Un juez revocó la política de Trump que limitaba los pedidos de asilo de las víctimas de pandillas y violencia doméstica

Un juez federal dictaminó este 19 de diciembre que una importante política de la administración Trump, que trató de impedir que las víctimas de pandillas y violencia doméstica soliciten asilo en EE.UU., es ilegal.

El fallo del juez de distrito Emmet Sullivan anuló un cambio radical de política ordenado en junio por el entonces procurador general Jeff Sessions, con amplias implicaciones para miles de solicitantes de asilo de América Central, especialmente las mujeres.

Además de declarar ilegal el cambio de política, Sullivan ordenó al gobierno que traiga de regreso a Estados Unidos a quienes, como resultado, fueron deportados.

Es probable que la administración apele la decisión de Sullivan, pero por el momento podría brindar una segunda oportunidad a los solicitantes del beneficio cuyas peticiones fueron rechazadas mientras la política estaba vigente.

Steven J. Stafford, un portavoz del Departamento de Justicia, dijo en un comunicado que la administración estaba “revisando nuestras opciones con respecto a este fallo, y continuaremos restaurando el estado de derecho en nuestro sistema de inmigración”.

Lo que se discute en el caso es el alcance de las leyes nacionales que prometen asilo a quienes huyen de la persecución. En el marco de las normas estadounidenses, una persona que posee un “miedo creíble” de ser perseguida por su raza, nacionalidad, religión, opinión política o membresía en un “grupo social” particular puede solicitar asilo en EE.UU.

Durante más de dos décadas, los funcionarios de inmigración y los tribunales han luchado sobre cómo aplicar ese estándar a personas como las del caso revisado por Sullivan —mujeres y niños que huyen de violaciones, palizas y otras formas de violencia a manos de esposos o parejas, y víctimas de violencia de pandillas—, quienes encuentran que los funcionarios locales ignoran sus súplicas de ayuda o, en algunos casos, están del lado de sus perseguidores.

Una demandante, identificada en documentos de la corte como Grace, huyó de Guatemala luego de que ella y sus hijos fueran agredidos sexualmente y golpeados por su pareja durante más de 20 años, quien desprestigiaba su herencia indígena. Grace acudió a las autoridades locales, que en cambio ayudaron a su compañero a desalojarla de la casa familiar. Otra mujer, llamada Carmen, huyó con su hija después de haber sido atacadas por pandillas locales, que sabían que ella había huido de su esposo abusivo y que estaban solas.

Cuando Sessions emitió la revisión de la política, en junio, escribió que tales casos generalmente no desencadenaban un asilo porque la violencia había sido causada por individuos privados, no directamente por los gobiernos.

“En general, los reclamos de extranjeros relacionados con violencia doméstica o violencia de pandillas perpetrados por actores no gubernamentales no califican para el asilo”, escribió.

“El simple hecho de que un país pueda tener problemas para vigilar efectivamente ciertos delitos —como la violencia doméstica o la violencia de pandillas—, o que ciertas poblaciones sean más propensas a ser víctimas de un delito, no puede establecer un pedido de asilo”, indicó.

Al anunciar el cambio, Sessions anuló un importante precedente en la ley de inmigración de 2014, que había permitido que miles de mujeres de Centroamérica obtuvieran refugio.

Ahora, Sullivan dictaminó que los estándares que Sessions creó eran “inconsistentes con la intención del Congreso”, establecidas en la ley federal de inmigración.

“Y debido a que es la voluntad del Congreso —no los caprichos del Poder Ejecutivo— lo que determina el estándar para la expulsión acelerada, el Tribunal considera que esas políticas son ilegales”, escribió el magistrado. “La Corte ordena al gobierno que traiga a Estados Unidos a los demandantes que fueron deportados ilegalmente”, continuó, “y que les proporcione nuevas determinaciones de temor creíble, coherentes con las leyes de inmigración”.

Ha sido una semana muy ocupada para Sullivan, quien el 18 de diviembre pospuso la sentencia para el exasesor de seguridad nacional de Trump, Michael Flynn, y lo criticó públicamente, diciendo: “Podría decirse que usted vendió a su país”.

La orden de Sessions fue una de una serie de políticas que la administración puso en práctica para frenar la inmigración legal a Estados Unidos, pero las solicitudes de asilo siguieron aumentando, saltando casi un 70% a partir de 2017, según datos del Departamento de Seguridad Nacional publicados en diciembre.

La acumulación de casos de asilo se disparó en más de 1,750% en los últimos cinco años, a más de 300,000 casos; un “nivel de crisis”, según los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos.

De acuerdo con el comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza, Kevin McAleenan, aproximadamente el 80% de los solicitantes pasan su entrevista inicial de temor creíble, pero solo entre el 10%-20% en última instancia recibe el beneficio. Los funcionarios han citado esta “brecha de asilo” para apoyar el argumento de la Casa Blanca de que la mayoría de las solicitudes son ilegítimas.

El cambio de política de la administración, el verano pasado, apuntó claramente contra los centroamericanos, el grupo más grande que llega a la frontera de Estados Unidos y México.

En noviembre, más de 6,000 inmigrantes centroamericanos arribaron a Tijuana. La pobreza, la desigualdad, la corrupción gubernamental y los niveles extremos de violencia, tanto por parte de las fuerzas de seguridad del estado como de las pandillas, han convertido a los países del “Triángulo del Norte” —El Salvador, Honduras y Guatemala— en algunos de los más peligrosos del mundo, especialmente para las mujeres.

En el caso que Sullivan decidió el miércoles, la American Civil Liberties Union (ACLU) y el Centro para Estudios de Género y Refugiados en el Hastings College of the Law de la UC, demandaron a la administración Trump en nombre de Grace, Carmen y otros 10 adultos y niños que buscan asilo en Estados Unidos, que alegaron en entrevistas con oficiales haber sido abusados sexualmente, secuestrados y golpeados en sus países de origen, en América Central.

Los oficiales consideraron que cada una de sus explicaciones eran sinceras, pero negaron sus peticiones después de aplicar los estándares establecidos por Sessions, señaló Sullivan en su veredicto.

“Esta decisión es una derrota para el ataque sin cuartel del gobierno de Trump a los derechos de los solicitantes de asilo”, remarcó en un comunicado Jennifer Chang Newell, abogada gerente del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, quien defendió el caso.

Newell afirmó que seis de los demandantes que habían sido deportados de Estados Unidos en los últimos meses ahora volverán.

Aunque el gobierno apelará casi con certeza, consideró Stephen Yale-Loehr, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cornell, “mientras tanto... el fallo del tribunal federal garantiza que quienes huyen de la violencia doméstica o de las pandillas tendrán una oportunidad justa”.

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