“Se llevaron a mi esposo y destrozaron a mi familia”: Trabajadores lava carros pagan el precio de las redadas
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Los Ángeles — Hace un año, una jornada laboral común se convirtió en una pesadilla para cientos de trabajadores de lavado de autos en Los Ángeles. Lo que comenzó como una serie de operativos migratorios terminó dejando familias rotas, padres deportados, hijos sin sustento y comunidades enteras viviendo con miedo.
Este martes, trabajadores, familiares y activistas se reunieron frente al Crenshaw Imperial Car Wash para recordar el primer aniversario de las redadas que, según organizaciones de defensa laboral, dejaron cientos de personas detenidas y cambiaron para siempre la vida de numerosas familias inmigrantes.
Organizaciones comunitarias sostienen que más de un centenar trabajadores lava carros fueron intervenidos y resultaron afectados.
El miedo, la indignación y la desconfianza se apoderaron de miles de familias del Condado de Orange luego del desastre químico relacionado con la empresa aeroespacial GKN Aerospace, incidente que provocó evacuaciones masivas y dejó a comunidades enteras cuestionando cómo una instalación de este tipo sigue operando tan cerca de hogares y escuelas.
“Se llevaron a mi esposo de su trabajo, lo mantuvieron incomunicado durante días y lo obligaron a firmar su propia deportación”, relató Noemí, cuya familia quedó separada tras el operativo.
“Ahora mis cuatro hijos y yo estamos pagando las consecuencias de una injusticia que podría perseguirnos durante años. No podemos esperar una década para que llegue la justicia”, dijo la madre de familia.
Entre lágrimas y con la voz entrecortada, familiares denunciaron que las secuelas continúan mucho después de que las patrullas desaparecen. Muchas familias enfrentan gastos legales que ascienden a miles de dólares, mientras intentan sobrevivir con menos ingresos y bajo la incertidumbre de los procesos migratorios.
Un fallo de un tribunal federal está devolviendo la esperanza a miles de sobrevivientes inmigrantes de violencia doméstica, trata de personas y delitos violentos, luego de que un juez restaurara temporalmente protecciones legales clave que, según defensores de los derechos de los inmigrantes, habían sido eliminadas a principios de este año.
Mario, quien no quiso dar su identidad por temor a las autoridades federales, trabajó más de una década en la industria del lavado de autos, recordó las condiciones que enfrentó tras ser detenido.
“Me hicieron dormir durante una semana en el piso frío, sin cobija y sin artículos básicos de higiene. Vi personas enfermas sin recibir atención médica”, aseguró.
“Me negué a firmar mi deportación y sigo peleando mi caso, pero los costos legales están ahogando a mi familia. La gente cree que salir de detención significa recuperar la libertad, pero la batalla apenas comienza”, dijo el inmigrante.
Una nueva tragedia sacude al sistema migratorio de Estados Unidos.
La organización CLEAN Car Wash Worker Center, que representa a trabajadores del sector, afirma que la industria emplea a miles de inmigrantes en el condado de Los Ángeles y que desde el inicio de las redadas ha tenido que destinar recursos de emergencia para apoyar a familias afectadas.
De acuerdo con CLEAN, desde entonces la organización ha ayudado a gestionar la liberación de más de 40 trabajadores detenidos y continúa brindando asistencia económica de emergencia y apoyo legal a quienes siguen enfrentando procesos de detención o deportación.
“Lo que vimos fue terror. Trabajadores que salieron a ganarse el pan y nunca regresaron a casa esa noche”, declaró Flor Melendrez, directora ejecutiva de la organización. “Pero también vimos cómo las familias se organizaron para resistir”.
Conocido como “la ensalada del mundo”, el Valle de Salinas produce frutas y verduras que alimentan a millones de personas y sostiene una industria agrícola multimillonaria.
Según estimaciones de la organización, en el condado de Los Ángeles operan aproximadamente 500 negocios de lavado de autos que emplean a cerca de 10,000 trabajadores, la gran mayoría de ellos inmigrantes. CLEAN asegura que al menos 107 establecimientos han sido objeto de redadas y que unas 373 personas, en su mayoría trabajadores latinos, han sido detenidas desde que comenzaron los operativos.
Mientras las heridas siguen abiertas, legisladores estatales analizan una propuesta para crear un fondo de emergencia destinado a reemplazar ingresos perdidos por trabajadores afectados por operativos migratorios. Para muchas familias, esa ayuda podría marcar la diferencia entre conservar o perder su hogar.
El Fondo de Emergencia por Operativos de Inmigración, del asambleísta Rober Garcia, permitiría otorgar apoyo económico temporal a trabajadores que hayan perdido ingresos debido a acciones federales de inmigración o a familiares de personas detenidas o deportadas.
El proyecto también establece requisitos específicos para la recopilación, protección y uso de información personal de los solicitantes. Entre otras medidas, exige que el EDD implemente salvaguardas para prevenir el acceso o uso no autorizado de dichos datos. La información personal y los documentos presentados para solicitar beneficios serán confidenciales y estarán exentos de divulgación pública en los casos previstos por la ley.
La propuesta forma parte de las negociaciones presupuestarias del estado, cuyo plazo de aprobación concluye el 15 de junio.
A un año de las redadas, el miedo sigue presente en muchos centros de trabajo. Sin embargo, quienes se reunieron este martes enviaron un mensaje claro: no están dispuestos a guardar silencio mientras continúan luchando por reunificar a sus familias y reconstruir sus vidas. Para donar para los servicios de los trabajadores afectados, ingresar al: https://buy.stripe.com/eVq3cxcs54CC7IL3sT4ko01
