Buscan mayor rigor en la gestión de base de datos de pandilleros

CalGang es una base estatal de datos que las agencias del orden usan para compartir información sobre miembros sospechosos de pandillas. El programa ha existido por más de una década, pero la forma en que es operada y mantenida, ha estado en su mayor parte fuera del alcance público.

La asambleísta Shirley Weber ha estado trabajando para cambiar esta situación, y algunos de sus esfuerzos parecen haber dado frutos.

El año pasado, la demócrata por San Diego solicitó una auditoría de la base de datos, la cual contiene nombres, direcciones y otra información personal de individuos que se presume son miembros de pandillas o afiliados. Hace un año, tenía 150 000 nombres, incluyendo cerca de 6000 del condado de San Diego. El promedio de tiempo que se encontraban en la base de datos era de 5 años y medio.

Con la excepción de los sospechosos que eran menores de edad, las agencias policiales no tenían que notificar a la gente si sus nombres estaban en el sistema.

Según las autoridades estatales, esa información estaba disponible de acuerdo a la necesidad de información de la policía, lo que significa que podría ser accedido por el personal policial solo con fines legítimos. Ser identificado como miembro activo de una pandilla, puede aumentar el castigo que enfrenta una persona si es declarada culpable de un crimen que un juez o jurado concluye que está relacionado con pandillas.

La auditoría que Weber buscó fue publicada en agosto, y reveló que el sistema CalGang puede estar plagado de errores, incluyendo cientos de personas cuyos nombres deberían haber sido purgados del sistema, pero no lo fueron. Una conclusión particularmente alarmante, fue que más de 40 personas incluidas en los datos revisados tenían fechas de nacimiento que mostraban que tenían menos de un año de edad cuando sus nombres se agregaron a la base de datos.

En septiembre, el gobernador Jerry Brown firmó el proyecto de ley de Weber que exigía que las agencias del orden notificaran a las personas cuando sus nombres fueran agregados a CalGang, con la excepción de los casos en los que proporcionar esa información pudiera comprometer una investigación judicial en marcha. El proyecto de ley también facilitó el proceso para solicitar la eliminación de registros de la base de datos.

Algunos abogados defensores y activistas comunitarios que desde hace tiempo cuestionan la forma en que la policía identifica y documenta a los sospechosos de pandillas, han apoyado estos avances como victorias, en un esfuerzo continuo por una mayor transparencia.

Weber lo considera un primer paso.

“Vamos a ver si las agencias están aceptando el informe y trabajando para hacer cambios”, dijo.

Weber dijo que miembros de su personal han participado en talleres y reuniones con representantes de la policía desde que se dio a conocer la auditoría, pero aún no se ha reunido directamente con miembros del Departamento de Policía de San Diego, que supervisa la base de datos regional de los condados de San Diego e Imperial.

“Creo que la recolección de datos es buena, pero los datos, como cualquier otra cosa, pueden ser peligrosos si se utilizan de forma inadecuada”, mencionó. “Es información que puede tener efectos devastadores en la vida de las personas”.

CalGang está diseñada para identificar a miembros y asociados de pandillas callejeras delictivas, según lo definido por la ley estatal, así como mantener un registro de nombres, descripciones físicas, tatuajes, vehículos, entrevistas de campo e historiales criminales.

Las agencias utilizan CalGang, que es financiada por el estado, para compartir información y colaborar en la investigación y enjuiciamiento de delitos de pandillas. Los registros en la base de datos se supone que se refieren a documentos fuera del sistema, que la policía puede utilizar para apoyar una detención o una solicitud de orden de cateo.

Aunque la auditoría no se centró en las agencias policiales del condado de San Diego, observa que el Departamento de Policía de San Diego es responsable de entrenar y supervisar a los usuarios de CalGang en la región, que pueden incluir otros departamentos locales de policía y del sheriff y las oficinas del fiscal y de libertad condicional.

El Departamento del Sheriff del condado de San Diego y la Fiscalía del Distrito declinaron ser entrevistados para esta nota, refiriendo las preguntas sobre CalGang a las autoridades policiales de San Diego.

La policía de San Diego rechazó las solicitudes de entrevistas y no respondió a una lista de preguntas enviadas por correo electrónico, direccionando en su lugar a la información publicada en el sitio web del Departamento. De acuerdo con el sitio, la policía está obligada por ley y por política interna a mantener la confidencialidad de los informes de pandillas.

El teniente Scott Wahl, portavoz de la policía, dijo en un correo electrónico que la unidad de pandillas del departamento no ha tenido que quitar o actualizar ninguna entrada como resultado de la auditoría estatal.

“La revisión confirmó que el sistema está funcionando correctamente y purga la información de acuerdo con las directrices estatales y la ley federal”, dijo Wahl.

Los auditores revisaron la información en la base de datos de CalGang de cuatro agencias policiales: el Departamento de Policía de Los Ángeles, el Departamento de Policía de Santa Ana, la Oficina del Sheriff del Condado de Santa Clara y la Oficina del Sheriff del Condado de Sonoma.

El informe resultante criticó a CalGang por su “débil estructura jerárquica”, la cual está formada por representantes de 15 organismos participantes, incluyendo San Diego, que según el informe, y dijo que no había hecho lo suficiente para asegurarse de que la información ingresada en la base de datos fuera precisa y apropiada.

“Este informe concluyó que la actual estructura de supervisión de CalGang no asegura que las agencias de la ley y el orden recolecten y mantengan inteligencia criminal de una manera que preserve los derechos de privacidad de los individuos”, escribió la auditora estatal Elaine Howle en una carta al gobernador y a la Legislatura.

Howle señaló varios casos en los que las cuatro agencias no pudieron corroborar las entradas de CalGang que habían hecho. Específicamente, no proporcionaron suficiente apoyo para 13 de 100 personas revisadas en la base de datos, y 131 de los 563 criterios de ingreso a CalGang que fueron examinados.

La auditoría también encontró que algunas agencias no habían cumplido con una ley estatal de 2014, que requiere que las fuerzas del orden notifiquen a los padres o tutores antes de ingresar información sobre los menores en la base de datos. Los auditores revisaron 129 registros juveniles de dos agencias, 70 por ciento de los cuales habían sido agregados a la base de datos sin una notificación adecuada, según el informe.

Brian Watkins, un abogado defensor de San Diego, dijo que ha visto muchas situaciones en las que las personas habían sido identificadas como pandilleros cuando eran niños o adolescentes, y no sabían que sus nombres estaban en la base de datos de CalGang, hasta que surgieron mucho más tarde, mucho después de que dejaran atrás cualquier actividad de pandillas.

“Reconozco el problema con las pandillas y la necesidad de controlarlas, pero ¿ésta es la mejor manera de hacerlo? No lo sé”, dijo Watkins. “Actualmente, la respuesta es no”.

La auditoría también reveló pruebas de que algunos datos de CalGang se habían utilizado con fines distintos a los policiacos. Según el informe, al menos cuatro casos de apelación hicieron referencia a opiniones de expertos basadas en la información de CalGang, y tres agencias confirmaron que usaban la base de datos para exámenes de empleo.

“Aunque estas prácticas no parecen ser algo común, enfatizan el efecto que CalGang puede tener en la vida de una persona”, escribió Howle.

Los auditores recomendaron que el Departamento de Justicia del Estado asumiera la responsabilidad de administrar y supervisar CalGang y que requiriera revisiones periódicas de sus registros.

El Departamento estuvo de acuerdo con esa recomendación, aunque los representantes dijeron en una carta que se necesitarían fondos y recursos adicionales, así como un voto de la Legislatura, para asumir la tarea.

El proyecto de ley de Weber requiere que cualquier agencia policial que use CalGang presente un informe anual al Departamento de Justicia, que contenga información sobre el número de personas incluidas en la base de datos, el número de solicitudes de eliminación de la base de datos durante el año anterior y el número de registros de personas que fueron eliminados automáticamente.

Los informes se publicarán en un sitio web a partir de febrero del 2018.

Littlefield escribe para el U-T.