Con dudas sobre su ciudadanía, EE.UU. le niega pasaportes a estadounidenses en la frontera

En papel, él es un devoto ciudadano de EE.UU. Su certificado oficial de nacimiento estadounidense muestra que su nacimiento fue atendido por una partera en Brownsville, en el extremo sur de Texas. Además, pasó su vida vistiendo uniformes estadounidenses: tres años como soldado en el ejército, luego como cadete en la Patrulla Fronteriza y ahora como guardia de prisión estatal.

Pero cuando Juan, de 40 años, solicitó renovar su pasaporte estadounidense, este 2018, la respuesta del gobierno lo dejó sin habla. En una carta, el Departamento de Estado le dijo que no creía que fuera ciudadano estadounidense.

Como más tarde comprendería, Juan es uno de un número creciente de personas cuyos registros de nacimiento oficiales muestran que nacieron en este país, pero a quienes ahora se les niegan los pasaportes: su ciudadanía es repentinamente cuestionada.

La administración Trump acusa a cientos, posiblemente miles, de latinos a lo largo de la frontera de usar certificados de nacimiento fraudulentos desde que eran bebés, y está emprendiendo controles estrictos y generalizados contra su ciudadanía.

En un comunicado, el Departamento de Estado afirmó que “no ha cambiado la política o la práctica con respecto a la adjudicación de solicitudes de pasaportes”, y agregó que “la región fronteriza de Estados Unidos-México es un área del país donde ha habido una incidencia significativa de fraude en cuestiones de ciudadanía”.

Pero los casos identificados por el Washington Post y las entrevistas con los abogados de inmigración sugieren un cambio drástico, tanto en la emisión de pasaportes como en la aplicación de la ley de inmigración.

En algunos casos, solicitantes de pasaporte con certificados de nacimiento estadounidenses son encarcelados en centros de detención de inmigrantes y están en proceso de deportación. En otros, están atrapados en México; sus pasaportes fueron repentinamente revocados cuando intentaban ingresar nuevamente a Estados Unidos. A medida que la administración Trump intenta reducir tanto la inmigración permitida como la no autorizada, el tratamiento que el gobierno da a los solicitantes de pasaportes en el sur de Texas muestra cómo los ciudadanos estadounidenses se ven cada vez más enredados por las agencias de inmigración.

Juan se puso furioso con la respuesta del gobierno. “Serví a mi país. Luché por mi país”, aseguró, con la condición de que no se usara su apellido para no ser blanco de las autoridades de inmigración.

El gobierno alega que, desde la década de 1950 hasta la de 1990, algunas parteras y médicos a lo largo de la frontera entre Texas y México proporcionaron certificados de nacimiento estadounidenses a bebés que, en realidad, habían nacido en México. En una serie de casos judiciales federales en la década de 1990, varias parteras admitieron haber expedido documentos fraudulentos.

Con base en esas sospechas, el Departamento de Estado comenzó durante la administración de Barack Obama a negar pasaportes a personas que nacieron asistidas por parteras en el Valle del Río Grande, en Texas. El empleo de parteras es una tradición de larga data en la región, en parte debido al costo de la atención hospitalaria.

Las mismas parteras que proporcionaron certificados de nacimiento falsos también ayudaron a nacer a miles de bebés legalmente en Estados Unidos. Es casi imposible distinguir entre documentos legítimos e ilegítimos, puesto que todos ellos fueron emitidos oficialmente por el estado de Texas, hace décadas.

Un acuerdo del gobierno, en 2009, de un caso litigado por la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU, por sus siglas en inglés) pareció haber puesto fin a las negativas de los pasaportes. Los abogados informaron que el número de denegaciones disminuyó durante el resto del mandato de Obama, y el gobierno llegó a un acuerdo con prontitud cuando muchos presentaron denuncias después de que se les negaran los pasaportes.

Pero con el presidente Trump, las negativas y revocaciones de pasaportes parecen estar en aumento, convirtiéndose en parte de un interrogatorio más amplio sobre la ciudadanía de algunos que han vivido, votado y trabajado en Estados Unidos durante toda su vida.

“Estamos viendo que este tipo de casos se disparan”, afirmó Jennifer Correro, abogada de Houston que defiende a docenas de individuos a quienes les negaron su pasaporte.

En su declaración, el Departamento de Estado indicó que a los solicitantes “que tienen certificados de nacimiento presentados por una partera o enfermera sospechosa de haber participado en actividades fraudulentas, así como los solicitantes que poseen certificado de nacimiento estadounidense y extranjero, se les pide que proporcionen documentación que compruebe su nacimiento en Estados Unidos. A quienes no pueden demostrarlo se les niega la emisión de un pasaporte”, remarcó el comunicado.

Cuando Juan, el exsoldado, recibió una carta del Departamento de Estado con dudas acerca de su ciudadanía estadounidense, solicitó una variedad de documentos extraños: evidencia del cuidado prenatal de su madre, su certificado de bautismo, contratos de alquiler de cuando era un bebé.

El hombre logró encontrar algunos de esos papeles, pero semanas más tarde recibió otra negativa. En una carta, el gobierno afirmaba que la información “no establecía su nacimiento en Estados Unidos”.

“Pensé: voy a tener que buscar ayuda legal”, reconoció Juan, quien gana $13 por hora como guardia de prisión y espera pagar varios miles de dólares en honorarios legales.

En un caso de agosto pasado, un hombre de Texas, de 35 años y con pasaporte estadounidense, fue interrogado mientras cruzaba de regreso a ese estado desde México con su hijo, en el Puente Internacional McAllen-Hidalgo-Reynosa, que une Reynosa, México, con McAllen, Texas.

Allí le quitaron su pasaporte, y los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza le dijeron que admitiera que había nacido en México, según documentos que luego se presentaron ante un tribunal federal. Él se negó y fue enviado al Centro de Detención de Los Fresnos, donde entró en un proceso de deportación.

Tres días después fue liberado, pero el gobierno programó una audiencia de deportación para él en 2019. Su pasaporte, que había sido emitido en 2008, le fue revocado.

Los abogados afirman que estos casos, donde las dudas del gobierno sobre un certificado de nacimiento oficial conducen a la detención de inmigrantes, son cada vez más comunes. “He visto, probablemente, 20 personas que fueron enviadas a un centro de detención; ciudadanos de Estados Unidos”, detalló Jaime Diez, letrado de Brownsville.

Diez representa a docenas de ciudadanos estadounidenses a los que se les negó o revocó el pasaporte súbitamente. Entre ellos hay soldados y agentes de la Patrulla Fronteriza. En algunos casos, comentó, agentes de Inmigración y Aduanas han llegado a los domicilios de sus clientes sin previo aviso y se llevaron los pasaportes.

El Departamento de Estado afirma que aunque le niegue el pasaporte a alguien, eso no necesariamente significa que el individuo será deportado. Sin embargo, los deja en un limbo legal; un brazo del gobierno afirma que no son estadounidenses y cabe la posibilidad de que los agentes de inmigración puedan dar seguimiento a su caso.

Es difícil saber dónde encajan estas medidas severas en los ataques más amplios de la administración Trump a la inmigración legal e ilegal. Durante el último año, la política expulsó a residentes legales permanentes del ejército y formó un grupo de trabajo de desnaturalización que intenta identificar a aquellos que podrían haber mentido en solicitudes de ciudadanía de hace décadas.

Ahora, la administración parece estar apuntando a un amplio grupo de estadounidenses en el tramo de la frontera donde Trump prometió construir su muro, ordenó el despliegue de guardias nacionales y donde ocurrieron la mayoría de las separaciones de niños y sus padres durante la política de “tolerancia cero” de la administración.

El Departamento de Estado no precisó cuántos pasaportes le negó a las personas en toda la frontera por preocupaciones sobre certificados de nacimiento fraudulentos. El gobierno también se negó a proporcionar una lista de parteras a las que considera sospechosas.

Para los abogados en la zona limítrofe, no se trata solo de quienes nacieron con parteras. A aquellos cuyos partos fueron atendidos por Jorge Treviño, uno de los ginecólogos más conocidos de la región, también se les niega el documento. Cuando el médico murió, en 2015, el McAllen Monitor escribió en su obituario que Treviño había asistido 15,000 alumbramientos.

No está claro por qué quienes nacieron con Treviño están en la mira, y el Departamento de Estado no hizo ningún comentario sobre las parteras individuales.

Diez, el abogado, afirmó que el gobierno tiene una declaración jurada de un médico mexicano no identificado, que dice que el consultorio de Treviño proporcionó al menos un certificado de nacimiento fraudulento para un chico alumbrado en México.

Una de las parteras acusada de proporcionar certificados falsos en la década de 1990, admitió en una entrevista que en dos casos aceptó dinero para hacerlo. Aunque también remarcó que ayudó a dar a luz a 600 bebés en el sur de Texas, a muchas de esas personas ahora les negaron sus pasaportes.

Esos certificados de nacimiento eran emitidos por el estado de Texas, con el nombre de la partera citado en el apartado “atención del alumbramiento”. “Sé que están sufriendo ahora, pero está fuera de mi control”, dijo la mujer, que habló bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad de su declaración.

Aquellos a quienes se les niega su pasaporte se ven afectados no solo en sus planes de viaje sino también en su sentido de identidad como estadounidenses.

Una mujer llamada Betty relató que había intentado obtener su pasaporte para visitar a su abuelo, quien estaba a punto de fallecer en México. Así, se dirigió a una oficina de pasaportes en Houston, donde los funcionarios del gobierno denegaron su solicitud y le preguntaron si había nacido en Estados Unidos. “Interrogan sobre algo tan intrínsecamente personal”, expresó Betty, quien también habló bajo condición de anonimato debido a las preocupaciones sobre la aplicación de la ley de inmigración.

Las negativas se producen en un momento en que Trump ha pedido reglas de identificación federal de votantes más estrictas, lo cual presumiblemente afectaría a las mismas personas a quienes se les niegan los pasaportes, casi todos ellos latinos que viven en una franja fuertemente demócrata de Texas.

“Ahí es cuando da miedo”, reconoció Diez.

Por ahora, los solicitantes de pasaportes que pueden pagar los costos legales están demandando al gobierno federal por las negativas a expedir sus documentos. Los solicitantes suelen ganar esos casos, eventualmente, después de que los abogados del gobierno plantean una serie de preguntas -a veces extrañas- sobre su nacimiento.

“Durante un tiempo, algunos abogados hacían la misma pregunta: ‘¿Recuerdas cuándo naciste?’”, relató Diez. “Tenía que asegurarle a mis clientes que no era un interrogatorio capcioso”.

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