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Las agencias de inmigración comparten planes vagos para reunificar a padres e hijos migrantes

Las agencias de inmigración comparten planes vagos para reunificar a padres e hijos migrantes
Niños no acompañados en un albergue en Bristow, Virginia, financiado por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados. (AFP / Getty Images) (Getty Images)

Una semana antes del plazo ordenado por la corte para que la administración Trump reunifique a más de 2,500 niños migrantes y padres separados en la frontera, los funcionarios de inmigración tuvieron pocas respuestas para el Congreso, sobre lo que sigue para las familias, en el último capítulo de la saga de las separaciones familiares.

Al comparecer ante el Comité Judicial de la Cámara, el 18 de julio, altos funcionarios de la Patrulla Fronteriza, el Departamento de Seguridad Nacional y Salud y Servicios Humanos, dijeron que no podían decir cuántas familias migrantes serán detenidas o liberadas una vez que estén unidas.

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De manera similar, no pudieron proporcionar detalles de políticas implementadas sobre la frecuencia con la que los padres pueden hablar con sus hijos detenidos en otro lugar, ni sobre a cuántas familias han financiado para cubrir los gastos de transporte para reunificarlas.

"Todo esto sigue imponiendo cargas indebidas a las familias cuyos hijos han sido arrancados de ellos", dijo la representante Pramila Jayapal (D-Wash.), después de una audiencia que duró una hora, a puerta cerrada.

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La juez de distrito Dana Sabraw, de San Diego, ordenó a la administración, en junio, reunificar a todas las familias a más tardar el próximo jueves 26 de julio.

Bajo una fuerte presión en la que se calificó como una política draconiana, el presidente Trump revirtió el curso y firmó una orden para impedir que los agentes de inmigración separaran a los niños de sus padres si cruzaban la frontera ilegalmente o llegaban pidiendo asilo. Pero la orden del presidente ordenaba que las familias fueran detenidas juntas, una medida que enfrenta problemas legales ya que un fallo judicial anterior prohíbe la detención indefinida de niños.

Según un plan detallado en la corte de Sabraw y un diagrama de flujo proporcionado al comité de la Cámara de Representantes, los adultos bajo custodia de inmigración serán transferidos a una de hasta ocho instalaciones. Luego, cada uno debe someterse a pruebas de ADN, una verificación de antecedentes penales y una entrevista con un investigador para asegurarse de que él o ella es el padre del niño.

Luego, se transfiere a los niños a la misma instalación dentro de las siguientes 48 horas, y la familia pasa a la custodia de inmigración, suponiendo que haya espacio disponible.

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Si no se encuentran problemas, los agentes de inmigración trabajarán con un contratista privado para trasladar a las familias hasta un "lugar de liberación previamente identificado", según el diagrama, que fue preparado por Health and Human Services.

Funcionarios federales han dicho que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ha autorizado a un poco más de 900 padres, de las aproximadamente 2,500 familias separadas, a reunirse con sus hijos. Otros padres permanecerán detenidos si recibieron órdenes de deportación, aunque esa cifra no fue divulgada.

A pesar de la confusión en Washington, los abogados de inmigración y los grupos de derechos civiles en la frontera suroeste dicen que están brindando asistencia legal a niños y padres lo mejor que pueden.

La crisis de separaciones familiares comenzó después de que el procurador general, Jeff Sessions, anunció en abril una política de "tolerancia cero" para las violaciones de las leyes migratorias. Los oficiales de la Patrulla Fronteriza pronto comenzaron a separar a las familias que no estaban autorizadas para cruzar la frontera, poniendo a los padres en las cárceles y a sus hijos separados en centros de detención.

Niños inmigrantes no acompañados en un refugio en Bristow, Virginia (AFP / Getty Images)
Niños inmigrantes no acompañados en un refugio en Bristow, Virginia (AFP / Getty Images) (Getty Images)

La Oficina de Reubicación de Refugiados, parte de Salud y Servicios Humanos, intervino para dirigir una ciudad de carpas que albergaba a 360 adolescentes en Tornillo, Texas, una ciudad fronteriza al sureste de El Paso, y comenzó a transferir a otros menores a más de 100 refugios en todo el país.

Lindsay Toczylowski, directora ejecutiva del Immigrant Defenders Law Center en Los Ángeles, dijo que el centro estaba buscando desplegar abogados de inmigración para ayudar a clientes que podrían ser trasladados fuera de California, una estrategia que nunca antes habían usado.

"El gobierno no nos ha dado ninguna información específica sobre a dónde podrían ir estas familias", dijo. "Pero nuestros socios de todo el país nos dicen que no hay espacio en los centros de detención familiares".

Golden McCarthy, director del programa infantil de Florence Immigrant and Refugee Rights Project, con sede en Arizona, dijo que sus abogados habían explicado a los 60 menores que representan que podrían ser entregados a sus padres y familiares en los Estados Unidos, transferidos a un centro de detención familiar o deportados a sus países de origen.

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Están "simplemente diciendo: 'no estamos seguros de lo que va a suceder, pero creemos que una de estas tres cosas podría suceder en las próximas semanas y queremos asegurarnos de que estés completamente preparado para ello'", dijo McCarthy.

Los defensores de la inmigración criticaron la política de separación familiar de la administración Trump y ahora su proceso de reunificación, que se ha visto sumido en la confusión. Los críticos dicen que también se ha transformado la poco conocida Oficina de Reasentamiento de Refugiados en un brazo de aplicación de la ley de inmigración, un cambio contrario a su misión humanitaria.

Antes de las separaciones familiares, la oficina de refugiados se ocupaba principalmente de los menores no acompañados, por ejemplo, cuando decenas de miles de niños y adolescentes de América Central inundaron la frontera sin sus padres entre 2012 y 2014.

Ahora la oficina está pidiendo a los padres y tutores migrantes que proporcionen a los funcionarios de inmigración muestras de ADN y otros datos privados, para confirmar su identidad. Los críticos dijeron que la práctica podría disuadir a algunos padres de acudir a reclamar a sus hijos por temor a la deportación.

"Es un verdadero embrollo", dijo Robert Carey, quien dirigió la agencia de refugiados durante dos años bajo el presidente Obama. "Eso crea un desafío ético para las personas que trabajan allí".

Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí.

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