Mientras México discute si debe otorgar más poder a los militares

Ago. 18, 2017 6:55 AM PT

Mientras un legislador mexicano discute ampliar el papel de los militares en la guerra contra las drogas, un juez ordenó una nueva investigación para determinar si los comandantes del ejército ordenaron a los soldados disparar en contra de 22 personas en un incidente ocurrido en 2014, descrito por los defensores de los derechos humanos como una masacre extrajudicial.

El juez federal, cuya decisión del 31 de julio se hizo pública esta semana, dijo que la oficina del fiscal general federal no pudo investigar completamente una orden militar emitida antes del asesinato que instruyó a los soldados a “eliminar a los criminales en horas de oscuridad”.

Inicialmente, el ejército describió las muertes en un almacén en Tlatlaya, a unos 100 kilómetros al suroeste de la ciudad de México, como resultado de una feroz batalla armada con una banda armada. Pero los informes de las noticias y el testimonio de los supervivientes, sugirieron que el ejército había ejecutado al menos a una docena de personas en ese sitio, incluyendo varios que ya se habían rendido a una patrulla del ejército o que estaban lesionados.

Después de que la propia agencia de derechos humanos del gobierno afirmara que 15 de los sospechosos habian sido ejecutados, siete soldados fueron acusados de homicidio en relación con el caso. Posteriormente dueron absueltos por un tribunal militar y un juez de un tribunal civil rechazó los cargos contra todos ellos, alegando que no había pruebas suficientes.

La decisión de este mes fue refutada en una queja presentada por una de las tres mujeres que sobrevivieron al incidente y más tarde afirmó que agentes de la fiscalía estatal los habían torturado para que corroboraran la versión del ejército de los hechos.

El juez dijo que la Fiscalía General no ha llevado a cabo diligentemente una “investigación sobre los hechos o las órdenes emitidas a elementos militares a través de la cadena de mando”.

En un comunicado, la organización de derechos humanos Centro Prodh dijo que el fallo puso de relieve la ineficacia del sistema de justicia de México.

“La impunidad ... muestra los defectos estructurales en la administración de justicia en México, especialmente cuando los servidores públicos están involucrados”, dijo el comunicado. Instó a los miembros del Congreso de México a votar en contra de la legislación propuesta, llamada Ley de Seguridad Interna, que busca ampliar la presencia de los militares en la seguridad pública.

Desde hace una década, decenas de miles de soldados y oficiales navales mexicanos han sido incorporados como parte de la estrategia del gobierno para combatir los carteles de la droga, en parte porque los militares tienden a ser considerados menos corruptos que las fuerzas policiales locales y estatales, algunos de las cuales colaboran con los cárteles.

Los defensores de los derechos humanos dicen que en lugar de solidificar la presencia de las fuerzas armadas en las comunidades mexicanas, los legisladores deberían presentar iniciativas para fortalecer y profesionalizar las fuerzas de policía civil de México. Ellos señalan el papel de los militares en graves violaciones de derechos, incluyendo casos documentados de soldados que practican tortura y ejecuciones.

Entre enero de 2012 y agosto de 2016, hubo 5.541 denuncias de violaciones de derechos humanos contra las fuerzas armadas registradas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sólo alrededor del 6% de esas denuncias, que incluían denuncias de homicidio, tortura y violación, dieron lugar a juicios penales.

Más allá de las acusaciones de abusos de derechos, defensores de los derechos y algunos miembros de la oposición política de México señalan que el ejército no ha logrado reducir efectivamente la violencia y la actividad delictiva organizada.

Las fuerzas federales han ejecutado una “estrategia de eliminación de las cabezas de mando” que se dirige a los líderes de los cárteles. Uno por uno, los poderosos señores de la droga, entre ellos Joaquín “El Chapo” Guzman,han sido detenidos o muertos. Aunque algunos analistas de seguridad dicen que las fuerzas federales ayudaron a impedir que México se convirtiera en un Narco Estado, la estrategia también desató una ola de violencia cuando los principales capos lucharon por el control de los cárteles.

México está en camino de registrar más homicidios en 2017 que en cualquier año desde que las autoridades comenzaron a publicar estadísticas de asesinatos hace 20 años.

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