Critican la sentencia de 9 años a ex gobernador mexicano acusado de malversar miles de millones

Un ex gobernador del estado mexicano de Veracruz, sospechoso de malversar posiblemente miles de millones de dólares y que se convirtió en un símbolo de la corrupción política endémica en este país, llegó a un acuerdo con los fiscales que lo sentenciaron a nueve años en prisión, una fracción de lo que podría haber enfrentado si hubiera sido juzgado y condenado.

El dictamen provocó indignación entre muchos que caracterizaron el castigo como demasiado indulgente.

El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, el cual era una estrella en ascenso en el partido gobernante, fue acusado en 2017 de establecer compañías ficticias para desviar dinero público y además de tener vínculos con las bandas criminales que han convertido al estado del Golfo en una de las regiones más violentas del país.

El ex político enfrentaba hasta 55 años de prisión si era declarado culpable de todos los cargos.

En cambio, el 26 de septiembre, Duarte asumió la culpabilidad de dos cargos: lavado de dinero y asociación criminal, y recibió una pena de nueve años de prisión.

Igualmente, Duarte debe pagar aproximadamente $3,000 y renunciar a 41 propiedades que supuestamente compró con dinero ilícito.

Duarte, de 45 años, se convirtió en una encarnación nacional de la corrupción que ha azotado a México y ha contaminado severamente la imagen del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Este es uno de al menos media docena de ex gobernadores del PRI que enfrentan cargos por corrupción o que están encarcelados por presuntas irregularidades.

El creciente número de ex gobernadores inculpados se ha convertido en una gran vergüenza para el partido político que gobernó México durante gran parte del siglo XX.

Veracruz, que una vez fue bastión del PRI, cayó bajo el control político de los bloques de la oposición.

Con el tiempo cumplido y la posibilidad de libertad condicional, Duarte podría estar libre en cuatro años, dijeron las autoridades.

“Es una burla”, dijo Martha Tagle, diputada federal del partido Convergencia para la Democracia en un tuit.

“Con sentencias como esta, en lugar de inhibir la corrupción, la están alentando”, escribió José Antonio Crespo, un analista político en otro tuit.

Pero la fiscalía mexicana, que se ha enfrentado a fracasos en otros casos de corrupción de alto perfil, defendió el resultado.

“Nadie está nunca satisfecho”, dijo Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, un fiscal a periodistas.

Los fiscales estatales en Veracruz dicen que también están investigando los cargos de corrupción contra la esposa de Duarte, Karime Macías, quien según los informes vive en Londres con los tres hijos de la pareja. Según su abogado, ella busca asilo en Inglaterra como víctima de la persecución política en México.

Durante el período de casi seis años que gobernó Duarte, Veracruz -que se encuentra entre los estados más ricos de México, hogar de un importante puerto y base de la industria petrolera del país- se volvió un campo de batalla para varios cárteles que buscan controlar el contrabando de drogas y otras actividades ilícitas. Los grupos criminales también luchan por el enorme negocio de tráfico de migrantes en Veracruz, el cual es utilizado por miles de centroamericanos que se dirigen a Estados Unidos.

En los últimos años, el estado también ganó notoriedad por haberse encontrado miles de tumbas clandestinas con los cuerpos de las víctimas de homicidios. De manera habitual, en la televisión mexicana se emiten imágenes en donde se desentierran cráneos y otros restos humanos en sitios remotos del estado. Miles de personas han “desaparecido” durante esta etapa de violencia que continúa atormentando a Veracruz.

Más de una docena de periodistas fueron asesinados durante el mandato de Duarte, según grupos de libertad de prensa. Pero los fiscales nunca vincularon directamente a Duarte con ninguno de ellos ni con las desapariciones que, junto con la corrupción desenfrenada, mancharon su administración.

Duarte dejó la oficina en 2016, seis semanas antes de que terminara su mandato como gobernador. Prometió defenderse de las crecientes acusaciones e insistió en que no había robado “un centavo”.

En cambio, se dio a la fuga. Fue capturado en abril de 2017 en un centro turístico montañoso en Guatemala. El gobernador fugitivo fue extraditado a México para enfrentar cargos criminales.

Las autoridades dijeron que el robo de fondos públicos de Duarte alcanzó niveles “históricos”, tal vez superiores a los $ 3 mil millones. Finalmente fue acusado de hurtar millones de dólares en dinero público.

Duarte fue visto alguna vez como uno de los miembros jóvenes más prometedores del partido gobernante encabezado por el presidente mexicano Enrique Peña Nieto. El ex gobernador fue expulsado del partido a fines de 2016 cuando fue acusado de corrupción. Aún así, los cargos contra él y otros ex gobernadores que pertenecían al PRI fomentaron una opinión pública negativa contra el partido.

El candidato del PRI en las elecciones presidenciales de julio de 2018, José Antonio Meade, terminó en el tercer lugar.

El ganador de las elecciones, Andrés Manuel López Obrador, presentó una plataforma anticorrupción y prometió rescatar miles de millones de dólares anualmente y usar el dinero para pagar la creación de programas sociales para ancianos, enfermos y estudiantes. López Obrador se eligió bajo la bandera de su propio Movimiento Nacional de Regeneración, conocido como Morena.

El presidente electo dijo que gobernará con el ejemplo para cambiar la cultura de corrupción de México, pero los críticos dicen que puede no ser suficiente en un lugar donde el pago de sobornos y el enriquecimiento personal de los líderes políticos han sido considerados desde hace tiempo como hechos cotidianos.

López Obrador, quien asume el cargo el 1 de diciembre, fue anteriormente miembro del PRI en el estado de Tabasco.

La administración anticipada del presidente electo incluye a muchos antiguos partidarios leales al partido gobernante que ahora han cambiado su lealtad a López Obrador y su movimiento político. Todos dicen que están de acuerdo con las intenciones del nuevo presidente de liberar al país de la corrupción institucionalizada.

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