Corte Suprema definirá si censo puede agregar pregunta sobre ciudadanía

Los abogados del presidente Trump instarán a la Corte Suprema a anular los fallos de tres tribunales inferiores y despejar el camino para que los censistas pregunten, el próximo año, en todos los hogares estadounidenses, si sus residentes son ciudadanos de EE.UU.

Los debates sobre el censo generalmente quedan reservados para demógrafos y estadísticos, pero la disputa sobre la cuestión de la ciudadanía es altamente política.

Los abogados de California y otros estados mayormente demócratas, con un gran número de inmigrantes, temen que millones de hogares se nieguen a completar los formularios del censo si se incluye la pregunta de la ciudadanía, ante el temor de que la información confidencial sea después compartida con las agencias de inmigración.

Los estados temen un posible recuento incompleto en el censo, que se realiza una vez cada década. Ello costaría miles de millones de dólares en fondos federales, así como una pérdida de poder político, puesto que los escaños en la Cámara de Representantes y en las legislaturas estatales se asignan según los datos de esa consulta. La Constitución establece que “los representantes se distribuirán... contando el número total de personas en cada estado”. Esto significa que todos los residentes deben ser contados, independientemente de si son ciudadanos o no.

Pero el secretario de Comercio, Wilbur Ross, anunció el año pasado que había decidido agregar una pregunta sobre la ciudadanía para todos los hogares, por primera vez desde 1950. A partir de entonces, el gobierno ha utilizado encuestas, o un “formulario largo”, para recopilar datos sobre la creciente población de residentes nacidos en el extranjero y ciudadanos naturalizados.

Según Ross, optó por agregar la nueva pregunta para mejorar el cumplimiento de la Ley de Derechos de Votación. Pero los magistrados descartaron su razón y la tildaron de inverosímil.

Los jueces de los tribunales federales de distrito de Nueva York, San Francisco y Baltimore dictaminaron que la decisión de Ross viola la Ley de Procedimientos de la Administración porque está en conflicto con las opiniones de los expertos del censo, dentro y fuera del gobierno.

Pero en su apelación, en el caso del Departamento de Comercio vs. Nueva York, los defensores de la administración Trump citan la ley federal que le da al secretario de Comercio un amplio margen para realizarlo “en la forma y con el contenido que pueda determinar”.

El tribunal superior acordó pasar por alto a los tribunales de apelación y escuchar el caso ahora, dado que el gobierno planea comenzar a imprimir los formularios del censo en el verano.

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