Un menor inmigrante permaneció detenido en un centro para adultos por un examen dental erróneo que lo consideró de 18 años

Poco después de que un joven inmigrante guatemalteco trepara una valla fronteriza hacia California, en 2017, fue detenido, procesado como un menor no acompañado y colocado en un albergue para menores.

Eso cambió cuando un examen dental mostró una probabilidad del 85.8% de que el chico tuviera 18 años. En ese momento, la Oficina de Reasentamiento de Refugiados lo entregó a Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que lo retuvo en las cárceles del condado de Orange, junto con inmigrantes adultos.

Sin embargo, después de casi un año, un certificado de nacimiento comprobó aquello que los abogados habían dicho durante meses: José tiene 17 años. Aunque está nuevamente bajo la custodia de la oficina de refugiados, su caso renovó las preocupaciones sobre el uso de médicos forenses para determinar la edad -y el traslado erróneo de jóvenes a instalaciones de detención para adultos-.

“El hecho de que la seguridad de estos menores se base en una probabilidad defectuosa es realmente preocupante”, afirmó Lindsay Toczylowski, directora ejecutiva del Immigrant Defenders Law Center, que representa pro bono a José. “Es criminal detener a niños y ponerlos en peligro”.

José, cuyos letrados solicitaron que no se lo identifique por su apellido por razones de seguridad, se encuentra entre una cantidad desconocida de menores en la última década que aparentemente fueron ubicados en centros de detención para adultos en base a pruebas forenses, un problema que se conoció en mayo gracias a una publicación de la organización noticiosa Reveal. La práctica ha sido polémica durante mucho tiempo.

En 2007, un informe del Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes ordenó al Departamento de Seguridad Nacional “que dejara de usar y confiar en las pruebas forenses engañosas de los huesos y dientes de los niños para determinar su edad”.

Un año más tarde, el comité expresó nuevamente su preocupación de que la práctica “ha llevado al traslado erróneo de chicos a instalaciones de adultos, que pueden tratar de aprovecharse” de ellos.

El comité ordenó al inspector general de Seguridad Nacional que revisara las prácticas de determinación de edad de ICE.

“El uso de radiografías de los huesos o dientes de una persona... no puede determinar una edad específica debido a una serie de factores que afectan el crecimiento de un individuo”, señaló el informe de la Oficina del Inspector General.

A pesar de esas reservas, la práctica forense ha persistido.

Los funcionarios federales afirmaron que actualmente no tienen los datos en un formato adecuado para divulgar, respecto de la frecuencia con la que se ha usado el procedimiento en el último año.

En un informe elaborado para un abogado, este 2018, que se opone al uso de estimaciones del tercer molar, el Dr. Mike Bowers, odontólogo forense, declaró que “el envejecimiento dental debe considerarse un indicador de la madurez biológica de un niño en crecimiento. No fue desarrollado para usarse en la identificación individual de la edad”.

“El sistema judicial exige una determinación clara, y la herramienta que usan no puede hacerlo”, remarcó Bowers.

Los menores no acompañados reciben mayores protecciones que los adultos cuando son detenidos por agentes de inmigración, incluido el derecho a que su caso sea escuchado por un oficial de asilo, indicó Toczylowski. Como menor de edad, José habría tenido acceso a servicios legales en el albergue, para ayudarlo a solicitar una visa especial juvenil y asilo.

En cambio, ser declarado adulto tuvo ramificaciones legales.

José les dijo a los funcionarios de Estados Unidos que había huido de Guatemala para protegerse de los pandilleros que le habían disparado en el estómago después de haberse negado repetidamente a unirse a ese grupo. Según un informe del Departamento de Seguridad Nacional, el adolescente tiene una cicatriz en el abdomen.

Cuando cruzó la frontera hacia Calexico, el 27 de octubre del 2017, José no tenía un certificado de nacimiento y proporcionó dos fechas de alumbramiento diferentes al consulado de Guatemala en Los Ángeles, ninguna de ellas aparecía en el registro de nacimientos del país.

La Oficina de Reasentamiento de Refugiados recurrió entonces a un examen dental.

En el marco de la Ley de Reautorización de Protección de Víctimas de Trata, de 2008, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) -que supervisa la oficina de reasentamiento- trabajó con Seguridad Nacional para desarrollar políticas y procedimientos de determinación de edad. El gobierno debe tener en cuenta múltiples formas de evidencia, incluido el “uso no exclusivo de radiografías”.

Se supone que un “profesional médico” con experiencia en métodos de evaluación etaria realiza el examen, teniendo en cuenta los antecedentes étnicos y genéticos del individuo. En el caso de una radiografía de esqueleto, un examinador estima una edad basada en el desarrollo de los huesos en la mano y la muñeca. Los dentistas realizan evaluaciones basadas en el desarrollo de terceros molares, o muelas del juicio, tanto en la mandíbula superior como en la inferior.

Si la probabilidad estimada de un sujeto de tener 18 años o más es del 75% o superior, y se considera junto con otras pruebas, la Oficina de Reasentamiento de Refugiados puede remitirla al DHS, de acuerdo con su guía de políticas.

“Como ningún método de evaluación médica actual puede determinar una edad exacta, las mejores prácticas se basan en la probabilidad estimada de que una persona tenga 18 años o más”, según la oficina.

No está claro qué pruebas, aparte del examen dental, se utilizaron para determinar que José era un adulto. “Como cuestión de política, con el fin de proteger la privacidad y la seguridad de los niños extranjeros no acompañados [HHS] no comenta casos específicos”, expresó un portavoz de la agencia en un comunicado.

A partir de noviembre de 2017, José estuvo recluido en las cárceles James A. Musick y Theo Lacy, en el condado de Orange, temiendo decirle a otros inmigrantes detenidos que era menor de edad, indicó Toczylowski.

En diciembre, sin la ayuda de un letrado, el adolescente declaró ante un juez que temía regresar a Guatemala y recibió una solicitud de asilo, para completar en inglés. Como no la completó, el juez ordenó su repatriación, en enero de 2018. José, quien no habla inglés, no estaba preparado para postularse, afirmó Toczylowski.

Al final de ese mes, intentó apelar la decisión del juez, pidiéndole a otro compañero que lo ayudara a completar la documentación. “Estoy en desacuerdo con la decisión del honorable juez... porque cuando soy detenido, soy menor de edad y no tengo entrevista de asilo”, afirmó con dificultad.

El caso llegó a Toczylowski, después de que el primo de José, en San Francisco, compartió la historia con un abogado. Para entonces, al chico ya se le había ordenado su remoción del país. Pero como su madre nunca había registrado su alumbramiento, el consulado de Guatemala no pudo emitir un documento de viaje para que ICE lo deportara.

La familia de José trabajó durante meses para obtener el certificado de nacimiento, que fue autenticado por el consulado de L.A. el pasado 1 de octubre. El registro señala que José nació el 26 de octubre de 2000.

Después de pasar erróneamente un año en detención con adultos, Toczylowski dijo que el joven “está en peligro de ser detenido nuevamente por ICE una vez que cumpla 18 años, si no podemos reabrir su caso. Si hubiera estado bajo la custodia de la [Oficina de Reasentamiento de Refugiados], ya habríamos solicitado asilo para él hace mucho tiempo y probablemente ya tendría una decisión”, remarcó el letrado. “Todo hubiera sido totalmente diferente”.

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