Jurado perdona a agresor, un empleado de la ciudad, aún con video incriminatorio

Camille Chávez fue atacada en un bar de Avila Beach por un extraño. Un jurado del condado de San Luis Obispo no logró ponerse de acuerdo sobre la culpabilidad. Luego se filtró un video de la agresión.

Hace tres años, durante el fin de semana del Día de los Caídos, Camille Chávez estaba con un amigo en un bar en Avila Beach, la pequeña ciudad costera ubicada en la costa central.

Cerca de allí, el quinto festival anual de tequila de Avila Beach estaba llegando a su fin. Chávez, una maestra de educación especial de preparatoria en Santa María, no es fanática de esa bebida, pero quería ver a la banda principal del evento, Ozomatli.

Después de cenar en el restaurante Custom House, se encontró con un amigo, Isaac McCormack. La pareja decidió tomar una bebida en un bar frente al mar llamado Mr. Rick’s. McCormack ordenaba en la barra mientras Chávez estaba de pie detrás de él, con los brazos envueltos cariñosamente alrededor de su cuello.

Mientras el camarero les servía una botella de cerveza y les entregaba los vasos, un inspector de construcción de San Luis Obispo, llamado Christopher Olcott, comenzó a embestir de espalda a la pareja. Según el video de seguridad, pareciera que el hombre intenta proteger algún espacio imaginario, o está siendo deliberadamente odioso. Finalmente, Chávez lo empujó hacia atrás con su cadera.

Olcott ladeó el codo derecho y lo estrelló en la cara de la chica. Chávez cayó al suelo inconsciente, sacudiéndose ligeramente, y Olcott comenzó a golpear a McCormack en la cara con el puño.

Olcott fue acusado de agresión criminal.

El caso fue a juicio en enero de 2018 y duró 13 días. Hasta que el video de seguridad se filtró a un medio de noticias local, el mes pasado, casi nadie fuera del sistema legal había prestado atención a la historia.

Aunque el clip muestra una secuencia irrecusable de eventos, el jurado no pudo dar un veredicto unánime y se estancó por siete a cinco, favoreciendo al acusado.

¿Por qué?

Tal vez el abogado defensor, Ilan Funke-Bilu, persuadió a los cinco contrarios de que Chávez era la agresora porque le había devuelto el golpe a Olcott.

Pero John Backer, miembro del jurado que había votado por condenar a Olcott, declaró al San Luis Obispo Tribune que creía que la raza había jugado un papel en el veredicto. Olcott es blanco, Chávez es mexicoamericana y McCormack es indígena americano y mexicoamericano. Backer describió al jurado como de edad mayor, conservador y formado casi completamente por blancos.

La defensa, dijo al Tribune, pintó al atacante como un “profesional bueno, limpio, trabajador y hombre de familia - versus dos personas que no son de esta zona y que no deberían haber venido a este sitio en primer lugar”.

Chávez, profundamente decepcionada aunque no sorprendida por el resultado, relató que un investigador del fiscal le confesó algo perturbador: que alguien del jurado se había preguntado por qué Olcott debía perder su trabajo “por dos mexicanos en un bar”.

El pasado lunes, este medio se comunicó con el fiscal adjunto de distrito Eric Dobroth, portavoz de la oficina del fiscal del condado de San Luis Obispo, para ver si eso era cierto. Dobroth consultó con el investigador y, una hora después, llamó para confirmar la cita. El investigador, dijo Dobroth, “habló con un integrante del jurado, quien describió que otro miembro de ese grupo había hecho un comentario que concordaba con lo que Camille dijo”.

Conocí a Chávez, de 30 años de edad, el pasado viernes por la tarde en una cafetería en Orcutt, a unos cinco minutos en automóvil de Righetti High School, en Santa María, donde ella enseña. Su pelo corto, teñido de un gris elegante, asomaba por el borde de su sombrero. Su labio inferior está perforado con un pendiente (que se quitó para testificar).

“Esta no es la primera vez en mi vida que un hombre me hace algo realmente horrible”, relató. “Pero es la primera vez que existe la oportunidad de que se haga justicia. Confié en el sistema judicial para ello, y no lo hizo. Creo que eso duele más que el incidente en sí mismo”.

Sumado a ello, algo duele aún más: Dan Dow, el procurador de distrito del condado de San Luis Obispo, se negó a retomar el caso.

“Fue una decisión tomada por consenso”, expuso Dobroth. A pesar del informe sobre el comentario supuestamente racista del jurado, dijo, el fiscal decidió no arriesgarse a otro jurado que tampoco llegue a un acuerdo.

El caso se resolvió finalmente el 21 de marzo pasado: los fiscales retiraron el cargo por delito grave y dejaron que Olcott se declarara culpable de un cargo de agresión por un delito menor. En lugar de una pena de prisión de dos a cuatro años, enfrentaría 60 días en la cárcel. Es probable que, en realidad, pase allí la mitad de ese tiempo. Su sentencia comenzará el 20 de mayo próximo. Estará en libertad condicional por tres años y se le ordenó asistir a consejería sobre alcoholismo.

Unas semanas después de que un juez del Tribunal Superior aprobara el acuerdo, el video de seguridad del ataque fue obtenido por Cal Coast News, un sitio web local. Cuando la gente vio el video, apareció la indignación.

La emisión del video hizo que el comité editorial del San Luis Obispo Tribune repudiara el veredicto de 2018: “Rara vez criticamos los fallos de un jurado; al fin y al cabo, no estamos al tanto de todo lo que sucede en la sala de audiencias”, escribió la junta. “Pero en este caso, la evidencia del video habla por sí misma”.

El comité de redacción también pidió que Olcott, de 39 años, fuera despedido de su empleo.

Recién cuando aparecieron las imágenes, la ciudad puso a Olcott -quien seguía inspeccionando edificios- en licencia administrativa, y el administrador de la ciudad anunció que investigaría más. “A medida que los procedimientos penales en este asunto finalmente llegan a una conclusión y se ha puesto a disposición del público información adicional, la ciudad investigará exhaustiva y rápidamente el expediente para determinar las acciones laborales apropiadas”, afirmó el gerente de la ciudad de San Luis Obispo, Derek Johnson, al Tribune.

El abogado de Olcott estaba indignado. El pasado lunes, me envió una copia de una carta de protesta que remitió al administrador de la ciudad. “En mis casi 40 años de ejercer el derecho en el condado de San Luis Obispo, nunca he visto el linchamiento público que está soportando mi cliente”, escribió Funke-Bilu. “El mensaje transmitido por los medios fue que mi cliente, sin provocación mediante, atacó a una mujer inocente. Naturalmente, esta presentación unilateral fomentó la indignación pública”.

Su cliente se declaró culpable, según los fiscales, pero Funke-Bilu escribió que Olcott “siempre ha mantenido su inocencia”.

A nadie le aplastan violentamente la cara y cae de cabeza al suelo de concreto sin ningún daño duradero.

A Chávez se le diagnosticó una conmoción cerebral, y tuvo una hinchazón en la parte posterior de la cabeza, que duró meses. Intentó olvidarse del ataque, dejarlo atrás.

“Inicialmente, no lo procesé”, dijo. “La vida continuó, y no le conté a mucha gente sobre el tema. No había aparecido en las noticias. En realidad, luego de un par de años me afectó más fuertemente”.

Ahora, tres años después, sigue recibiendo tratamiento para la ansiedad, la depresión y el trastorno de estrés postraumático (PTSD, por sus siglas en inglés). Su memoria a corto plazo está dañada, comentó. Se siente incómoda en grandes multitudes. “Me preocupa constantemente lo que va a pasar”, explicó Chávez. “No me quedo sentada con la espalda expuesta”.

Le pregunté si había considerado presentar una demanda civil por lesiones personales, pero respondió que no sabía que había un plazo de dos años para casos como el de ella.

El 20 de junio debe presentarse en el tribunal para presentar un proyecto de ley de restitución, el derecho de cualquier víctima de un delito en California. Le pedirá a la corte que le ordene a Olcott que cubra sus gastos médicos, copagos y ausencias laborales. También quiere que él le reembolse el entrenamiento de su perro como un animal de servicio para personas con PTSD. En total, reclama unos $15.000.

Chávez supone que Olcott peleará por la cantidad a pagar, así que está preparada para sentirse decepcionada nuevamente.

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