ICE rompe promesa legal para inmigrantes víctimas de violencia y trata
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Los Ángeles — Sonia Batiz acaba de someter su aplicación para inmigrar a través de La visa VAWA (por la Ley de Violencia contra la Mujer), un beneficio de inmigración que permite a víctimas de violencia doméstica, agresión o crueldad extrema por parte de un cónyuge, hijo o padre ciudadano estadounidense o residente permanente legal (LPR), solicitar la residencia permanente de forma independiente, sin la participación del abusador.
Esta repetición puede resultar en la residencia permanente y permite a la víctima vivir en Estados Unidos sin el permiso o la aprobación del familiar abusador.
Sin embargo, Batiz, residente de Los Ángeles, ahora se siente en peligro, pero no por su ex pareja agresora, sino por la ley federal, que no está a esperando a que las víctimas resuelvan sus casos de manera legal, sino que las están deteniendo.
Mientras el Congreso vuelve a fracasar en llegar a un acuerdo presupuestal y el gobierno federal entra en cierre (“shutdown”), las comunidades inmigrantes en todo el país se preparan para una cascada de efectos dañinos.
“Tengo miedo de ser deportada. Este es el miedo de todo inmigrante… la separación de mis hijos”, dijo Batiz.
“Aunque mis hijos son adultos jóvenes, los hijos siempre necesitan de sus padres. Y es cruel que por acciones de mi ex pareja, yo esté en riesgo”, dijo la inmigrante mexicana, quien radica en Estados Unidos desde hace 20 años.
A raiz de personas como Batiz y otras que ya han sido detenidas por las autoridades de inmigración, un escándalo legal estalla en Los Ángeles: un grupo de supervivientes inmigrantes, víctimas de violencia doméstica, trata de personas y otros crímenes atroces, junto con organizaciones solidarias, han presentado una demanda acusando al gobierno de Estados Unidos de haber traicionado su palabra.
Las luces se apagan y el escenario brilla de expectación.
Lo grave: aquellos que se arriesgaron a denunciar a sus agresores están siendo arrestados, encarcelados y deportados, pese a tener protecciones legales prometidas, alegan activistas.
La demanda, presentada el 14 de octubre de 2025 en el Tribunal de Distrito del Distrito Central de California, desafía una nueva política de ICE instaurada en 2025 que permite, por primera vez en décadas, el encarcelamiento masivo y deportación de sobrevivientes inmigrantes.
A juicio de los demandantes, esta política es una traición a las protecciones diseñadas por el Congreso para resguardar a las personas más vulnerables.
La abogada de inmigración Denise Cabrera jamás imaginó encontrar su nombre y fotografía circulando en una cuenta de WhatsApp que ofrecía “asesoría legal” y pedía pagos a supuestos clientes.
Lo que está en juego
El litigio denuncia dos prácticas que han sido habilitadas por la nueva política:
* ICE encierra y deporta inmigrantes que ya tienen protección legal establecida.
* ICE expulsa a víctimas de trata u otros crímenes sin revisar si califican para protecciones especiales promovidas por el Congreso.
Los demandantes exigen que se restablezcan los derechos garantizados por la ley y que se detenga inmediatamente la amenaza constante de deportación para quienes reclaman protección.
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Yessenia Ruano, quien llegó en 2011 huyendo de violencia, relató cómo agentes le anunciaron su deportación durante su primer encuentro oficial.
“En la primera verificación, los agentes me dijeron que sería deportada. Dijeron que si yo no me presentaba por mi cuenta, me rastrearían y me encontrarían, y que yo sería separada de mis hijas, detenida y deportada… Estaba en crisis, porque tampoco podía soportar que me quitaran a mis hijos y me encarcelaran”, dijo Ruano.
Mientras tanto Jackie Merlos, madre de hijos ciudadanos estadounidenses, hizo eco de los sentimientos de Ruano en su propia experiencia.
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“Me sentía segura aquí … Aunque nunca he cometido ningún delito, me llevaron con mis cuatro hijos a una prisión de inmigración … mientras mis hijos sollozaban, [el agente] nos dijo: ‘¿Saben por qué están aquí? Porque son delincuentes.’ … Yo no me voy a callar. Yo no soy criminal.”
Historias como estas ya no pueden ser ignoradas, de acuerdo a los denunciantes.
¿Por qué ocurre esto ahora?
Desde 2000, el Congreso creó los programas de visas U y T, además de reforzar VAWA, para ofrecer un refugio legal a quienes denunciaban violencia y crimen. Pero según los demandantes, la administración actual está desmantelando esas salvaguardas esenciales, convirtiendo en criminales a quienes sólo buscaban justicia.
Cuando Julio Alberto Ramos escuchó por primera vez que un candidato a presidente, en aquel entonces Donald Trump, acusó a los inmigrantes mexicanos de ser criminales, le ofendió este ataque.
Las organizaciones demandantes, entre ellas Immigration Center for Women and Children (ICWC), el California Collaborative for Immigrant Justice (CCIJ), la Coalition for Humane Immigrant Rights (CHIRLA) y el La Raza Centro Legal (LRCL), han dado un paso al frente para proteger a sus comunidades.
Y los abogados involucrados subrayan la gravedad: esto no es una falla aislada de política, sino una crisis de derechos humanos, dijeron.
“La campaña de deportación masiva e ilegal de Donald Trump está perjudicando a supervivientes de crímenes y trata a través de arrestos, encarcelamientos y deportaciones que están destruyendo vidas y familias”, dijo Erika Cervantes, abogada en el Center for Human Rights and Constitutional Law.
“Nuestra demanda exige que el gobierno respete los derechos legales y las protecciones de personas valientes que se presentaron para hacer nuestras comunidades más seguras”, sostuvo la abogada.
Rebecca Brown, abogada supervisora del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de Public Counsel, señaló que el Congreso creó estas protecciones para mantener a las personas seguras y para reafirmar que en los Estados Unidos, todos tienen derecho a acceder al sistema de justicia penal.
“Ahora, debido a las acciones ilegales de esta administración, los inmigrantes no están denunciando crímenes violentos, incluyendo violencia doméstica, violación, trata de personas y asalto, por miedo a ser entregados a la máquina de deportación. Peor aún, los sobrevivientes están siendo separados de sus familias, y en algunos casos, enviados directamente de regreso a sus agresores”, dijo Brown.
Mientras tanto, la demanda exige que la administración respete la ley, restaure esas protecciones tan costosas en la lucha social, y responda finalmente por cada vida destrozada. Esta confrontación legal podría definir el futuro de miles de sobrevivientes inmigrantes.
“El propósito fundamental de estas formas de alivio es proporcionar a los sobrevivientes de violencia no ciudadanos aquí en los Estados Unidos un medio para sentirse seguros mientras buscan justicia”, dijo Jordan Weiner, directora legal del Programa de Defensa Contra la Deportación en La Raza Centro Legal.
“El despojar arbitraria e ilegalmente estas protecciones no solo es cruel, sino que cultiva una cultura del miedo donde los sobrevivientes de violencia se verán obligados a esconderse de las instituciones destinadas a protegerlos y, posteriormente, a castigar a quienes ya, de buena fe, se han presentado con la separación familiar y la violencia encontrada en la detención de ICE”, añadió.
Jessica Farb, directora adjunta del Immigration Center for Women and Children, dijo que durante más de una generación, desde que el Congreso aprobó por primera vez la Ley de Violencia contra la Mujer en 1994 y fortaleció estas protecciones mediante reiteradas reautorizaciones, los sobrevivientes inmigrantes de violencia y trata han confiado en la promesa de seguridad y justicia.
Sostuvo que su organización ha visto cómo estas salvaguardas empoderan a los sobrevivientes para que se presenten, busquen ayuda y reconstruyan sus vidas.
“Las políticas actuales no solo rompen esa promesa, sino que también amenazan décadas de progreso y la seguridad de comunidades enteras. Instamos a la administración a honrar la ley y restaurar las protecciones de las que los sobrevivientes y sus familias han dependido durante más de treinta años”, dijo.
