Claro que las órdenes ejecutivas migratorias de Obama son legales

Ningún gobierno puede perseguir a cada persona que viola la ley. Los limitados recursos lo hacen imposible. Los departamentos de policía generalmente no multan a los conductores que manejan una milla por arriba del límite de velocidad.

¿Por qué sería distinto en materia migratoria? ¿Debería el gobierno perseguir cada delito que se comete, sin excepción?

Ésa, escencialmente, es la pregunta que se plantea la Suprema Corte, que el martes decidió revisar la legalidad de las acciones ejecutivas del presidente Obama en materia migratoria. Excepto que la corte descubra que hay un principio constitucional que establezca que las leyes migratorias son distintas a las otras, esto debería ser fácil.

Alrededor de 11 millones de personas viven en Estados Unidos ilegalmente. Cada año, el gobierno deporta a cerca de 400,000 de esas personas. Pero en 2014 decidió canalizar los esfuerzos del gobierno en deportar a quienes representan una amenaza pública.

Obama anunció un decreto presidencial que establecía que no se perseguiría a los padres de niños nacidos en Estados Unidos o residentes legales permanentes, que hubieran estado en el país al menos desde enero de 2010, y que no tuvieran récord criminal. El punto era evitar la separación de familias y permitir a aproximadamente 4 millones de personas vivir sin el miedo de ser deportadas.

Las autoridades migratorias, dijo Obama entonces, irán tras “delincuentes, no familias. Criminales, no niños. Pandilleros, no una madre que trabaja duro para cuidar a sus hijos”.

Como los asesores de Obama sabían bien, el Presidente no tiene las facultades para otrogar la ciudadanía. Pero lo que sí puede hacer, como él mismo lo dijo, es “priorizar, como lo hacen los agentes del orden todos los días”. Apenas en 2012, la Suprema Corte confirmó este principio.

En el caso Estados Unidos vs. Arizona, la corte declaró inconstitucionales las provisiones de la controversial ley migratoria SB 1070, que le permitía a la policía estatal detener a los inmigrantes sin papeles.

El tribunal confirmó que sólo el poder ejecutivo del gobierno federal puede decidir si hay que detener o deportar a alguien que no está legalmente en Estados Unidos. En muchas otras ocasiones, la Suprema Corte y otros tribunales federales reconocieron la amplia discreción acusadora para decidir cuándo aplicar las leyes de inmigración.

Ninguna administración, Republicana o Demócrata, ha buscado deportar a cada persona que está ilegalmente en Estados Unidos. Por razones humanitarias, falta de recursos o consideraciones de política exterior, a menudo el gobierno prefiere no deportar a inmigrantes indocumentados.

Las acciones de Obama son de la misma índole. Es simplemente imposible expulsar a 11 millones de personas, y no es deseable separar a los padres de sus hijos ciudadanos. Niños sin sus padres son mucho más propensos a terminar en horfanatorios, en las calles o peor.

En 1986, el presidente Reagan y el Congreso le dieron estatus legal a casi 3 millones de indocumentados. Un año después, Reagan anunció que los hijos menores de edad de los padres a los que se les dio la amnestía no estaban sujetos a deportación. Él tomó esa decisión sin el permiso del Congreso.

En 1990, el president George H.W. Bush promovió una iniciativa llamada “family fairness”, que permitió legalizarse a otro millón y medio de personas -alrededor del 40% de aquellos que se encontraban en el país ilegalmente-. Igual que Reagan, Bush lo hizo sin la autorización de los legisladores.

La opción más fácil para la Suprema Corte es darle la razón a la administración de Obama. Texas y los otros 25 estados que demandaron al gobierno federal tienen un pobre argumento —los costos administrativos de emitir licencias de manejo a los beneficiados—. Eso es simplemente absurdo; los estados pueden decidir no emitir dichas licencias (lo que no es un requisito explícito) o cobrar más para cubrir el costo.

Pero todo lo que tiene que ver con inmigración es polarizante, incluso —aparentemente— aunque eso signifique que los padres puedan permanecer con sus hijos. Pero el asunto que la Suprema Corte tiene en sus manos no es determinar si las acciones de Obama son brillantes o beneficas, sino si son legales, y la respuesta a ello hace tiempo que está clara.

Erwin Chemerinsky es decano de la Escuela de Leyes de UC Irvine.

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