Otra ciudad corta lazos con el problemático centro de detención de ICE

Los funcionarios de la ciudad de Adelanto anunciaron la separación del gobierno federal y de una compañía privada de prisiones, poniendo fin a su función en la supervisión de la administración del centro de detención de inmigrantes más grande de California.

Es la última de una serie de decisiones similares de los gobiernos locales para rescindir sus contratos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), sometiéndose a las presiones de las leyes estatales que limitan la interacción entre los funcionarios locales y los agentes federales de inmigración.

Pero debido a las complejidades de la ley de contratos, estos movimientos podrían terminar expandiendo la detención de inmigrantes. Al retirarse de sus contratos y ya no servir como intermediarios, los municipios de California podrían facilitar que ICE inicie negocios directamente con compañías privadas y evite los límites impuestos por la ley estatal para ampliar los centros de detención.

En cartas fechadas el 27 de marzo a ICE y a la compañía privada de prisiones, GEO Group, el administrador de la ciudad, Jessie Flores, anunció que el contrato de Adelanto con ambas entidades finalizaría en 90 días.

GEO Group, con sede en Florida, administra otros 12 centros de detención de inmigrantes en todo el país. Con cerca de 2.000 camas, el Centro de Procesamiento de ICE, en Adelanto, en el Condado de San Bernardino, es uno de los más grandes. Los detenidos son recluidos por delitos migratorios, no para enjuiciamiento penal.

La instalación ha sido ampliamente criticada por una serie de problemas, que incluyen atención médica inadecuada y violaciones graves de seguridad. Un informe del inspector general del Departamento de Seguridad Nacional, publicado el año pasado, reveló que un hombre nicaragüense había muerto en las instalaciones, el hombre se había ahorcado en su celda con las sábanas de su cama, y además, otros dos detenidos habían tratado de colgarse. Los detenidos habitualmente realizan huelgas de hambre para protestar.

Un informe reciente del auditor del estado de California encontró que Adelanto no ha supervisado adecuadamente la administración de la instalación.

Las regulaciones federales requieren que ICE realice un proceso de licitación pública competitiva antes de otorgar un contrato a una compañía interesada en administrar las operaciones diarias de un centro de detención. Pero la mayoría de las instalaciones de ICE funcionan de la manera en que lo ha hecho Adelanto, en virtud de acuerdos de servicios intergubernamentales.

Los gobiernos locales sirven como vehículos administrativos, ya sea transfiriendo fondos entre ICE y compañías privadas o aceptando fondos para retener a inmigrantes en cárceles locales. Los acuerdos permiten que ICE amplíe rápidamente el espacio para camas en lugar de construir nuevas instalaciones propiedad del gobierno federal.

Los críticos han argumentado que el uso de los gobiernos locales como intermediarios permite que ICE evite el largo proceso de licitación pública y la responsabilidad en caso de abuso o daño a los detenidos, incluidas las muertes.

Dado que los inmigrantes han sido detenidos en cifras récord, el gobierno de Trump ha tratado de ampliar la capacidad para sus detenidos. A principios de febrero pasado, ICE detuvo a un promedio de 49.000 personas por día, un aumento de 34.000 por día en 2012.

Trump, justo antes de su viaje el pasado viernes a la frontera sur de California, retiró a su candidato para dirigir ICE porque quería que la agencia adoptara una posición “más estricta”.

Hasta el año pasado, había 10 instalaciones en California que alojaban por periodos prolongados a inmigrantes en procesos de deportación. Para este verano, se habrán reducido a seis. Los funcionarios de los condados de Sacramento y Contra Costa decidieron en junio y julio, respectivamente, dejar de retener a inmigrantes sujetos a deportación en sus cárceles. Y el mes pasado, el Departamento del Sheriff del Condado de Orange anunció que dejará de retener a los detenidos de ICE en las instalaciones de James A. Musick y Theo Lacy a partir del próximo agosto.

La decisión de Adelanto sigue a la terminación de un contrato similar en McFarland, que supervisó el Centro de Procesamiento de ICE Mesa Verde en Bakersfield hasta el mes pasado. En un aviso, ICE citó una “urgencia inusual y convincente” que explica su justificación para permitir que GEO Group continúe operando el centro de 400 camas por un año más, sin la participación de McFarland, mientras se prepara para llevar a cabo un proceso de licitación pública.

Dos leyes de California, aprobadas en 2017, apuntaron a bloquear la expansión de los centros de detención de inmigrantes en el estado al prohibir a los gobiernos locales que establezcan nuevos contratos con compañías penitenciarias con fines de lucro y ICE, o expandiendo los existentes.

En un comunicado, la portavoz de ICE, Lori Haley, dijo que la agencia estaba explorando todas las opciones para mantener sus instalaciones abiertas. “Sin embargo, ICE opera un sistema nacional de espacio para camas de detención y alojará a los detenidos en otras instalaciones según sea necesario”, dijo.

El administrador municipal de Adelanto, Jessie Flores, el alcalde Gabriel Reyes y los representantes de GEO Group no respondieron a las solicitudes de comentarios. Pero Flores le dijo al San Bernardino Sun que su decisión de terminar el contrato se basó en restricciones presupuestarias que impiden que la ciudad pueda supervisar adecuadamente las instalaciones. La decisión no requirió una votación del Concejo de la Ciudad, pero Flores pidió a sus miembros su opinión la semana pasada durante una sesión a puerta cerrada.

La vicealcaldesa, Stevevonna Evans, dijo que ella era la única en el concejo de cinco miembros que no estaba de acuerdo con la medida. Evans, quien fue elegida en noviembre pasado, dijo que le preocupaba que, al finalizar su contrato con GEO Group y ICE, la ciudad perdería su capacidad de monitorear las instalaciones en problemas.

Evans dijo que la idea de Flores de cancelar el contrato se remonta a fines de febrero, cuando ella participó en una reunión entre él y el presidente ejecutivo del Grupo GEO, George Zoley, sobre la posibilidad de finalizar el contrato. Ella dijo que explicaron que su finalización aliviaría a la ciudad de posibles litigios.

Evans dijo que quería establecer un comité de supervisión para el centro de detención.

En esa reunión de febrero, dijo Evans, Zoley también explicó que la ley estatal prohibía a la compañía expandir sus operaciones, a menos que la ciudad se retirara del contrato.

En el año fiscal 2017, Adelanto transfirió más de $71 millones en pagos de ICE al Grupo GEO. A cambio, GEO ha pagado a la ciudad una tarifa anual de aproximadamente $1 millón para supervisar las distribuciones. Evans dijo que Zoley aseguró a los líderes de la ciudad que continuarían recibiendo el pago incluso después de que terminaran el contrato.

Los líderes de la ciudad, incluido Evans, se reunieron nuevamente con Zoley antes de la reunión del concejo a puerta cerrada de la semana pasada. Ella preguntó si el concejo podría poner la pregunta en una sesión abierta y permitir comentarios del público. Pero los otros parecían tener prisa, dijo.

“Creo que hay una imagen más amplia que el concejo y nuestro administrador de la ciudad no están viendo”, dijo. “Para mí, fueron demasiados focos rojos”.

Flores les dijo a los inspectores de la oficina del auditor estatal que la única participación de la ciudad en la operación de la instalación es, firmar las facturas mensuales de GEO y luego transferir los fondos federales que recibe la ciudad cuando ICE paga las facturas. Los líderes de Adelanto dijeron que no estaban al tanto de los informes de inspección anteriores que detallan problemas graves en las instalaciones.

Liz Martínez, de Freedom for Immigrants, una organización sin fines de lucro que aboga por la eliminación de la detención de inmigrantes, dijo que estaba alarmada ya que vio esto como un intento del Grupo GEO de eludir la ley estatal para mantener abierto el centro de Adelanto. Martínez dijo que le preocupa lo que podría pasar si la compañía contrata directamente a ICE para mantener las instalaciones abiertas.

“Durante tanto tiempo, ciudades como Adelanto y McFarland formaron parte del sistema, fueron cómplices del sistema”, dijo. “No pueden simplemente lavarse las manos al terminar el acuerdo de ICE. En todo caso, tienen una mayor responsabilidad de saber qué está pasando allí”.

Emily Ryo, profesora de derecho y sociología en la USC que estudia la detención de inmigrantes, dijo que no le sorprendería que el Grupo GEO contratara directamente a ICE para mantener abiertas las instalaciones. La ley estatal no puede bloquear la expansión del espacio de detención bajo ese tipo de contrato.

“Creo que ha transferido más poder a la industria privada de prisiones en una manera que dudo haya sido su intención”, dijo sobre la ley. Sin un gobierno local como intermediario, agregó, “es peligroso, en el sentido de que sabemos que las compañías privadas de prisiones son mucho menos transparentes y responsables ante el público”.

“De igual manera que ICE está desesperado por que estas instalaciones permanezcan abiertas”, dijo, “estas compañías privadas de prisiones van a tener mucha influencia”.

Si quiere leer este artículo en inglés, haga clic aquí