadores dicen que las nuevas instrucciones de ICE están dando más fuerza a las amenazas.

La administración de Trump se mostró más dispuesta que el gobierno de Obama a arrestar a indocumentados condenados por delitos menores, o que no tienen antecedentes penales. En el último año fiscal, la detención de personas sin autorización en el país sin condenas penales aumentó a más del doble, superando los 37,000 arrestos.

El mes pasado, el director interino de ICE, Thomas Homan, afirmó que quiere apuntar cada vez más a compañías que contratan trabajadores indocumentados e incrementar las redadas en ciudades como Los Ángeles y San Francisco, que restringen lo que la policía puede y no puede hacer para los agentes de inmigración.

California tomó medidas el año pasado para proteger a los indocumentados. Un proyecto de ley para considerar un estado santuario reduce drásticamente la cantidad de agencias estatales y locales del orden que pueden retener, interrogar y transferir personas a pedido de las autoridades federales de inmigración. Según otra norma, los empleadores tampoco pueden permitir el acceso de agentes de inmigración federales a la propiedad de una empresa privada sin una orden judicial.

Su también demandó a varias compañías en el Tribunal Superior de California por falta de pago de multas después de que su oficina dictaminara que habían participado en amenazas relacionadas con la inmigración.

Desde que informó el verano pasado que los agentes de ICE se habían presentado en las oficinas de su agencia en busca de dos trabajadores, los agentes no han regresado, afirmó la funcionaria. En ese momento, ICE alegó que no podía encontrar evidencia de las visitas. Pero Su dijo que hasta el llamado a ICE está fuera de lugar. “Lo que los empleadores buscan al concretar la amenaza es forzar al empleado a ceder”, afirmó. ”Es para intimidarlos en silencio y también para lograr un efecto de disuasión en el resto del lugar de trabajo”.

Traducción: Valeria Agis

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