Las campañas por la legalización de la marihuana buscan deshacerse de antiguas condenas, siguiendo el ejemplo de California

Rob Jenkins intentó por internet encontrar un trabajo durante cuatro años, cualquier cosa que pareciera atractiva: un puesto de mantenimiento en una refinería de Chevron, como consejero para niños de crianza temporal, o un trabajo en la agencia Hertz.

Algunos empleadores parecían interesados, hasta que se enteraron de su condena por un delito menor por cultivar marihuana, en 2008.

“Estaba atorado”, recordó este graduado universitario de 37 años. “No había oportunidades de trabajo”.

Se encontró en la misma situación que cientos de miles de personas en todo el país cuyas perspectivas por su futuro se vieron disminuidas por tener antecedentes penales por cultivo o posesión de marihuana.

Ahora, un nuevo movimiento que va a la par con el impulso generalizado de legalizar la marihuana puede darles una segunda oportunidad y ayudar a los vecindarios negros y latinos, los cuales han sido el foco de la aplicación de la ley de drogas.

El objetivo es borrar los expedientes de esos delitos y ayudar a las personas a poner en práctica sus habilidades -antes ilícitas- durante el auge de la industria legal de cannabis.

Esto comenzó en California en 2016, cuando los votantes aprobaron la Proposición 64, que no solo legalizó la marihuana recreativa, sino que también facilitó que las personas con condenas por esos delitos las eliminaran.

Los Ángeles, Oakland y San Francisco han comenzado a otorgarle a las personas con condenas anteriores, o a los vecindarios que alguna vez fueron objeto de numerosas detenciones relacionadas con la marihuana, la prioridad para obtener licencias e iniciar nuevos negocios de marihuana.

Nueva Jersey, Dakota del Norte y Michigan pronto podrán seguir su ejemplo, y los defensores de las medidas que se están considerando este otoño para legalizar la marihuana, hacen de la justicia social y económica la pieza central de sus campañas.

Es un cambio decisivo de los fundamentos tradicionales para la legalización: la evolución de las actitudes públicas sobre la droga y la oportunidad de agregarle un impuesto.

“En Nueva Jersey, los residentes negros son tres veces más propensos que los blancos a ser arrestados por delitos de marihuana”, señaló el demócrata Phil Murphy, gobernador de Nueva Jersey, en un correo electrónico que explica su apoyo a un proyecto de ley de legalización de la marihuana que se espera que los legisladores aprueben en octubre.

La ley “ayudaría a romper el ciclo de los delitos no violentos de drogas de bajo nivel que impiden que las personas, especialmente las de color, tengan éxito”, dijo.

Las investigaciones muestran que los blancos, los negros y los latinos consumen y venden marihuana a tasas similares, pero que los negros son los más propensos a ser arrestados en relación con la droga.

Un estudio en California descubrió que los afroamericanos representan el 6% de la población del estado, pero suman casi la cuarta parte de los que están en la cárcel exclusivamente por delitos relacionados con la marihuana.

En Oakland, donde creció Jenkins, los negros y los blancos representan aproximadamente el 30% de la población. Pero el 77% de las personas arrestadas por delitos con la marihuana en 2015 eran negras, mientras que solo el 4% eran blancas, según un informe reciente de la ciudad. El análisis se remonta a 1995 y encontró un patrón similar cada año.

Jenkins, que es negro, recuerda haber presenciado las ventas de marihuana cuando era niño. Los automóviles iban y venían a comprar en los dúplex de colores pastel que bordeaban las calles montañosas del Este de Oakland.

“Es una parte de la vida”, dijo. “Gran parte de la yerba que se vendía en Oakland era a blancos ricos de Berkeley y en otras partes del Área de la Bahía”.

“Pero nos estaban arrestando a nosotros”, dijo.

Jenkins nunca quiso ser un traficante de drogas. Después de graduarse de la Universidad Estatal de San José, en 2003, con un título en sociología, encontró trabajo vendiendo autos y planes de internet y eventualmente consiguió un trabajo en Comcast respondiendo quejas de los clientes por $ 15 la hora.

Incluso con los ingresos de su novia con un trabajo de ventas en una tienda departamental, lucharon para pagar el alquiler y cuidar de sus hijos durante la época del rápido aburguesamiento de Oakland.

Jenkins comenzó a cultivar y vender marihuana en 2007 como una fuente adicional de ingresos, ya que aportaba alrededor de $ 500 a la semana.

Entonces, una noche de noviembre de 2008, hubo dos golpes en la puerta de su apartamento antes de que la policía amenazara con irrumpir.

Cuando Jenkins les dejó entrar, varios oficiales se dirigieron a una habitación trasera donde las luces de presión de sodio flotaban sobre dos docenas de plantas de marihuana que crecían hasta las rodillas.

Jenkins nunca supo cómo la policía descubrió su operación. Fue uno de los 914 afroamericanos arrestados por cargos de marihuana ese año en Oakland.

Pasó 24 horas tras las rejas antes de que su madre, que trabajaba en una empresa de ventas de productos electrónicos, lo rescatara.

Jenkins fue originalmente acusado de un delito grave (tenía un arma de fuego en su casa), pero se convirtió en un delito menor después de que los fiscales descubrieran que el arma de fuego estaba legalmente registrada a su nombre.

Comenzó a solicitar puestos de trabajo mientras estaba cumpliendo dos años de libertad condicional y acumuló más rechazos de los que puede recordar.

En 2011, volvió a cultivar ilegalmente y vender marihuana. Dijo que paró dos años después, al encontrar finalmente un trabajo legal: cultivar marihuana para uso medicinal en un dispensario en San Francisco.

Pero era solo a tiempo parcial, y Jenkins se dio cuenta de que su futuro estaba estancado a menos que pudiera limpiar su nombre. En el año siguiente, gastó $ 4,000, una gran parte de sus ahorros, para contratar a un abogado que lo guiara con éxito a través de un proceso legal poco conocido e incierto que permite a algunos delincuentes de bajo nivel relacionados con la marihuana solicitar a los tribunales que eliminen sus condenas.

La nueva ley de California busca popularizar y agilizar ese proceso.

En enero, George Gascón, el fiscal del distrito de San Francisco, anunció que su oficina comenzaría a desestimar 3,000 delitos menores de marihuana que se remontan a 1975 y sellará los archivos de las personas sentenciadas antes de la aprobación de la Proposición 64. Cerca de 5,000 condenas por delitos graves también serían revisadas para desestimarlas o volver a condenar. El proceso podría tardar más de un año en completarse.

En el condado de Alameda, donde se encuentra Oakland, los fiscales identificaron casi 6,000 casos elegibles para desestimarse, una oportunidad para relajar la discriminación en el pasado, dijo la fiscal Nancy E. O’Malley. De ellos, más de 600 personas han presentado peticiones y las han obtenido.

“California está ofreciendo una segunda oportunidad a las personas condenadas por delitos de marihuana”, dijo O’Malley.

Jackie Lacey, fiscal del distrito de Los Ángeles ha dicho que su oficina no descartará ni reducirá automáticamente las condenas por marihuana y que las personas que buscan limpiar sus expedientes deberían hacerlo usando los tribunales.

Pero un proyecto de ley aprobado en agosto y que entrará en vigencia en 2019, requiere que el Departamento de Justicia de California prepare una lista de personas elegibles para que sus condenas sean desestimadas y coloca la responsabilidad de los fiscales del condado de hacerlo en todos los casos, excepto en aquellos en los que se determine que existe “un riesgo para la seguridad pública”.

Sin embargo, en algunos lugares, eliminar esos expedientes es solo un primer paso para corregir los errores del pasado.

En 2017, los funcionarios de Oakland crearon el llamado primer programa de equidad social del país, reservando al menos la mitad de todas las nuevas licencias de dispensarios de cannabis para los residentes afectados por las leyes discriminatorias sobre drogas.

El programa está abierto a cualquier residente con una condena por marihuana después de 1996, el año en que se aprobó su uso medicinal, y ningún otro historial criminal. También son elegibles las personas que ganan menos del 80% del ingreso medio de la ciudad, de $56,000, o que han vivido durante al menos 10 años en un vecindario que se considera que tiene un alto número de arrestos relacionados con la marihuana.

También ofrece la posibilidad de asociarse con un inversionista, conocido como incubador, que comparte la licencia y financia el negocio durante al menos tres años. Seis de los ocho permisos otorgados por la ciudad este 2018 fueron para estos solicitantes.

“La creación de estos programas de equidad son el comienzo del reconocimiento del mayor problema de la criminalización de las personas de raza negra”, dijo Nina Parks, una activista que trabajó con funcionarios locales para crear el programa de Oakland y el de San Francisco. “Estas políticas no son reparaciones, sino movimientos hacia el restablecimiento de la justicia”.

Ella y otros partidarios de los programas dicen que tomará tiempo y más publicidad para ver los resultados. Muchas personas desconocen los programas y las oportunidades para borrar sus expedientes.

Los esfuerzos no están exentos de polémica.

Algunos opositores argumentan que la ley es la ley y que cualquiera que la haya violado debe tener que lidiar con las consecuencias.

Otros, como Kevin A. Sabet, presidente de Smart Approaches to Marijuana, que ha gastado miles de dólares en los últimos años para oponerse a la legalización con uso recreativo, descarta la idea de que los programas de equidad realmente pueden alentar a los barrios pobres.

“Esto es ponerle lápiz labial a un cerdo, y es un insulto para las comunidades vulnerables”, dijo Sabet en un correo electrónico.

“A menos que el estado regale millones de dólares para iniciarlos gratis, ¿creemos que un niño de Compton podrá competir contra un heredero de Beverly Hills? ... y olvidémonos de los intereses de las grandes empresas de tabaco, alcohol y productos farmacéuticos que ahora pululan alrededor de la industria de la marihuana. Es el intento más triste de justicia social que jamás haya visto”.

De hecho, incluso algunos activistas de la marihuana están preocupados de que los participantes en los programas puedan ser manipulados por los inversionistas y expulsados de las empresas una vez que finalice el compromiso de tres años.

“Por supuesto que habrá malas personas”, dijo Parks. “Todo esto es tan nuevo que necesitaremos aún más reformas y salvaguardas a medida que avance”.

Aún así, el apoyo se está acumulando en todo el país para programas similares.

La reforma de la justicia penal será una consideración clave cuando los votantes o legisladores en tres estados decidan este otoño si legalizan la marihuana para uso recreativo, como ya es el caso en California y en otros ocho estados.

La propuesta de la boleta electoral de noviembre en Dakota del Norte requiere la eliminación automática de algunas condenas relacionadas con la marihuana. La medida de Michigan, que también se presenta ante los votantes, reduciría algunas violaciones criminales relacionadas con la marihuana a infracciones civiles.

El proyecto de ley de Nueva Jersey, que los legisladores planean presentar tan pronto como esta semana, facilitará que las personas con condenas de bajo nivel, que poseen pequeñas cantidades de marihuana, borren sus expedientes.

También exigiría que el 25% de las licencias de dispensario se otorguen a personas que viven en las llamadas zonas de impacto social, áreas con alta pobreza y tasas desproporcionadas de arresto de marihuana.

“Este tipo de reforma está muy retrasada”, dijo Jenkins. Aun así, su futuro está lejos de ser asegurado en una industria nueva e inestable.

En 2017, Jenkins consiguió un trabajo de medio tiempo en un vivero local de cannabis, plantando y cuidando varias cepas, que también fuma regularmente. Pero fue despedido en septiembre con otros 30 empleados porque la compañía tenía problemas financieros.

Su mejor esperanza ahora es el programa de Oakland, que lo aceptó a principios de este 2018.

La ciudad ayudó a conectarlo con un equipo que planea abrir un dispensario en noviembre. Jenkins será el gerente de crecimiento. Los inversores también se han comprometido a ayudarlo a abrir un vivero que eventualmente le pertenecería por completo.

“He tenido altibajos, pero otros los han tenido mucho peor”, dijo Jenkins. “He visto a hermanos encerrados durante años por algo relacionado con la marihuana. Sólo marihuana. No está bien”.

“Tenemos que cambiar este ciclo”, dijo.

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