Esta ciudad no quiere ser parte de las leyes ‘santuario’ de California. ¿Comenzará una nueva resistencia?

Con alrededor de 12,000 residentes diseminados a lo largo de unas cuantas millas del sur de California, Los Alamitos es mejor conocido por sus buenas escuelas y los encantos propios de las ciudades pequeñas, que por su activismo político.

Pero la ciudad ahora se encuentra en el centro de una rebelión contra las políticas “santuario” de California, que buscan proteger a los inmigrantes que se encuentran en el país sin documentos, luego de que el presidente Trump prometiera aumentar las deportaciones.

Los líderes de Los Alamitos aprobaron el lunes una ordenanza que exime a su municipio ubicado en el Condado de Orange, del Proyecto de Ley Senatorial 54, que entró en vigencia el 1 de enero y que restringe la cooperación de las fuerzas de seguridad locales con las autoridades federales de inmigración.

Esta votación marca el raro esfuerzo de una ciudad para desafiar al movimiento santuario que cuenta con un amplio apoyo entre los funcionarios electos de California.

Muchas ciudades se han enfrentado a la ira de Trump y de su administración contra las políticas que, según dicen, son demasiado indulgentes con los que viven en Estados Unidos sin documentos.

El presidente criticó a San Francisco por la ley santuario, que dijo, había permitido a un ciudadano mexicano -que disparó y dio muerte a una turista- permanecer en las calles de la ciudad. Y a la alcaldesa de Oakland, que ahora es objeto de una investigación federal luego de que envió una alerta informando a los residentes sobre una inminente redada migratoria.

Los Alamitos se está moviendo en una dirección diferente a la del resto del estado, con algunos residentes y funcionarios afirmando que no quieren tener nada que ver con esas políticas.

Alrededor de 160 personas asistieron a la reunión ordinaria del lunes en el Concejo Municipal, un evento mensual que rara vez atrae a suficiente gente como para llenar el espacio de 40 asientos. Los oradores se colocaron en fila hasta altas horas de la noche para dirigirse a los funcionarios electos, que finalmente votaron 4 a 1 para aprobar la ordenanza.

“A veces las cosas son más grandes que nosotros”, dijo el alcalde Troy D. Edgar.

Las ovaciones estallaron dentro de la cámara después de la votación, con algunos gritando “¡Patriotas!” y “¡Esto es una victoria para América!” mientras otros agitaban banderas pro-Trump. El concejal Mark A. Chirco fue el único disidente, sugiriendo que la iniciativa podría exponer a la ciudad a litigios.

“No estamos de acuerdo con Sacramento en muchas cosas. ¿No vamos a oponer a las leyes estatales cada vez que no estemos de acuerdo con ellas?”, cuestionó. “No creo que eso sea prudente”.

No está claro cómo se implementará la ordenanza, y el alcalde Warren Kusumoto, que propuso la iniciativa, dijo que podría terminar siendo un acto simbólico.

Entre los que asistieron a la reunión estaba Moti Cohen, un residente de Garden Grove cuya esposa creció en Los Alamitos, y que apoya la medida contra la ley santuario.

Cohen, un inmigrante de Israel, dijo que vino legalmente a los Estados Unidos y que todos los demás también deberían hacerlo. Llegó hace 27 años con una visa de turista y se convirtió en residente legal después de casarse con su esposa que es ciudadana de EE. UU.

“La ley es la ley y debe ser aplicada en todo el país”, dijo. “Este es un país de leyes y orden y tienes que venir aquí legalmente”.

Tara Farajian, una residente de 43 años de la vecina Rossmoor, calificó la medida propuesta como desgarradora.

Se mudó de San Francisco a Los Alamitos en 2001 antes de mudarse a Rossmoor dos años más tarde y ahora se preparaba para vivir en una comunidad más conservadora.

Farajian ha visto la calcomanía que dice “muéstrenme su acta de nacimiento” en el automóvil de un vecino y dice que algunos en su ciudad son “extremadamente derechistas”. Aún así, dijo que la comunidad en general es abierta y calificó la decisión del concejo como impactante.

“Es como si quisieran crear una ciudad policial”, dijo.

Los críticos en la ciudad de Los Alamitos están en desacuerdo con la SB 54, que el gobernador Jerry Brown firmó después de que la Legislatura la aprobara el año pasado.

Dicha ley prohíbe a las agencias de policía estatales y locales, notificar a los funcionarios federales cuando los inmigrantes potencialmente sujetos a la deportación, están a punto de ser liberados.

La iniciativa se suma a las leyes de ciudades santuario aprobadas por numerosas comunidades y otras leyes estatales que protegen a las personas sin residencia legal, incluida una que tipifica como delito que los dueños de negocios ayuden voluntariamente a agentes federales a encontrar y detener a trabajadores indocumentados y otra que crea un programa de inspección estatal para centros federales de detención de inmigrantes.

La administración Trump acudió antes al tribunal federal para invalidar las leyes estatales, alegando que obstruyen flagrantemente la ley federal de inmigración y, por lo tanto, violan la cláusula de supremacía de la Constitución, que da prioridad a la ley federal sobre las medidas estatales. Ese caso está pendiente.

Los líderes de Los Alamitos votaron el lunes para presentar un informe ante el Departamento de Justicia.

El Condado de Orange, alguna vez un bastión conservador, votó por un Demócrata para presidente en 2016 por primera vez desde la Gran Depresión, respaldando a Hillary Clinton en lugar de Trump. Pero partes del condado permanecen sólidamente republicanas.

Algunos precintos en el área de Los Alamitos apoyaron a Trump en 2016, mientras que otros respaldaron a Clinton, según muestran los datos. En general, casi el 44% de los votantes en Los Alamitos respaldaron a Trump, mientras que casi el 46% respaldó a Clinton, según datos del Registro de Votantes del Condado de Orange.

Louis DeSipio, profesor de ciencias políticas en UC Irvine, dijo que no le sorprende la postura de Los Alamitos dada su demografía: la ciudad es más blanca y un poco más rica que el Condado de Orange en general.

La ciudad está constituida por un 71 % de habitantes de raza blanca, mientras que el condado de Orange en su conjunto es 61% blanco, según los datos del censo de 2010. Datos más recientes sugieren que la población blanca en Los Alamitos ha disminuido ligeramente.

“Va a llevar un tiempo ver un cambio dramático en ese tipo de comunidad”, dijo DeSipio.

Aunque California es “azul demócrata” en general, quedan muchos espacios que respaldan a Trump y su posición de línea dura sobre la inmigración indocumentada.

El mes pasado, la Junta de Supervisores del Condado de Shasta aprobó una resolución que dice que el condado no es una jurisdicción de las leyes santuario. Pero los esfuerzos similares para rechazar dichas políticas han fracasado, incluidos los esfuerzos en Costa Mesa para oponerse públicamente a la SB 54 y al Condado de Kern, donde la junta directiva se opuso a la ley pero no llegó a llamar a su jurisdicción ‘un condado no santuario’.

Algunos esperan que Los Alamitos se convierta en un líder de la resistencia.

“Nos alegra que los políticos de la ciudad tomen medidas que respalden las leyes federales”, dijo Robin Hvidston, director ejecutivo de We the People Rising, una organización de Claremont que aboga por una aplicación más estricta de las leyes de inmigración.

Hvidston dijo que espera que si Los Alamitos y otras ciudades se oponen a las leyes santuario, el Departamento de Justicia de EE. UU. intervendrá para ayudar.

“Estamos pidiendo al gobierno federal que intervenga en favor de la ciudad”, dijo.

Aunque pocas ciudades han considerado lo que ha hecho Los Alamitos, ha habido divisiones sobre las leyes santuario.

La Sheriff del Condado de Orange, Sandra Hutchens, junto con otros sheriffs de California, manifestaron su oposición a la SB 54.

El condado de Orange dio a luz a la Proposición 187, y Costa Mesa aprobó ordenanzas contra los jornaleros y se convirtió en el epicentro del movimiento antiinmigración indocumentada a mediados de la década de 2000.

Sin embargo, desde entonces, gran parte de la ferviente aplicación de las leyes de inmigración por parte del condado, se ha reducido después de que muchas de sus ciudades experimentaron una afluencia de inmigrantes latinos y asiáticos.

Pam Rozolis, quien ha vivido en Los Alamitos por más de 48 años, calificó la propuesta de exención como una “carga políticamente fuerte que no refleja a todos los residentes de Los Alamitos”.

Rozolis dijo que le preocupaba que la medida pudiera conducir a un litigio y un derroche de dinero de los contribuyentes para defenderlo.

“Nuestros inmigrantes no deberían tener que vivir con miedo”, dijo. “Sería un paso atrás hacia leyes y prácticas más humanas”.

En las calles de Los Alamitos, la opinión estaba dividida.

Mary Hanes, una empleada de comercio minorista de 61 años que almorzaba en Katella Bakery & Deli, dijo que la ciudad está siendo “intimidada para seguir con las políticas del estado”.

“Como les digo a mis hijos: ‘siempre diles no a los agresores’”, dijo, y agregó que planea plantear el problema a los miembros de su círculo. “Apoyo totalmente esto, el 110%. Vivimos en Estados Unidos en un momento de diversidad, y parte de esa diversidad significa que hacemos lo que creemos que es mejor”.

Pero Dan Harold, un maestro jubilado en Los Alamitos, dijo que no está de acuerdo con la dirección hacia dónde se dirige su ciudad natal.

“¿Por qué ir más allá de las líneas del gobierno estatal para crear más problemas cuando California ya tiene tantos problemas? Francamente, estoy más preocupado por la seguridad de los terremotos que por la política”, dijo. “La política solo causa más problemas cuando lo que realmente deberíamos enfocar es hacer que nuestros edificios sean más seguros”.

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