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Los dreamers no quieren ser moneda de cambio

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Tanto demócratas como republicanos coinciden en debatir una iniciativa que vuelva a dar protección para cientos de miles de dreamers que viven en los Estados Unidos. El problema es que la Casa Blanca insiste en que dicha ley incluya fondos para construir el muro fronterizo prometido por el presidente Trump.

Los dreamers no quieren ser moneda de cambio.

Su demanda es que se apruebe cuanto antes una resolución que brinde residencia legal para quienes hasta hace unas semanas estaban amparados bajo el programa Acción Diferida (DACA). Así tal cual, sin condiciones.

Y es que poco a poco, los permisos de muchos empezarán a vencerse y el miedo a una deportación se hace nuevamente latente.

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Irene Ramírez, es estudiante de la Universidad de San Marcos. Todos los días, debe pasar frente a un punto de revisión de Patrulla Fronteriza para llegar a la escuela.

Pero desde que se puso fin al programa DACA, reconoce que siente estrés y ansiedad cada vez que recorre dicho trayecto. “Tengo todavía mucho miedo sobre todo porque se me va a vencer mi DACA en agosto y no sé qué va a pasar si el Congreso no hace algo y pasa el Dream Act”.

Un reporte del Instituto de Políticas Migratorias (MPI) estima que en promedio 915 beneficiarios de DACA perderán su beneficio cada día entre marzo de 2018 y marzo de 2020.

El auge de vencimientos de permiso de trabajo llegaría entre enero y marzo de 2019, cuando se calcula que 50 mil inmigrantes dejarán de tener su DACA, precisa el estudio.

Una coalición de 24 líderes electos de San Diego ya ha enviado una carta al Congreso solicitando la aprobación de una ley para dreamers sin ataduras.

“No podemos permitir que el Congreso intercambie la seguridad de jóvenes inmigrantes por la seguridad de sus padres y la de miembros de la comunidad”, señaló Lorena González, asambleísta de California.

“Es por ello que pedimos que se apruebe una Dream Act limpia, sin tener que seguir militarizando nuestras comunidades”, agregó.

El documento es firmado además por la alcaldesa de Chula Vista, Mary Casillas Salas, el senador Ben Hueso, los regidores de San Diego, Barbara Bry, Georgette Gómez, David Álvarez, Myrtle Cole y Chris Ward, además del asambleísta Todd Gloria, entre otros funcionarios electos de la región.

El congresista republicano Darrell Issa se unió a un grupo de legisladores de su partido que ahora impulsan una solución antes del receso para jóvenes inmigrantes que llegaron al país cuando eran niños.

Se estima que 200 mil de los casi 800 mil beneficiarios de DACA viven en California.

Y es que aún con estos indicios, el panorama político luce complicado, coinciden activistas.

“Aunque se ve difícil y parece presentar varios retos, sí también presenta una urgencia de que se pueda proponerse y posteriormente encaminar una ley sin ningún tipo de ser sujetado al incremento de la militarización en la región fronteriza”, consideró Adriana Jasso, activista del Comité de Amigos Americanos de San Diego.

La construcción de un nuevo muro entre México y Estados Unidos fue la principal promesa de campaña del presidente Donald Trump. Aunque ya se han entregado ocho prototipos de lo que podría ser esta estructura, la realidad es que la administración carece de presupuesto para financiar este proyecto que se estima, podría costar por lo menos 21 mil millones de dólares.

El presidente ha colocado la propuesta en su lista de prioridades y su administración insiste en que la protección para dreamers vaya de la mano con ellas.

Juan Menjívar, lamenta que su futuro dependa de un juego político.

Hace unos días, el estudiante de San Diego Mesa College acudió a una manifestación en favor de DACA portando unas alas de mariposa monarca que representan su trayecto migrante, ya que en sus palabras, México le dio vida, pero Estados Unidos es quien lo crió.

“Aquí es donde crecí, aquí es donde me incluí con la gente, y ahora nos quieren sacar”, lamentó.

Un sondeo realizado por el grupo Alliance San Diego apuntó a que un 82 por ciento de los votantes del condado apoya que se brinde una vía para la regularización de jóvenes soñadores, inclusive, un 66 por ciento siente que el tema debe ser prioridad para el Congreso.