Urgen a Newson firmar ley que protege información de vendedores ambulantes de ICE
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Los Ángeles — La senadora María Elena Durazo, junto a una coalición de organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes y la justicia económica, se presentaron este miércoles a Boyle Heights para instar al gobernador Gavin Newsom a firmar el proyecto de ley SB 635, conocido como la Ley de Protección para Vendedores Ambulantes.
La legislación, aprobada por la Legislatura estatal el pasado 12 de septiembre, busca proteger la información personal de los vendedores ambulantes en California para que no sea compartida con agencias federales de inmigración, como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La Corte Suprema de Estados Unidos abrió la puerta a que agentes de inmigración en el sur de California puedan detener a personas únicamente por su raza, etnicidad, idioma, ubicación u ocupación, revirtiendo fallos de tribunales inferiores que habían bloqueado esta práctica.
“Las personas inmigrantes continúan enfrentando la amenaza de la separación familiar a través de la deportación. El gobierno federal ha iniciado tácticas agresivas y violentas que están aterrorizando nuestros vecindarios”, declaró la senadora Durazo.
Durazo explicó que por ley los recursos locales del estado deben ser utilizados para el bienestar de la comunidad en lugar del refuerzo federal y ante una administración que lidera una campaña de odio inmoral.
“La SB 635 garantiza que los vendedores ambulantes tengan derechos y puedan vivir y trabajar sin temor”, dijo.
Funcionarios presentaron esta semana el Fondo Libertad para Inmigrantes y Refugiados del Condado de Orange, catalogado como uno de los programas más grandes de su tipo en el estado
El proyecto de ley prohíbe que agencias estatales o locales entreguen voluntariamente datos personales como nombres, direcciones o información de licencias a autoridades federales, a menos que exista una orden judicial válida.
La medida llega ante múltiples redadas agresivas durante el 2024 y 2025, realizadas en barrios de inmigrantes en Los Ángeles, centrándose en lugares de trabajo y hogares, incluyendo vendedores informales y propietarios de pequeños negocios.
Estas acciones generaron un temor generalizado, lo que llevó a muchos vendedores a evitar solicitar permisos o contactar con agencias municipales por temor a que sus datos pudieran conducir a la deportación.
En una jornada marcada por fuerza y urgencia, la Red de Respuesta Rápida del Condado de Kern y organizaciones aliadas apuntan a las inmediaciones de la antigua cárcel estatal y reclaman a las autoridades locales, estatales y federales que garanticen la protección de la salud pública, la seguridad, las normas urbanísticas y ambientales frente al intento de abrir un centro de detención de ICE.
Grupos como Inclusive Action for the City, CHIRLA (Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes), y la campaña California Street Vendors, entre otras, han apoyado firmemente esta legislación.
Sergio Jiménez, de Community Power Collective, que promueve la justicia social y apoya la venta ambulante, dijo que la medida es una herramienta de empoderamiento “crucial para que los vendedores puedan trabajar con seguridad y dignidad”.
“Los vendedores estarían sin riesgo de ser detenidos, enviados a una cárcel con fines de lucro y finalmente deportados. El gobierno excusa las redadas como una medida de seguridad para la comunidad, pero solo está asegurando las separaciones familiares y la inseguridad económica”, dijo Jiménez.
Un conjunto de encuestas revela una creciente desaprobación pública hacia el enfoque migratorio del presidente Donald Trump, especialmente entre independientes y votantes latinos, que rechazan su política de deportaciones masivas y exigen caminos legales más humanos.
Rosie Brown, abogada de Public Counsel, que provee servicios legales a la comunidad y promueve la igualdad, sostuvo que esta ley no solo “ayudaría a los vendedores a legalizar sus ventas en las calles sino que asiste a los trabajadores a llevar a cabo sus derechos mientras protegen su información de tácticas de ICE fuera de control”.
Si bien no se dispone de cifras exactas de vendedores ambulantes en California, se estima que decenas de miles de vendedores operan en todo el estado, con una alta concentración en el condado de Los Ángeles, con unos 50,000.
El gobernador Newsom tiene hasta el 14 de octubre para firmar o vetar el proyecto de ley. Hasta ahora, no ha indicado públicamente cuál será su decisión respecto a la SB 635.
La ley complementaría medidas existentes como la Ley de Valores de California (California Values Act), que limita la cooperación entre agencias estatales y federales en materia migratoria. Sin embargo, defensores de la SB 635 señalan que aún existen vacíos legales que permiten compartir información de vendedores ambulantes con ICE, lo cual este nuevo proyecto busca cerrar.
Para Ofelia Ruiz, una vendedora ambulante en las calles de Los Ángeles desde hace 30 años, la firma del gobernador es su salvación.
“Dependemos de nuestros trabajos para sostener a nuestras familias, pero ahora vivimos en un terror extremo que no nos permite salir a las calles a trabajar, lo que nos expone a no poder pagar nuestras facturas y perder nuestros hogares”, dijo la activista.
Asimismo, Adriana M., otra vendedora de Inland Empire, dijo que ella y su familia dependen de su negocio de comida desde hace seis años.
“Cuando llegó la pandemia nos enfrentamos a un gran desafío, pero ahora estamos enfrentando a las redadas y los secuestros de nuestras familias sin que a la administración le importe separarnos de nuestros hijos”, dijo la vendedora.
“No nos íbamos a quedar callados, por eso estamos apoyando la medida. Le pedimos a Newson que también lo haga”, sostuvo.
