Será ilegal poner precios según género del usuario

Los legisladores de California prohibieron la discriminación de género para los servicios como tintorería en el 2001, y luego prohibieron la discriminación contra las mujeres en la compensación laboral en el año 2015. Ahora, un nuevo proyecto de ley tiene como objetivo dar el siguiente paso: la prohibición de la discriminación de género en el precio de los bienes. El proyecto de ley está escrito por el senador Ben Hueso y la asambleísta Lorena González, ambos demócratas por San Diego.

“Es justo que los minoristas obtengan una ganancia”, dijo Hueso, “pero no cuando se esfuerzan en llegar al límite para probar lo que los consumidores están dispuestos a tolerar”.

La práctica de dirigirse a una cierta población no es justo, dijo Hueso. El proyecto de ley trata de dar a los consumidores un trato justo.

“Estamos en un país y un estado donde las personas viven bajo mucha presión”, dijo Hueso. “Esta medida puede ayudar a los consumidores a ahorrar mucho dinero”.

Una búsqueda reciente de productos en Target en línea mostró que los precios para un libro interactivo para niños podría estar basado en el género. El libro interactivo The Hots Dots Jr. Princess Fairy Tales tenía un precio de 19.99 dólares, mientras que la versión neutral de género Favorite Fairy Tales era de 17.48 dólares.

El clásico triciclo rojo Radio Flyer estaba disponible en línea por 59.99 dólares. El mismo triciclo pero en rosa cuesta 64.11 dólares.

Los pantalones vaqueros Mossimo para hombre de corte para botas tenían un precio de 24.99 dólares, mientras que los mismos pantalones para damas estaban en 27.99 dólares.

Walmart tuvo discrepancias de precios similares. Una camisa tipo polo para hombre Faded Glory estaba en 5.82 dólares, y la de mujer tenía un precio de 7.94 dólares.

En Macy’s, la camisa polo clásica Ralph Lauren para hombre estaba en 85 dólares en línea, y la polo boyfriend-style de mujer costaba 98.50 dólares.

El Departamento de Asuntos del Consumidor de Nueva York publicó un estudio en diciembre que revisó 35 categorías de productos y 794 productos individuales. El estudio encontró que a las mujeres se les cobraba más que a los hombres el 42 por ciento del tiempo, esencialmente por el mismo producto; mientras que a los hombres se les cobraba más el 18 por ciento de las veces. En 30 de las 35 categorías de productos, los productos para mujer tenían un precio más alto.

Desde que el estudio fue publicado, cientos de personas han twitteado sus ejemplos en #genderpricing (hashtag precio de género) desde todas partes del mundo. La disparidad es también conocida como pink tax (impuesto rosa). El proyecto de ley 899 del senador Hueso es patrocinado por la Federación de Consumidores de California; y estipula que “ningún establecimiento comercial de cualquier tipo puede discriminar, con respecto al precio aplicado a los bienes de naturaleza sustancialmente similar o igual, en contra de una persona debido a su género”.

Los productos se definen como “sustancialmente similares” cuando son de la misma marca, tienen los mismos componentes funcionales y comparten el 90 por ciento de los mismos materiales o ingredientes. El proyecto de ley excluye los productos alimenticios.

El proyecto de ley no prohíbe las diferencias de precios con base en otros factores como mano de obra, materiales o de género neutro que contribuyen al costo de producir un bien.

El proyecto fue aprobado por el Comité Judicial del Senado en una votación de 5-1 el 12 de abril. El senador John Moorlach, republicano por Costa Mesa, fue el único voto en contra. El senador Joel Anderson, republicano por San Diego, no votó.

Moorlach dijo al periódico The Orange County Register que su voto defendía los principios de libre mercado, que las mujeres no tienen que comprar un artículo con sobreprecio. “Si no quieren comprarlo, que no lo compren”, dijo.

La senadora Pat Bates, republicana por Laguna Niguel, que representa parte del norte del condado de San Diego, dijo que apoya la idea, pero no este proyecto de ley en particular. Dijo que “causará más problemas de los que resolverá”.

Diecisiete organizaciones han apoyado oficialmente el proyecto de ley, incluida la oficina estatal de la Unión de Libertades Civiles Estadounidense y California Public Interest Research Group o Grupo de Investigación de Interés Público de California. “Las mujeres no deberían tener que pagar más porque les gusta el rosa, pero sabemos que a menudo es cierto”, dijo Emily Rusch, directora ejecutiva del Grupo de Investigación de Interés Público de California. “Los productos pueden costar más o menos por muchas razones, pero los precios no deben basarse por el público al que van dirigidos”.

El senador Marty Block, demócrata por San Diego, apoya la legislación.

“Creo que el proyecto de ley del senador Hueso es un esfuerzo razonable para poner fin a un doble golpe para las mujeres: pagar más que los hombres por los bienes comunes, a la vez que ganan menos”, dijo Block. “No es equitativo que las mujeres paguen hasta un 13 por ciento más que los hombres, según un estudio, por elementos como cuchillas de afeitar, juguetes y otros productos comunes, especialmente cuando las mujeres todavía se enfrentan a una diferencia en las compensaciones salariales. Esto es una injusticia que puede remediarse”. Diez organizaciones se oponen al proyecto de ley, incluyendo la Civil Justice Association of California (Asociación de Justicia Civil de California), la cual está en contra de “el chantaje” de las demandas contra las empresas.

“Nos preocupa que la ley sea una trampa de litigios para los minoristas”, dijo Kim Stone, presidenta de Civil Justice Association. Según ella, los precios a menudo no provienen del minorista, sino del fabricante.

El proyecto de ley pone a los minoristas en la incómoda posición de determinar qué género podría ser asignado a un producto, dijo.

Además, California ya tiene las leyes más fuertes contra la discriminación de género, y esta ley parece superflua, dijo Stone.

El proyecto de ley está pendiente de revisión por el Senado en su conjunto, y luego pasaría a su consideración por parte de la Asamblea. Dada la presión en contra del proyecto, dijo Hueso, lo más probable es que podría aprobarse al final de la sesión legislativa, en el otoño, y entraría en vigor en enero si el gobernador Jerry Brown la firma.