La mala atención médica provocó muertes en los centros de detención de inmigrantes, alega informe de defensores

La atención médica inadecuada probablemente contribuyó a la mayoría de las muertes de inmigrantes en detención entre diciembre de 2015 y abril de 2017, según un nuevo informe de una coalición de organizaciones que defienden a los inmigrantes.

La atención médica deficiente contribuyó o condujo a 8 de las 15 muertes revisadas, según los médicos a quienes se les pidió analizar cada caso para el informe publicado como una colaboración entre Human Rights Watch, el National Immigrant Justice Center, Detention Watch Network y American Civil Liberties Union.

“La imagen que pinta es la de un sistema que no garantiza la seguridad de las personas que detiene”, dijo Clara Long de Human Rights Watch y principal autora del informe.

Eso es significativo, dijo, porque la administración Trump quiere ampliar su capacidad para retener a los inmigrantes, adultos y niños, en centros de detención. Bajo Trump, los funcionarios de inmigración también han comenzado a retener a mujeres embarazadas por periodos más largos de tiempo y les niegan la liberación a personas que tienen necesidades médicas complejas, dijo.

El informe es el tercero de una serie generada por estas organizaciones que han monitoreado las muertes en custodia de inmigración a lo largo del tiempo mediante la revisión de los Informes de Muerte de Detenidos, que son investigaciones del gobierno sobre las muertes bajo custodia. Aunque el tiempo ha pasado, los investigadores de derechos humanos siguen llegando a las mismas conclusiones, dijo Long, que la atención médica era insuficiente y que la supervisión no solucionó el problema.

Lo que más la sorprendió, dijo, son los casos que ilustran la “extrema indiferencia” por parte del personal de las instalaciones o el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, la agencia responsable de los inmigrantes bajo custodia.

Cuando se le preguntó sobre el informe, Lauren Mack, portavoz de ICE, dijo: “ICE se toma muy en serio la salud, la seguridad y el bienestar de quienes están a nuestro cuidado, incluidos aquellos que están bajo la custodia de ICE con afecciones médicas anteriores o que nunca antes han tenido cuidado médico apropiado. Cualquier muerte que ocurra bajo la custodia de ICE es motivo de preocupación”.

La agencia tiene un mecanismo de supervisión para revisar todas las muertes bajo custodia para asegurarse de que se sigan las normas de detención, dijo Mack.

“ICE se compromete a garantizar que todas las personas bajo nuestra custodia reciban un acceso oportuno a los servicios médicos y tratamiento”, agregó Mack. “La atención médica integral se brinda desde el momento en que llegan los detenidos y durante la totalidad de su estadía. Todos los detenidos por ICE reciben exámenes médicos, dentales y de salud mental dentro de las primera 12 horas luego de llegar a cada instalación de detención, una evaluación de salud completa dentro de los 14 días de ingresar a la custodia o llegada del ICE a una instalación, y acceso a llamadas por enfermedad diarias y atención de emergencias las 24 horas”.

Para la investigadora Long, el ejemplo del informe que sobresalió fue el de José Manuel Azurdia Hernández, un guatemalteco de 54 años que murió en diciembre de 2015 después de seis meses en el Centro de Detención de Adelanto, administrado por The GEO Group en San Bernardino.

El 19 de diciembre de 2015, cuando una enfermera ingresó a la unidad de Azurdia para distribuir medicamentos, un agente que monitoreaba la unidad le dijo que Azurdia estaba enfermo y vomitaba, según un Informe de Muerte de Detenidos dado a conocer por ICE. El oficial recordó que la enfermera le había dicho que no quería ver a Azurdia porque no quería enfermarse.

Las imágenes de vigilancia revisadas por los investigadores del gobierno mostraron que unos 45 minutos más tarde, otro detenido ayudó a Azurdia a ir a la mesa de guardia, donde habló con un oficial y le señaló el pecho. Los oficiales le dijeron a los investigadores que Azurdia dijo que su brazo izquierdo estaba entumecido y que tenía problemas para respirar además de los vómitos y el dolor en el pecho.

Resultó que Azurdia estaba teniendo un ataque al corazón. Pasarían casi 15 minutos antes de llevarlo a la unidad médica y otros nueve minutos antes de ver a un médico. Unos cinco minutos después, una enfermera llamó al 911.

Murió en el hospital cuatro días después.

“Si bien no podemos comentar casos individuales específicos debido a ciertas protecciones de privacidad, no estamos de acuerdo con las conclusiones contenidas en este informe”, dijo Pablo Páez de The GEO Group. “En asociación con los servicios de Health Corp de ICE, GEO ofrece atención médica de alta calidad que cumple con los estándares de rendimiento establecidos por el gobierno federal y se apega a las directrices establecidas por las principales agencias de acreditación de terceros”.

Los tres médicos que revisaron el caso de Azurdia dijeron que su muerte probablemente podría haberse prevenido en función de cuánto tiempo pasó entre el inicio de los síntomas y cuándo recibió ayuda.

“Durante un ataque al corazón, cada minuto cuenta”, dijo el Dr. Marc Stern. “Una frase común entre los cardiólogos durante las emergencias médicas que involucran complicaciones cardiacas es ‘Time is Muscle’. Cada minuto es vital para prevenir la pérdida de vidas y, por lo tanto, las demoras por parte del personal médico y de detención probablemente hayan convertido un evento de sobrevivencia en uno fatal”.

Entre 2010 y 2017, siete detenidos murieron en Adelanto, más que en cualquier otra instalación en los Estados Unidos. Doce detenidos murieron en todo el país en el año fiscal 2017, el número más alto desde que 14 fallecieron en 2009.

Los médicos del informe también encontraron problemas prevenibles con la atención de Igor Zyazin, un ruso de 46 años que murió en el Centro de Detención de Otay Mesa el 1 de mayo de 2016, luego de ser trasladado desde el Centro de Detención Regional de San Luis, un centro de detención de corta duración en Arizona.

Cuatro días después de su llegada a San Luis, le dijo a una enfermera practicante que tenía una afección cardiaca y que estaba tomando medicamentos para ello, de acuerdo con un informe de muerte de detenidos divulgado por ICE.

Él solo conocía los nombres rusos de los medicamentos.

A la mañana siguiente, Zyazin le dijo a un oficial que monitoreaba su unidad que estaba mareado y le dolía el pecho.

Una enfermera le dio dos dosis de nitroglicerina, y más tarde ese día, un oficial de deportación recomendó que fuera trasladado al centro de detención de Otay Mesa, a tres o cuatro horas en automóvil, para recibir atención médica. Llegó a San Diego más tarde ese día.

Murió en su unidad en Otay Mesa el día después de su llegada.

Los médicos que revisaron el caso de Zyazin para el informe de los defensores encontraron que el cuidado de la enfermera de Zyazin en San Luis era “gravemente deficiente y peligroso”. Dijeron que debería haber llamado al 911 o al menos haber alertado a un médico.

“Al completar la nota de transferencia, la enfermera declaró que el paciente estaba estable para ser transferido a otra instalación de ICE, y no era sí”, dijo Stern. Suponiendo que el Informe de Detenciones de Detenidos estuviera completo, “[el Sr. Zyazin] estaba teniendo un evento agudo grave en ese momento, muy probablemente un ataque al corazón, y enviarlo al hospital para recibir la atención adecuada probablemente le habría salvado la vida”.

El Centro de Detención de Otay Mesa también alberga a personas, incluidos testigos materiales en casos de contrabando, para el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos. Uno de esos reclusos, Gerardo Cruz-Sánchez, murió a los 32 años en febrero de 2016, poco antes de Zyazin.

Debido a que no era un detenido de ICE, su muerte no se incluyó en el nuevo informe, pero los detalles de una demanda por homicidio culposo presentada por su familia pueden arrojar luz sobre la atención médica en la instalación.

David McGinnis, quien estuvo a cargo de capacitación en esas instalaciones hasta que abandonó recientemente la empresa, testificó en una declaración en abril que desde que el centro de detención se trasladó a su nuevo edificio hace unos años, CoreCivic le ha asignado poco personal para ahorrar dinero . Esa falta de personal, dijo, dificultaría que los oficiales que monitorean las unidades dieran descansos para ir al baño o acompañen a alguien a la unidad médica.

Amanda Sluss Gilchrist, una portavoz de CoreCivic, dijo que las acusaciones en la demanda de Cruz-Sánchez “son una cuestión de litigio activo y, como tales, no han sido establecidas como un hecho por el tribunal”.

En respuesta al informe de Human Rights Watch, dijo, “CoreCivic no proporciona servicios de atención médica o mental ni personal en Otay Mesa. El ICE Health Service Corps del gobierno federal es el único responsable de la contratación, la dotación de personal y la supervisión de los servicios médicos y de salud mental prestados en Otay Mesa”.