Juez decide la pena capital contra el novio de la madre de Gabriel Rodríguez, el niño que fue torturado y muerto a golpes

Jennifer García no puede evitar pensar en el pequeño Gabriel. En la noche y en el silencio de sus paseos matutinos, la maestra de primer grado piensa en su antiguo alumno.

Todos los años ella le asigna un número a cada niño en su salón de clases. El de Gabriel era el 28. La mujer trata de concentrarse en su buena conducta, en los momentos en que el menor se ofreció a ayudarla a engrapar los paquetes de las tareas y enseñar a sus compañeros de clase. Ella les cuenta a sus nuevos alumnos acerca de él y les explica por qué ahora se salta el 28 cuando les asigna un número.

Pero muchas veces, la culpa la consume. Ella hizo lo correcto llamando a una línea directa de abuso infantil. Pero aún se pregunta si podría haber hecho más para ayudar a salvar a Gabriel. ¿Podría haber dicho algo más?

Cuando el malestar regresa a su estómago, ella tartamudea de la rabia. Piensa en las personas condenadas por torturar y asesinar a Gabriel: la madre del niño, Pearl Sinthia Fernández, y su novio, Isauro Aguirre.

“Son malvados”, dijo García el 7 de junio en un tribunal del centro de Los Ángeles mientras miraba a Fernández, quien estaba sentada inmutable con las manos esposadas en su regazo en la mesa de la defensa.

La escena en el tribunal sirvió como colofón a una tragedia que se convirtió en un símbolo del fracaso burocrático, impulsó reformas de gran alcance dentro del sistema de bienestar infantil del condado de Los Ángeles y provocó acusaciones penales sin precedentes contra los trabajadores sociales que manejaron el caso del niño.

Al final de la audiencia del jueves, el juez del Tribunal Superior, George G. Lomelí sentenció a Fernández, de 34 años, a cadena perpetua sin libertad condicional y a su novio, de 37 años, a ser ejecutado por el asesinato del menor de 8 años, un crimen que el juez calificó como “horrendo, inhumano y casi diabólico”. Fue el peor abuso que había visto en casi 20 años como magistrado y, dijo, que esperaba que los inculpados se despertaran en medio de la noche angustiados por el remordimiento de sus acciones.

“Espero que pienses sobre el dolor que causaste a este niño y que eso te torture”, dijo Lomelí. “Rara vez digo algo así”.

Durante la audiencia, varias personas, muchas de ellas vestidas con camisetas con la cara de Gabriel y con una leyenda que decía “Se ha hecho justicia”, se dirigieron a la corte. Cuando Emily Carranza, la prima de Gabriel, se paró en el podio, miró a Fernández y le dijo: “Gabriel te amaba. El mundo se enamoró de Gabriel. ¿Por qué tú no pudiste amarlo?”

Cuando Fernández se dirigió a la corte -vestida de uniforme y con una gruesa capa de lápiz labial de color marrón y sombra de ojos-, tenía un tono de arrepentimiento y luego culpó a todos.

“Quiero decir que siento por mi familia lo que hice. ... Ojalá Gabriel estuviera vivo “, dijo, y agregó que pensaba que algunas personas que habían testificado solo estaban interesadas en la fama.

Cuando un capellán voluntario de la cárcel se dirigió a la corte, dijo que ella había orado y estudiado la Biblia. La madre asintió.

“Pearl ha aceptado y ha reconocido su parte”, dijo el capellán. “Ella tendrá un vacío en su corazón por el resto de su vida”.

En mayo de 2013, cuando los paramédicos llegaron a la casa del niño en Palmdale, había perdido el conocimiento. Tenía una fractura de cráneo, costillas rotas, piel quemada, dientes perdidos y bolitas incrustadas en la ingle. Un paramédico más tarde testificaría que el niño había sido torturado en cada pulgada de su pequeño cuerpo.

En el juicio de Aguirre, el fiscal Jonathan Hatami dijo al jurado que el acusado, de 37 años, había disfrutado atormentando al niño, obligando a Gabriel a comerse su propio vómito y dormir en un gabinete con un calcetín en la boca. La tortura, dijo Hatami, surgió del odio de Aguirre hacia Gabriel, de quien sospechaba que era homosexual.

El asesinato del niño hizo que posteriormente se nombrara a un zar de protección infantil, una serie de reformas de bienestar infantil y cargos penales contra trabajadores sociales del condado de Los Ángeles que, a pesar de seis investigaciones sobre denuncias de abuso, permitieron que el niño permaneciera en el hogar con su madre y su novio.

Algunos agentes del sheriff que visitaron la casa de la familia en los meses previos a la muerte, también fueron sancionados por su manejo del caso.

En febrero, Fernández se declaró culpable de asesinato en primer grado, admitiendo que la muerte de su hijo fue intencional y había involucrado tortura.

Al llegar a este acuerdo, evitó un juicio en el que se esperaba que los fiscales buscaran la pena de muerte, un castigo que su abogado defensor dijo que no era apropiado dado su bajo coeficiente intelectual.

Deborah S. Miora, una neuropsicóloga clínica y forense que evaluó a Fernández antes del juicio, determinó que tiene una discapacidad intelectual que la hace “virtualmente incapaz de usar su pensamiento para guiar su comportamiento y atemperar sus reacciones emocionales”.

Los registros muestran que cuando Fernández tomó una prueba de capacidad cognitiva en 2011, obtuvo un puntaje en el tercer percentil en la sección de comprensión verbal, lo que la sitúa en un nivel de segundo grado.

La vida de Fernández, según los registros, estuvo marcada por actos de abuso y negligencia.

Cuando era niña, su padre entró y salió de la cárcel en diversas ocasiones. Su madre, quien Fernández dijo que la odiaba, a menudo la golpeó y una vez la arrojó a la ducha, según el informe de Miora presentado ante el tribunal.

Aunque Fernández abandonó la escuela, los registros académicos muestran que exhibió amabilidad y un esfuerzo por desempeñarse bien. Ella comenzó a beber y usar metanfetamina a los 9 y escapó de casa a los 11 años.

Fernández dijo al doctor que durante su adolescencia, su tío trató de violarla y un grupo de hombres la retuvieron como rehén durante varios días y la violaron por turnos, según el informe de Miora. Fernández pensó en suicidarse y pasó un tiempo en el hospital.

En los meses previos a la muerte de su hijo, Fernández dijo que estaba tomando dosis masivas de analgésicos opiáceos, incluidos OxyContin y Norco.

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