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El Condado se une a la batalla por derrames de aguas residuales

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San Diego Union-Tribune

La Junta de Supervisores del Condado de San Diego votó el martes para unirse a la creciente campaña legal, para obligar al gobierno federal a hacer algo más para evitar que las aguas residuales se derramen sobre la frontera desde Tijuana y ensucien rutinariamente las playas al sur de la bahía.

“Ya es suficiente”, dijo en un comunicado el supervisor Greg Cox, cuyo distrito incluye la región fronteriza con México. “Hemos agotado todos nuestros esfuerzos para resolver esta terrible situación, y es hora de obligar a los responsables a resolver de una vez por todas este problema”.

Un enorme derrame de aguas residuales en el río Tijuana en febrero afectó las playas tan al norte que llegó a Coronado, y el agua contaminada continúa fluyendo regularmente por la frontera en el valle del río Tijuana a través del río y un sistema de cañones.

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El esfuerzo para evitar que las aguas residuales fluyan desde Tijuana hacia San Diego recibió un pequeño impulso recientemente, cuando el gobernador Jerry Brown firmó una ley para proporcionar aproximadamente 2.1 millones de dólares para tal acción.

La medida de dos demócratas de San Diego, el senador estatal Ben Hueso y el asambleísta Todd Gloria, ayuda a planificar las mejoras y a centrar más la atención en el tema, pero se necesitan 500 mil millones de dólares para los reacondicionamientos.

Imperial Beach, Chula Vista y el Puerto de San Diego presentaron en septiembre un aviso de intención de demandar al lado estadounidense de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (IBWC), que supervisa los tratados de aguas con México y facilita el financiamiento de proyectos de infraestructura a lo largo de la frontera.

Funcionarios de la comisión dijeron en respuesta a las acciones legales, que están consultando con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La ciudad de San Diego votó hace poco para unirse a la acción legal, y Coronado acordó reembolsar a las ciudades hasta 50 mil dólares por los juicios que resulten. El vice gobernador Gavin Newsom también anunció su apoyo a la estrategia legal.

La IBWC tiene hasta finales de noviembre para presentar un plan de gastos que satisfaga a los funcionarios locales o arriesgarse a ser llevada a la corte.

“Hablar de esto solo nos puede llevar hasta aquí”, dijo Cox. “En algún momento, tenemos que tomar medidas para proteger la salud, la calidad del agua y la economía del sur del condado y nuestra región”.

El movimiento está dirigido a obligar a los funcionarios federales a orquestar la financiación binacional para mejorar la infraestructura de aguas residuales de Tijuana, la IBWC en abril estimó que se requerían aproximadamente 500 millones de dólares para reparaciones.

Los dos países han gastado miles de millones en proyectos como la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales en ambos lados de la frontera. En la década de los noventa, antes de que las mejoras se hicieran, alrededor de 10 millones de galones de aguas residuales sin procesar fluían diariamente por el río Tijuana en el condado de San Diego.

La batalla legal actual llega después de la aprobación el mes pasado de un paquete de gastos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que eliminaría el Programa México-Estados Unidos de Subvenciones de Infraestructura de Agua Fronteriza, que ha ayudado a facilitar las mejoras para prevenir derrames de aguas residuales en Tijuana. Se espera que las negociaciones presupuestarias en el Congreso continúen hasta noviembre.

La medida firmada por Brown, el Proyecto de Ley Senatorial 507, reasigna los fondos únicos previamente designados para su uso por el Condado de San Diego bajo la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, y Terrenos Costeros y de Parques.

Bajo la legislación, hasta 500 mil dólares del dinero ayudarán a pagar por actualizar un plan de recuperación para el valle del río Tijuana, mientras que el resto de los fondos puede ser usado para la rehabilitación del área impactada y un parque previsto.

“Es mi objetivo permanente proteger a mi distrito de los efectos desastrosos que estos derrames de aguas residuales tienen en la salud, la calidad del agua y la economía”, dijo Hueso en un comunicado. “Agradezco al gobernador por firmar esta legislación para que podamos comenzar a trabajar en soluciones a largo plazo para finalmente poner fin a este tema que ha asolado a nuestras comunidades por tanto tiempo”.

Gloria agregó: “La contaminación del valle del río Tijuana ha plagado esta región durante décadas, y ha impactado de manera negativa en la salud y la calidad de vida de los residentes de Coronado y de Imperial Beach. Algo tiene que hacerse, y por ello estoy agradecido de que el Gobernador Brown firmara el SB 507”.

Smith escribe para el U-T.

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