Corte permite a Trump cancelar TPS de Honduras y Nicaragua; alivio termina 8 de septiembre
Desde 1999 se encuentran bajo el TPS 72,000 hondureños y 4,000 nicaragüenses luego de sufrir los estragos del huracán Mitch
- Share via
LOS ÁNGELES — Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito aceptó la solicitud del gobierno federal de suspender una orden del tribunal de distrito que había extendido el Estatus de Protección Temporal (TPS) a beneficiarios de Honduras, Nicaragua y Nepal.
El 31 de julio, un tribunal de distrito ordenó posponer las órdenes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que terminaban el TPS para estos países, al menos hasta una audiencia programada para el 18 de noviembre de 2025.
El fallo, del caso conocido como NTPSA II v. Noem, significa que los titulares de TPS de Nepal perderán su estatus legal y su permiso de trabajo inmediatamente; entretanto, los beneficiarios hondureños y nicaragüenses perderán su estatus legal el 8 de septiembre.
“No puedo creer que el gobierno quiera arrebatarme mi estatus legal y separarme de mi hijo. No he estado en Honduras desde que era un bebé”, dijo Jhony Silva, beneficiario de este programa. “Mi trabajo, mi familia, toda mi vida está aquí”.
Desde 1999 se encuentran amparados a este programa migratorio 72,000 hondureños y 4,000 nicaragüenses, alivio que les fue otorgado luego de sufrir los estragos del huracán Mitch, ocurrido a finales de octubre de 1998 y que golpeó principalmente a Honduras y Nicaragua, aunque igual tuvo impacto en Guatemala y El Salvador.
“Es un balde de agua fría esta noticia”, comentó Leoncio Velásquez, presidente de la organización Hondureños Unidos de Los Ángeles (HULA). “Hicimos marchas, protestas y vigilias para que se escuchara nuestra voz; este es un golpe a las personas trabajadoras que mueven la economía con los trabajos más pesados”.
Con este fallo, Trump está quitando el estatus regular de forma sistemática a inmigrantes que han vivido legalmente en este país durante décadas, criando hijos con ciudadanía estadounidense, emprendiendo negocios y contribuyendo a sus comunidades, declaró Jessica Bansal, abogada de la Red Nacional de Jornaleros, entidad que ha representado a los demandantes junto a las fundaciones ACLU del Norte y el Sur de California, el Centro de Leyes y Políticas de Inmigración (CILP) de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) y la Alianza Puente Haitiana.
“La decisión inexplicable del tribunal de permitir que las cancelaciones del TPS entren en vigor —a pesar de que un tribunal de distrito las declaró probablemente inconstitucionales— causará enormes dificultades a decenas de miles de familias, incluyendo a más de 40,000 hijos de ciudadanos estadounidenses con TPS”, abundó la abogada Bansal.
A juicio de Ahilan Arulanantham, co-director de CILP, el hecho de que el tribunal no haya justificado su decisión, deja en evidencia que “dista mucho de lo que exige el debido proceso” y de lo que merecen los demandantes.
“La decisión simplemente sanciona la apropiación de poder del gobierno, exponiendo a decenas de miles de personas a la detención y deportación ilegal. Merecen algo mejor que lo que este tribunal ha hecho hoy”, valoró Arulanantham.
El TPS es un programa que se otorga a personas que no pueden regresar a sus países de origen debido a condiciones que representan un peligro para sus vidas o seguridad, como conflictos armados, desastres naturales u otras circunstancias extraordinarias.
Al momento de anunciar la suspensión de este alivio, el DHS argumentó que tanto los oriundos de Nicaragua como de Honduras ya pueden retornar a sus naciones de origen, porque desde 1999, cuando sufrieron el desastre ocasionado por Mitch, ambos países “han logrado grandes avances en su recuperación y, como resultado, sus ciudadanos pueden regresar a casa sin riesgos”.
En contraste, los activistas centroamericanos sostienen que un retorno masivo sería caldo de cultivo para incrementar la pobreza.
En una entrevista reciente, Cecilia Rodríguez, presidenta de la Alianza Hondureña de Los Ángeles (AHLA), aseguró que su patria no se encuentra preparada para recibir a 72,000 connacionales, porque no hay condiciones laborales y tampoco seguridad social y jurídica.
“En Honduras ¿quién nos va a dar trabajo?”, razonó Rodríguez, oriunda de Choluteca, destacando que no solo se trata del desempleo, sino también de problemas como la violencia y los desastres climáticos que continúan afectando a sus compatriotas, lo que al final les impulsa a migrar.
En julio, el DHS dio 60 días a las personas amparadas al TPS para regularizar su estatus o salir del país, es decir hasta principios de septiembre de 2025; sin embargo, la jueza Trina Thompson extendió el alivio migratorio hasta el 18 de noviembre.
El fallo que dio la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito restablece el plazo que trazó inicialmente el gobierno federal.
