Mientras Trump lucha por el muro fronterizo, en Guatemala se está gestando una verdadera crisis

La última vez que un presidente guatemalteco trató de eliminar una comisión anticorrupción respaldada por las Naciones Unidas que lo estaba investigando, Estados Unidos intervino rápidamente.

En 2015, el vicepresidente Joe Biden viajó a Guatemala para reunirse con el entonces presidente Otto Pérez Molina, quien fue acusado de ser parte de un plan de corrupción aduanera.

Biden amenazó con retirar la ayuda estadounidense de Guatemala si Pérez se negaba a extender el mandato de dos años de la comisión, que Estados Unidos financio y vio como un modelo exitoso de reducción del crimen y que podría ser replicado en todo el mundo.

Pero esta semana, cuando el actual presidente Jimmy Morales expulsó abruptamente a la comisión mientras estaba investigándolo por financiamiento ilícito de la campaña, la Administración Trump vaciló.

Mientras que Canadá, Alemania y la Unión Europea han condenado ferozmente la expulsión de la comisión, un acto que desafió los fallos del tribunal más alto del país, Estados Unidos ofreció una declaración del Departamento de Estado que expresó un vago apoyo a los esfuerzos anticorrupción de Guatemala, pero no lo hizo.

“Estados Unidos ha mantenido una actitud ambivalente”, dijo Helen Mack, defensora de los derechos humanos guatemalteca que apoya a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, conocida como CICIG. “El mundo entero está preguntando: ¿dónde están?”

La débil respuesta de Estados Unidos puede estar vinculada a múltiples factores.

Por un lado, Guatemala ha hecho todo lo posible por ganarse el favor de la fracción conservadora de Washington en los últimos años. La nación centroamericana fue uno de los pocos países del mundo que apoyó a Estados Unidos en el traslado de su embajada israelí de Tel Aviv a Jerusalén, en 2018.

Desde 2017, el año en que la CICIG abrió su investigación sobre Morales, el gobierno de Guatemala y los líderes empresariales tenían contratos por un valor de al menos $ 2 millones con los firmas de negociadores de Estados Unidos, según documentos del gobierno de Estados Unidos.

Al mismo tiempo, las críticas a la CICIG han estado creciendo entre los legisladores republicanos que están molestos por su investigación sobre una familia rusa que obtuvo pasaportes falsos de una banda criminal de Guatemala.

Después de que un destacado crítico del gobierno ruso cuestionara si la CICIG había actuado a instancias del presidente ruso Vladimir Putin, el senador estadounidense Marco Rubio (R-Fla.) anunció una retención de $ 6 millones en fondos para la comisión hasta que las interrogantes sobre el incidente fueran abordadas, lo que ayudó a fortalecer los reclamos del presidente Morales de que la comisión tenía motivaciones políticas y violaba la soberanía guatemalteca.

El 8 de enero, Rubio tuiteó su apoyo a la decisión del gobierno de Guatemala de expulsar a la CICIG.

“Me ha preocupado el abuso de poder de la CICIG y su papel en el maltrato a la familia Bitkof”, dijo. “Guatemala, un fuerte aliado de Estados Unidos, tiene todo el derecho de terminar este acuerdo con la ONU”.

En una carta enviada el 11 de enero al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, Iván Velásquez, el jurista colombiano que encabeza la CICIG, defendió el manejo de ese caso por parte de la comisión.

La CICIG nunca se ha apartado de su mandato de proporcionar información de sus investigaciones a los fiscales locales, dijo. Fue un juez guatemalteco, no asociado con la CICIG, quien condenó y sentenció a miembros de la familia Bitkof, señaló.

Velásquez dijo que la comisión había expuesto, desde 2007, a 60 organizaciones criminales y había ayudado a enviar a 300 personas a la cárcel. Uno de ellos fue el ex presidente, Pérez, quien eventualmente renunció bajo presión y fue encarcelado.

Sin embargo, los activistas a favor de la democracia dicen que los recientes desarrollos políticos en Guatemala se refieren mucho más que a la controvertida comisión.

En los últimos días, los aliados de Morales en el Congreso de Guatemala han tratado de impugnar a varios jueces en el tribunal más alto del país que en el pasado han fallado a favor de la comisión.

Jo-Marie Burt, profesor de estudios latinoamericanos en la Universidad George Mason, señala que tales acciones cuestionan el respeto del gobierno de Guatemala por el estado de derecho y la independencia del poder judicial.

“Este es un golpe en cámara lenta”, dijo Burt. “Lo que estás viendo es un ataque sistemático contra cada institución individual que está tratando de defender el estado de derecho y la constitución”, afirmó Burt, quien dijo que la administración de Trump es miope si no se da cuenta de que la inestabilidad política en Guatemala podría provocar más migración hacia el norte.

“Estamos hablando de esta crisis en la frontera sin hablar de lo que la está causando, que es una crisis como la que se está desarrollando en Guatemala”, añadió Burt.

Argumento con el que está de acuerdo la representante de EE.UU. Norma Torres (D-Pomona), una de los muchos demócratas en el Congreso que han pedido una reducción en el financiamiento de EE.UU. a Guatemala a menos que la comisión anticorrupción sea revivida.

“La verdadera crisis que está causando que la gente venga a nuestra frontera sur está en el Triángulo del Norte”, dijo refiriéndose a los países del norte de Centroamérica: Guatemala, Honduras y El Salvador. “Estamos ante otra Venezuela o Nicaragua”.

Torres sabe de primera mano cómo la inestabilidad política puede impulsar la migración. Ella era una niña en el área rural de Guatemala en 1970 cuando su familia la envió a California para escapar de la violenta guerra civil del país.

“No vieron un futuro para mí en Guatemala”, dijo.

Un fenómeno similar ha ocurrido más recientemente en otros países vecinos sacudidos por conflictos políticos, como Honduras, donde una polémica elección presidencial provocó masivas protestas callejeras y ayudó a impulsar la migración hacia el exterior en 2018.

La Administración Trump apoyó los resultados en esa votación, en la que el presidente Juan Orlando Hernández declaró la victoria, incluso cuando el jefe de la Organización de los Estados Americanos convocó a nuevas elecciones.

El drama político en Guatemala es probable que perjudique a la economía, lo que empuja a la gente a salir, dijo Claudia Escobar, una académica legal y ex juez de Guatemala.

El principal aeropuerto del país en la ciudad de Guatemala fue cerrado temporalmente el fin de semana pasado luego de que el gobierno rechazó la entrada a un investigador que trabajaba con la CICIG que regresaba de las vacaciones de invierno.

La agencia de calificación crediticia Moody’s emitió una declaración advirtiendo sobre el impacto potencial de la expulsión de la CICIG en la economía, aunque no ha rebajado la calificación del país.

“Los inversores no invertirán en el país que no respeta el estado de derecho”, dijo Escobar.

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