El condado de Los Ángeles declara estado de emergencia ante redadas de ICE
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Los Ángeles — En una votación de 4 a 1, la Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles aprobó el martes una declaración de estado de emergencia local en respuesta a las recientes redadas federales de inmigración que han alterado la vida de muchas familias inmigrantes.
Según cifras citadas por KABC y otros medios, desde el 6 de junio ICE (Inmigración y Control de Aduanas) y CBP (Aduanas y Protección Fronteriza) han realizado unos 4,163 arrestos en el área de Los Ángeles.
Sonia Batiz acaba de someter su aplicación para inmigrar a través de La visa VAWA (por la Ley de Violencia contra la Mujer), un beneficio de inmigración que permite a víctimas de violencia doméstica, agresión o crueldad extrema por parte de un cónyuge, hijo o padre ciudadano estadounidense o residente permanente legal (LPR), solicitar la residencia permanente de forma independiente, sin la participación del abusador.
Ante las cifras, la declaratoria otorga al condado mayor flexibilidad para movilizar recursos, acelerar la entrega de fondos y ampliar el alivio de renta para los inquilinos afectados. También permitirá que el condado agilice contrataciones, compras y solicitudes de ayuda estatal y federal.
Aunque la decisión no establece automáticamente una moratoria de desalojos, deja abierta la posibilidad de que la Junta vote esa medida en una sesión futura.
Las luces se apagan y el escenario brilla de expectación.
“Me da gusto que nuestros oficiales electos estén protegiendo a nuestra comunidad inmigrante”, dijo Josefina Paredes, residente del condado.
“Esperamos que las autoridades locales trabajen en conjunto con estas protecciones y las familias no nos veamos en problemas económicos como ya muchas lo están teniendo”, dijo Paredes en su ruta a su trabajo en la limpieza de hogares.
La abogada de inmigración Denise Cabrera jamás imaginó encontrar su nombre y fotografía circulando en una cuenta de WhatsApp que ofrecía “asesoría legal” y pedía pagos a supuestos clientes.
Contexto e implicaciones
Las redadas de ICE en el condado han generado un clima de temor entre las comunidades inmigrantes, con efectos visibles en la asistencia al trabajo, el cierre temporal de negocios y el acceso a servicios públicos. Según documentos del condado, estas acciones han contribuido a la inestabilidad económica de barrios donde muchas personas han dejado de salir de sus casas.
En uno de los informes presentados ante la Junta, se citó una estimación de pérdidas de hasta 275 millones de dólares en producto interno bruto regional como resultado del impacto de las redadas.
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La moción fue impulsada por las supervisoras Lindsey Horvath y Janice Hahn, quienes defendieron la urgencia de actuar con rapidez para proteger a las familias en riesgo.
“No permaneceremos de brazos cruzados mientras el miedo y el caos se propagan por nuestros vecindarios. Cuando nuestros vecinos inmigrantes son blanco, todo nuestro condado lo siente en los lugares de trabajo, en nuestras escuelas y en nuestros hogares”, dijo Horvath durante la rueda de prensa.
Un día común y corriente, Ghecemy López contestó el teléfono para escuchar del otro lado de la línea: “Usted ha sido diagnosticada con cáncer del seno”.
“A cada familia que vive con incertidumbre: no están solos. El condado de Los Ángeles te ve y te valora”, expresó la supervisora enfatizando que anteriormente el condado ha declarado emergencias en problemas como los incendios y la indigencia.
Asimismo, la supervisora Hahn sostuvo que las redadas son una emergencia “creada por el gobierno federal”.
“Estas redadas de ICE son ilegales, ellos no están deteniendo criminales, están deteniendo gente por su color, por donde trabajan, su acento. Mi oficina ha estado recibiendo llamadas de gente cuyos seres amados no llegaron al hogar. Familias sin padres y sin forma de pagar la renta o la comida en la mesa”, dijo Hahn.
Voto en contra y retos legales
La única oposición provino de la supervisora Kathryn Barger, quien cuestionó si las redadas cumplen los criterios para que un asunto local sea considerado emergencia. Barger advirtió que la declaración de emergencia “podría generar desafíos legales”, especialmente si se deriva en medidas que afectan a propietarios de vivienda.
Los asesores legales del condado han señalado que cualquier moratoria de desalojo debe ser limitada en tiempo y ámbito, para equilibrar la protección de inquilinos con los derechos de los propietarios.
Próximos pasos y reacciones comunitarias
En los próximos días, se espera que la Junta de Supervisores considere una moratoria de desalojo dirigida a quienes demuestren estar afectados por las redadas de inmigración.
Las agencias del condado deberán montar los sistemas administrativos para distribuir el alivio de renta y apoyo legal, incluyendo un portal en línea para aplicar en un plazo estimado de dos meses.
El anuncio coincidió con la presencia de la coalición Immigrants Are Los Angeles (IRLA), que desde hace semanas ha instado a adoptar medidas de emergencia para proteger a familias excluidas de ayudas federales.
Organizaciones como LA Tenants Union, CHIRLA, Care LA, Translatina Coalition se unieron al movimiento, entre otras.
Bambi Salcedo, presidenta y directora ejecutiva de Translatina Coalition, pidió el apoyo al movimiento histórico.
“Cuando el gobierno federal se presenta para atemorizar a la comunidad, es el trabajo de nuestros políticos locales avanzar y votar en esta iniciativa. Las familias que están siendo separadas también son personas trans y personas intersexo que son parte de esta comunidad”, dijo Salcedo.
