Miles en riesgo: se retrasa la ayuda de alquiler que podría evitar desalojos en L.A.
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Los Ángeles — La Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles votó este martes para retrasar la expansión propuesta del Programa de Alivio de Alquiler de Emergencia (ERRP), por un monto de $20 millones, a pesar de un contundente llamado de líderes comunitarios.
La moción, impulsada por la supervisora Lindsey P. Horvath, fue enviada al Comité de Operaciones del Condado para su revisión, con una votación final programada para el 16 de septiembre.
Antes de la sesión, líderes de diversas comunidades de Los Ángeles—incluyendo representantes musulmanes, latinos, negros, filipinos y LGBTQ—se unieron públicamente a Horvath para exigir la ampliación del ERRP. La conferencia de prensa fue organizada este pasado martes por Immigrants Are LA (IRLA), una coalición que agrupa a más de 100 organizaciones de derechos de inmigrantes, laborales y comunitarias.
Funcionarios presentaron esta semana el Fondo Libertad para Inmigrantes y Refugiados del Condado de Orange, catalogado como uno de los programas más grandes de su tipo en el estado
La propuesta buscaba ofrecer hasta $5,000 en asistencia para el pago de alquiler o hipoteca a inquilinos de bajos ingresos, sobrevivientes de incendios forestales, inmigrantes indocumentados y pequeños propietarios que están reparando viviendas asequibles dañadas.
Aunque el programa fue creado originalmente para apoyar a personas desplazadas por los incendios de enero—que destruyeron más de 11,000 viviendas y casi 2,000 negocios—se ha convertido en una herramienta clave para evitar el desplazamiento en medio de crisis superpuestas.
“Estamos enfrentando una doble crisis,” dijo Flor Melendrez, directora ejecutiva de CLEAN Carwash Worker Center durante la manifestación.
Todas las mañanas a punto de las 5, sale Jacinto Ortega de su hogar para buscar trabajo en varias Home Depot del condado de Los Ángeles, pero en estos meses el trabajo ha estado más escaso.
“Mientras los desastres naturales fueron noticia, la destrucción causada por las redadas migratorias es igual de devastadora para las familias que luchan por mantener un techo”, dijo.
IRLA y sus aliados instaron a la Junta a aprobar la moción de Horvath para aumentar el financiamiento del ERRP a $16.8 millones, argumentando que muchas familias inmigrantes quedan excluidas de la ayuda federal y dependen del apoyo local para sobrevivir.
Con las protecciones específicas por incendios vencidas en julio y un repunte de redadas federales, “pensamos que el programa debe adaptarse a las nuevas realidades. Tenemos mucha comunidad inmigrante que necesita de esta asistencia ahora”, dijo Aquilina Soriano Versoza, directora ejecutiva de Pilipino Workers Center.
En una jornada marcada por fuerza y urgencia, la Red de Respuesta Rápida del Condado de Kern y organizaciones aliadas apuntan a las inmediaciones de la antigua cárcel estatal y reclaman a las autoridades locales, estatales y federales que garanticen la protección de la salud pública, la seguridad, las normas urbanísticas y ambientales frente al intento de abrir un centro de detención de ICE.
La supervisora Horvath coincidió con esas preocupaciones: “Ninguna familia debería quedarse sin hogar por circunstancias fuera de su control. Esta expansión asegurará que nuestra infraestructura de emergencia apoye a todos los angelinos—sin importar su estatus migratorio—cuando más lo necesiten.”
A pesar del apoyo público, la Junta optó por retrasar la votación y enviar la propuesta a revisión técnica. Horvath expresó su frustración con la decisión.
“Demasiadas familias están al borde del desalojo, y la votación de hoy significa que se quedan sin la ayuda que necesitan con urgencia”, afirmó. “La vivienda es un derecho, y seguiré luchando por este programa.”
Llovía la mañana del 13 de febrero de 2025 cuando Héctor Márquez salió de su casa rumbo al trabajo sin imaginar que a unas calles de su hogar viviría una escena digna de una película de acción… o una pesadilla.
La propuesta incluía $10 millones en financiamiento inicial aprobado previamente por la Junta el 24 de junio: $1.211 millones del Plan de Rescate Estadounidense (ARPA) y $8.789 millones de la Iniciativa Community First Choice (CFCI). Otros $9.788 millones serían añadidos desde el Fondo Fiduciario de Vivienda Asequible y fondos no reclamados del Tesorero-Recaudador de Impuestos, como parte del presupuesto suplementario 2025-2026.
El Departamento de Asuntos del Consumidor y Empresariales (DCBA) fue encargado de implementar el programa en un plazo de 60 días tras su aprobación, con facultad para contratar a un administrador externo y buscar fondos adicionales de fuentes filantrópicas o de la Agencia de Soluciones de Vivienda Asequible del Condado de Los Ángeles (LACAHSA).
IRLA y los líderes comunitarios subrayan que el ERRP no es solo una solución temporal.
“Esta asistencia se podría convertir en un modelo potencial de apoyo sostenible liderado por la comunidad, y los supervisores tienen el poder de hacerlo”, dijo Nana Gyamfi, directora ejecutiva de Black Alliance for Just Immigration.
Si se aprueba el próximo 16 de septiembre, la expansión del programa podría ser un salvavidas para miles de familias que viven en la intersección de la precariedad económica, el desplazamiento y la exclusión sistémica. Por ahora, esas familias permanecen en la incertidumbre.
