Abusador sexual de menores será liberado después de 17 años en un hospital estatal

Justo antes de que George Vásquez fuera sacado de la cárcel, los fiscales del condado de Los Ángeles le dijeron al Tribunal: No lo dejen en libertad, es demasiado peligroso para vivir en público.

Cuando tenía poco más de 20 años, Vásquez llevó a niños de su vecindario en South L.A. a un lugar cercano con la promesa de darles algunos dulces. Fue declarado culpable de molestar sexualmente a varios niños, de entre 6 y 8 años, según muestran los registros judiciales.

Los fiscales argumentaron que Vásquez debía ser confinado dentro de las paredes de un hospital estatal, donde podría recibir tratamiento de salud mental para su trastorno. Entonces a petición suya, fue encerrado mientras esperaba un juicio para determinar si cumplía con la definición del estado de un depredador sexual violento. Si era así, sería hospitalizado por un período de dos años.

Diecisiete años después, un juez ordenó el martes la liberación de Vásquez, diciendo que las repetidas demoras en llevar el caso a juicio habían violado los derechos constitucionales de este hombre de 44 años de edad.

El juez de la Corte Superior, James Bianco dijo que aunque era consciente del riesgo potencial para la seguridad pública, las demoras fueron “opresivas al máximo”. Bianco señaló que las solicitudes de postergaciones del juicio, a menudo sin motivo, provenían tanto de los fiscales como de los abogados defensores. Pero, dijo, eso cambió en 2014, cuando los fiscales comenzaron a presionar para un juicio. A partir de entonces, dijo Bianco, los retrasos fueron causados “casi por completo por la necesidad del abogado defensor de preparar el caso para el juicio”.

“Hubo un colapso permanente del sistema de defensores públicos”, sentenció Bianco, y señaló que cinco defensores públicos habían manejado el caso en diferentes momentos.

En los años transcurridos desde que Vásquez fue enviado a un hospital estatal, uno de los dos psicólogos del estado que lo examinaron, concluyó que ya no calificaba como depredador sexual violento, escribió Bianco.

El fiscal asistente,. Richard Ceballos, dijo que el fallo es frustrante para los fiscales, que no pueden forzar legalmente a un juicio. “El resultado final es que un abusador de niños condenado va a ser liberado”, dijo Ceballos. “Realmente tengo miedo de que vuelva a agredir a otros menores”.

Para la hermana menor de Vásquez, Ana Federico, la situación de su hermano es un ejemplo de desigualdad dentro del sistema de justicia. Si él hubiera tenido un verdadero defensor en la sala del tribunal, dijo, duda que hubiera tenido su juicio pospuesto de manera indefinida.

“Él ya pagó su sentencia. Es injusto, el sistema fue muy injusto “, dijo, entre sollozos. “Sé que lo que hizo estuvo mal, pero ¿por qué la gente pobre tiene que sufrir más?”

Está previsto que Vásquez sea dado de alta del Coalinga State Hospital el 7 de febrero.

Vásquez, quien nació y creció en Los Ángeles y tiene un funcionamiento intelectual limitado, fue arrestado en 1994. Varios niños de una familia le dijeron a la policía que Vásquez, que entonces tenía 21 años, les ofreció caramelos si le mostraban sus penes. Dijeron que realizó sexo oral con al menos tres niños y lo forzaron a que le dieran sexo oral, según los registros judiciales.

En una entrevista con la policía, Vásquez admitió que se había expuesto a niños pequeños y visto sus genitales, según los registros judiciales. Le dijo a la policía que todos los niños querían darle sexo oral y él los dejó.

Vásquez dijo que había sido abusado sexualmente cuando era niño por un vecino adulto.

“Sé que hice mal”, le dijo a un oficial de libertad condicional después de su arresto. “Ahora todo lo que quiero es una oportunidad”.

Un año más tarde, él no se opuso a cuatro cargos de abuso de menores y fue sentenciado a 12 años en una prisión estatal.

Mientras que Vásquez estaba cumpliendo su condena, la indignación pública por las sentencias comparativamente cortas otorgadas a los delincuentes sexuales en el pasado, dio lugar a una nueva ley que permitía al estado confinar a los depredadores sexuales en hospitales cerrados para recibir tratamiento.

En virtud de la Ley de depredadores sexualmente violentos, los fiscales tuvieron que mostrar en un juicio que un delincuente sexual sufría un trastorno mental que lo hacía potencialmente reincidente.

Antes de la liberación de Vásquez de la prisión en 2000, la oficina del fiscal de distrito del condado de Los Ángeles presentó documentos judiciales que buscaban mantenerlo en prisión. En ese momento, las condenas se limitaban a períodos de dos años, pero posteriormente los votantes aprobaron una medida que extendía los términos indefinidamente.

En 2002, un juez determinó que había pruebas suficientes para ordenar que Vásquez fuera llevado a un hospital estatal mientras esperaba el juicio, pero el juicio fue posponiéndose indefinidamente.

Durante una audiencia en diciembre de 2014, el defensor público adjunto, Terry Shenkman -el tercer abogado en el caso- le dijo a Bianco que necesitaba más tiempo para prepararse para el juicio y agregó que su oficina había reducido a la mitad el número de abogados que manejaban casos de abuso sexualmente violentos, creando una “inmensa carga de trabajo”.

Según una transcripción de la audiencia, Bianco dijo que entendía los cambios en el personal, pero enfatizó la necesidad de ir a juicio: “Usted ha tenido este caso durante 14 años... 14 años es mucho, mucho tiempo”.

Las demoras, le dijo Shenkman al juez, se debieron a cambios en la ciencia a lo largo de los años, así como a problemas legales que debían ser litigados. Y, aseguró que, cada vez que un nuevo abogado en la oficina era asignado al caso, tenía que pasar tiempo revisando cientos de páginas de registros.

En noviembre de 2016, fue reemplazado el cuarto defensor público asignado al caso, e informó al juez que él se había hecho cargo de su defensa.

Vásquez dijo que estaba harto del desfile de abogados y las demoras. “Ya basta”, le dijo al juez.

En una audiencia un mes después, otro defensor público adjunto - el quinto - apareció, diciendo que había heredado el caso y que necesitaría tiempo para prepararse para el juicio. A finales de 2016, el juez retiró la oficina del defensor público del caso.

En una entrevista reciente con Los Angeles Times, el defensor Interino, Kenneth I. Clayman, defendió a la oficina, diciendo que muchos condados, incluido el de Ventura, donde trabajó durante mucho tiempo como defensor público, no tienen una unidad específica dedicada a manejar casos de depredadores sexuales violentos.

“Brindamos una excelente representación”, dijo. Michael Suzuki, el primer abogado de Vásquez que ahora es miembro del equipo de liderazgo de la oficina “Estoy muy orgulloso de eso. Dijo que el número de casos de la unidad alcanzó su punto máximo en 2007, luego de la implementación de una iniciativa respaldada por votantes que hizo que más delincuentes fueran elegibles para la designación de depredador sexual violento.

En ese momento, dijo Suzuki, la oficina recibió aproximadamente 60 nuevos casos de depredadores sexualmente violentos al año y tenía 20 abogados dedicados a los casos. Pero durante los iguientes seis o más años, dijo, la carga de trabajo comenzó a disminuir a un ritmo de aproximadamente 15 nuevos casos de depredadores sexuales violentos por año y la unidad se redujo a 10 abogados y un supervisor. Los otros abogados, dijo, fueron asignados para manejar juicios por delitos graves.

Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí