Tras las redadas inquilinos piden protección: condado de L.A. demora ayuda
- Share via
Los Ángeles — Decenas de personas del grupo EVICT ICE, NOT US se congregaron este pasado martes frente a la reunión del concejo de supervisores del condado de Los Ángeles para exigir “protecciones reales contra desahucios” antes de que entren en receso por las fiestas.
Algunos activistas ingresaron al recinto y fueron retirados tras interrumpir la sesión. Las familias migrantes han pedido una moratoria de desalojos desde que comenzaron las redadas en junio, pero hasta ahora los Supervisores han ignorado la creciente crisis financiera y emocional que enfrentan, sostienen.
A mitad de noviembre de 2025, el DHS publicó una propuesta regulatoria que busca derogar la norma vigente desde 2022 sobre la inadmisibilidad por “carga pública” (public charge), y si se aprueba, esta reemplazarla con un estándar mucho más amplio y discrecional para evaluar solicitudes de residencia permanente (green card).
Durante la protesta, hablaron varias personas afectadas, incluyendo inquilinos inmigrantes que sufren enormes dificultades económicas tras las redadas de ICE.
Betty Hernández, miembro de la organización CLEAN Carwash Worker Center, dijo que los últimos meses han sido especialmente difíciles para su familia.
“Los agentes migratorios han estado enfocándose en los negocios de lavado de autos, lo que ha tenido un impacto significativo para nosotros. El trabajo de mi esposo ha disminuido; cuando los agentes están cerca, el negocio a menudo cierra por miedo a ser blanco”, dijo Hernández.
El programa piloto de EBT para frutas y verduras de CalFresh ha sido reactivado justo antes de las celebraciones navideñas, tras una alianza entre la senadora Laura Richardson, y las organizaciones Fullwell, Nourish California, el Centro para la Salud Comunitaria de la UC San Diego y Mother’s Nutritional Center.
Además, la madre de familia sostiene que debido a las redadas, la clientela ha bajado porque muchas personas tienen miedo de salir.
“Vivimos con un temor constante, con estrés por la posibilidad de que lo agarren a uno, lo que nos afecta económica y emocionalmente. Hemos tenido que pedir préstamos para cubrir gastos básicos, uno de los costos más grandes es la renta”, dijo la inmigrante.
Antonio Martínez, activista de Community Power Collective, sostuvo que en septiembre se ganó una moción y se aprobaron 30 millones de dólares en asistencia para renta.
“Numerosos residentes, sindicatos, grupos de fe y organizaciones comunitarias se presentaron exigiendo que la ciudad de Garden Grove comience a tomar medidas para apoyar los derechos y la dignidad de todos”,
“Pero, ¿de qué sirve ese dinero si los inquilinos sólo pueden acceder cuando el arrendador acepta? Si el dueño se rehúsa, aún podemos ser desalojados, aún pueden sacarnos, y aun así pueden poner la unidad a precio de mercado. Eso no es protección. Eso es una trampa”, dijo Martínez.
Recientemente, la Junta aprobó casi 30 millones de dólares en ayuda de emergencia para renta y acordó explorar protecciones contra desalojos. Aun así, muchos sienten que la acción es insuficiente si no va acompañada de medidas concretas y ejecutables.
Hoy el clamor se escucha más fuerte que nunca: renta con ayuda no basta, dice la comunidad, se requieren protecciones reales contra desalojos ahora mismo.
En una sesión legislativa histórica, la senadora María Elena Durazo (D-Los Ángeles) celebró recientemente la firma de once proyectos de ley que representaron una victoria para familias trabajadoras, inmigrantes y comunidades en todo el estado.
José Hernández, de Somos Los Callejones, L.A. Tenants Union, dijo que se les ha “dañado no solo como personas, sino como inquilinos y pequeños negocios”.
“Somos Los Callejones representa a unas 5,000 familias que dependen de nuestro negocio en Santee Alley”, dijo Hernández.
La coalición pide que la Junta apruebe una moción definitiva el próximo 9 de diciembre, en su última reunión del año, en representación de decenas de organizaciones que defienden a las familias inmigrantes, trabajadoras y de clase trabajadora del Condado de Los Ángeles.
Las luces se apagan y el escenario brilla de expectación.
En septiembre, como respuesta a la presión de inquilinos inmigrantes organizados, los supervisores aprobaron una moción para explorar opciones de una moratoria de desalojos; y en octubre declararon un estado de emergencia, lo que les da autoridad para aplicar amplias protecciones contra desalojos en las 88 ciudades y en las zonas no incorporadas del condado de Los Ángeles. Desde entonces, han dilatado su implementación.
En sus declaraciones, las supervisoras a favor culparon al Servicio de Inmigracion y Control de Aduanas (ICE) sobre la economía local.
La supervisora Lindsey P. Horvath (D-3), dijo que desde junio las redadas de ICE han “detenido a miles, expandiendo el miedo y desestabilizando comunidades enteras en todo el condado”.
Indicó que “muchas familias ahora temen salir, trabajar, asistir a la escuela o incluso hacer compras básicas, y que ese miedo se traduce en “dificultad económica real, riesgo de desalojo y pérdida de hogares”.
Además, Horvath señaló la aprobación de casi 30 millones en ayuda de alquiler, para personas desplazadas por incendios, inmigrantes afectados por las redadas y otros con dificultades económicas, y que ese alivio en renta debía ir acompañado de protecciones contra desalojos.
La supervisora Janice Hahn (D-4), dijo que las redadas representan una “crisis creada por el propio gobierno federal”. Agregó que el condado tenía casos de “familias que regresan a casas vacías, padres que no llegan a casa, sin ingresos, sin forma de pagar renta o comida” y que veían urgente declarar emergencia local.
La Junta votó 4-1 a favor de declarar un estado de emergencia local, lo que abre la puerta a medidas como ayuda de renta, servicios legales y eventualmente una moratoria de desalojos para quienes hayan perdido ingresos por las redadas.
Sin embargo, el nuevo programa de asistencia para alquileres del condado aún no ha comenzado a distribuir fondos a inquilinos afectados por los incendios de enero o por las redadas de ICE, que comenzaron en junio.
Muchas personas han perdido sus hogares desde entonces, alegan los activistas.
Cuando el programa se active, sólo los propietarios, no los inquilinos, podrán presentar solicitudes. Los dueños pueden rechazar la ayuda para el pago de renta, y con frecuencia lo hacen con el objetivo de desalojar a inquilinos con alquileres por debajo del mercado, para luego ofrecer esos apartamentos a precios más altos.
En 2021, el 86 % de los abogados encuestados por el National Housing Law Project observaron que los propietarios se negaron a solicitar los fondos, o que aceptaron la asistencia de renta y aun así procedieron con desalojos.
