Coalición y grupos jurídicos piden a la Corte Suprema defender la ciudadanía por nacimiento
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Los Ángeles — Una amplia coalición conformada por gobiernos municipales y condales, organizaciones de derechos civiles, fiscales generales estatales y legisladores presentó esta semana escritos amicus curiae ante la Corte Suprema de Estados Unidos, instando a los jueces a proteger la ciudadanía por nacimiento y rechazar una orden ejecutiva que busca limitarla.
Los documentos legales se suman a la creciente oposición al decreto presidencial del 20 de enero de 2025, emitido por el presidente Donald Trump, que intenta negar la ciudadanía automática a casi todos los niños nacidos en el país si sus padres no son ciudadanos o residentes permanentes legales.
Un análisis reciente publicado por la organización FWD.us muestra que la participación en el programa 287(g) de ICE ha crecido más de un 900 por ciento durante el segundo mandato de Donald Trump, lo que ha ampliado de manera significativa el alcance de la agencia migratoria federal.
Los firmantes sostienen que la medida entra en conflicto con la Constitución y tendría efectos perjudiciales para comunidades enteras si se permitiera su aplicación.
Entre quienes presentaron argumentos ante la Corte están más de 140 gobiernos locales y condales, además de coaliciones de organizaciones defensoras de derechos civiles.
“El intento sin fundamento de la administración de eliminar la ciudadanía por nacimiento es claramente ilegal”, dijo Jill Habig, directora ejecutiva de Public Rights Project.
Mientras el Congreso negocia el presupuesto federal, una coalición de organizaciones de defensa infantil advierte sobre los efectos del financiamiento de ICE en los niños y sus familias.
“Esta orden ejecutiva no se trata solo de la ley, se trata de quién puede ser estadounidense. Va a fracturar comunidades, frenar el crecimiento económico y arrojar a los niños a una inestabilidad de por vida. Las ciudades están unidas para garantizar que todos los que nazcan aquí tengan pleno acceso a los derechos y protecciones de nuestra Constitución”, sostuvo.
A su vez, fiscales generales de múltiples estados se han unido a la defensa, sosteniendo que la cláusula de ciudadanía de la 14.ª Enmienda garantiza la nacionalidad a cualquier persona nacida en suelo estadounidense, independientemente del estatus migratorio de sus padres.
Los defensores de la ciudadanía por nacimiento afirman que la orden ejecutiva contradice más de un siglo de interpretación legal y de precedentes judiciales.
A partir del primero de enero de 2026, el programa Medi-Cal de California ajustará cómo y quiénes pueden inscribirse por primera vez, debido a una congelación de nuevas inscripciones para adultos indocumentados mayores de 19 años.
Señalan que la 14.ª Enmienda, ratificada tras la Guerra Civil, fue diseñada para asegurar que quienes nacen en Estados Unidos sean ciudadanos, sin distinción, y que cualquier cambio en ese principio sólo puede hacerse mediante una enmienda constitucional.
“La ciudadanía por nacimiento no es una moneda de negociación política. Es una garantía constitucional”, dijo Celina Stewart, directora ejecutiva de la League of Women Voters.
“El intento de la administración de eliminar la ciudadanía por nacimiento es un ataque a todos los estadounidenses, especialmente a los estadounidenses negros, y una peligrosa escalada en el esfuerzo por redefinir quién pertenece a nuestra democracia”, sostuvo.
Las luces se apagan y el escenario brilla de expectación.
Además de los gobiernos locales y fiscales estatales, grupos de derechos civiles como la American Civil Liberties Union (ACLU), junto con organizaciones aliadas, han protagonizado demandas colectivas que lograron que tribunales federales suspendieran temporalmente la ejecución de la orden en todo el país.
En uno de estos casos, un juez de Nueva Hampshire emitió una medida cautelar que protege de forma nacional los derechos de los niños que serían afectados, certificando una demanda colectiva en su favor.
La Corte Suprema aceptó revisar el caso, conocido como Trump v. Barbara, y se espera que los argumentos orales se presenten próximamente durante su periodo de sesiones de primavera.
A juicio de Mona Tawatao, directora legal de Equal Justice Society, “la ciudadanía por nacimiento es el salvaguardo que evita que Estados Unidos se convierta en una sociedad de castas racializadas donde el gobierno decide quién cuenta y quién no”.
“Garantiza que cada niño nacido aquí, sin importar su raza o el estatus de sus padres, ingrese a nuestra democracia como un igual. Debemos reconocer y proteger este derecho fundamental consagrado desde hace mucho tiempo no como una regla técnica, sino como la expresión constitucional de la democracia multirracial que todos nuestros hijos merecen”, añadió.
La decisión que tome el máximo tribunal podría tener un impacto profundo en cómo se interpreta la cláusula constitucional de ciudadanía y en el futuro de la política migratoria estadounidense.
