“We the People” lanza campaña que exige al Congreso actualizar registro de inmigración anticuado
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Los Ángeles — La Coalición We the People anuncia el inicio de su campaña nacional “2 Millones de Cartas por la Justicia”, que busca presionar al Congreso de Estados Unidos para que impulse reformas urgentes al sistema migratorio estadounidense descrito como “roto y anticuado”.
El eje principal de la iniciativa es actualizar la fecha del denominado “registro” migratorio (registry), una medida que, según la coalición, permitiría la vía hacia la estabilidad para millones de residentes de largo plazo.
Para movilizar apoyo público y llevar directamente el mensaje a los legisladores, la coalición inició una gira que atravesará el país, comenzando en San Diego el 10 de noviembre de 2025, y que culmina en la capital federal el 17 de noviembre con la entrega de las cartas recolectadas.
En una sesión legislativa histórica, la senadora María Elena Durazo (D-Los Ángeles) celebró recientemente la firma de once proyectos de ley que representaron una victoria para familias trabajadoras, inmigrantes y comunidades en todo el estado.
Según el comunicado de la organización, se harán conferencias de prensa y mítines en ciudades clave durante el trayecto.
“Nuestro sistema migratorio está fundamentalmente roto, congelado hace casi cuatro décadas, mientras millones de familias viven con miedo”, declaró un portavoz de la coalición.
La última vez que se actualizó el registro fue en 1986 bajo el presidente Ronald Reagan.
“Es poco estadounidense forzar a nuestros vecinos que han construido sus vidas, criado familias y contribuido a nuestras comunidades durante décadas, a vivir en perpetua incertidumbre. Viajamos por todo el país para llevar las voces de millones directamente a los escalones del Congreso. Es hora de que actúen”, dijo el portavoz.
“Numerosos residentes, sindicatos, grupos de fe y organizaciones comunitarias se presentaron exigiendo que la ciudad de Garden Grove comience a tomar medidas para apoyar los derechos y la dignidad de todos”,
Un sistema anticuado que causa daño real
La disposición del “registro” migratorio permite que personas que han vivido en EE.UU. desde una fecha límite fijada (actualmente el 1 de enero de 1972) puedan solicitar residencia permanente legal.
Esa fecha tan antigua, establecida en la reforma migratoria de 1986 (“Immigration Reform and Control Act of 1986”), hace que la mayoría de la población indocumentada no pueda beneficiarse del mecanismo.
Según plataformas de defensa de derechos migratorios, actualizar la fecha del registro podría dar una vía hacia la legalización de hasta 8 millones de personas que viven en EE.UU. sin estatus fijo, muchas de ellas con arraigo profundo en sus comunidades.
Las luces se apagan y el escenario brilla de expectación.
La campaña también señala que más de 22 millones de estadounidenses viven en hogares con estatus mixto, por ejemplo, hijos ciudadanos con al menos un padre indocumentado, y que leyes punitivas como la Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act of 1996 han creado barreras insuperables, separan familias y obligan a ciudadanos a vivir con temor.
La propuesta legislativa que impulsan incluye no solo la actualización del registro, sino también el apoyo a proyectos como el American Families United Act (H.R. 2366), que busca facilitar que familias con estatus mixto puedan permanecer juntas. Conjuntamente, estos mecanismos podrían abrir vía para legalización de soñadores (“Dreamers”), titulares de TPS y otros residentes de largo plazo.
La iniciativa no sólo cuenta con un respaldo de la sociedad civil, sino también con el apoyo de miembros clave del Congreso. Como afirmó la congresista Norma Torres (D-CA) en su página web.
La abogada de inmigración Denise Cabrera jamás imaginó encontrar su nombre y fotografía circulando en una cuenta de WhatsApp que ofrecía “asesoría legal” y pedía pagos a supuestos clientes.
“En los Estados Unidos dependemos del trabajo y los esfuerzos de los inmigrantes, pero nuestro roto sistema de inmigración ha fallado a estos hombres y mujeres trabajadores. Se merecen algo mejor, y este proyecto de ley histórico… ofrecería un camino hacia el estatus legal permanente e incluso la ciudadanía para tantos”, dijo Torres.
Asimismo, el congresista Lou Correa (D-CA) declaró que después de 36 años de inacción y promesas rotas, “ya es hora de que este Congreso actúe y entregue una reforma migratoria significativa a las comunidades que más la necesitan, y de las que nuestro país depende”.
“Numerosos residentes, sindicatos, grupos de fe y organizaciones comunitarias se presentaron exigiendo que la ciudad de Garden Grove comience a tomar medidas para apoyar los derechos y la dignidad de todos”,
Gira nacional: de San Diego a Washington
La ruta de la gira inició el 10 de noviembre y pasará por grandes ciudades de Estados Unidos, con actos de recolección de cartas, mítines y ruedas de prensa. El objetivo es culminar en Washington D.C. el 17 de noviembre, donde entregarán las 2 millones de cartas dirigidas a los legisladores del Congreso.
Las rutas son:
● Nov. 10, 8:30 AM: Chicano Park, San Diego, CA
● Nov. 10, 12:30 PM: Placita Olvera, Los Angeles, CA
● Nov. 11: Las Vegas, NV
● Nov. 12, 8:30 AM: Denver, CO
● Nov. 13, 9:00 AM: Chicago, IL
● Nov. 14, 9:00 AM: New York, NY
● Nov. 15, 9:00 AM: Philadelphia, PA
● Nov. 17, 10:00 AM: Capitol Hill, Washington D.C.
La coalición busca no solo sumar números, sino visibilizar la demanda de actualización del registro y una reforma migratoria integral que reconozca a quienes han vivido y contribuido al país pese a la ausencia de un estatus legal formal.
Reacción política y desafíos
Aunque la campaña arranca con fuerza, el camino legislativo presenta obstáculos. Reformas migratorias amplias han sido esquivas en el Congreso durante años, y la actualización del registro ha sido promovida desde organizaciones como Coalition for Humane Immigrant Rights of Los Angeles (CHIRLA) y otras que advierten que por casi 40 años el Congreso no ha actualizado la ley de inmigración.
El hecho de que la fecha actual sea de 1972 deja claro que sin acción legislativa, millones seguirán excluidos de un mecanismo que en teoría existe pero que en la práctica no les sirve. Una actualización requeriría voluntad política, acuerdos partidistas y superación de divisiones profundas en materia migratoria.
¿Por qué importa?
Para muchas familias, esta reforma significaría dejar de vivir en la sombra, reducir el temor a la deportación, estabilizar su vida laboral y familiar, y contribuir plenamente al país sin la carga permanente de la incertidumbre. También podría tener implicaciones económicas: algunas estimaciones señalan que legalizar millones de residentes indefinidos podría generar miles de millones de dólares en economía y recaudación tributaria, sostiene CHIRLA.
Además, en términos de justicia social, la actualización del registro es vista como un “gesto de reconocimiento” a quienes han vivido en EE.UU. de facto como americanos, pero sin el estatus legal correspondiente.
