Fallo obliga a ICE a mejorar condiciones en el Centro de Procesamiento de Adelanto
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Los Ángeles — Un juez federal ordenó al gobierno de Estados Unidos implementar cambios inmediatos en las condiciones del Centro de Procesamiento de ICE en Adelanto, al concluir que las personas detenidas enfrentan condiciones que, de manera preliminar, vulneran sus derechos constitucionales.
La resolución representa uno de los reveses judiciales más importantes para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) este año.
“A ustedes, los asesinos de mi hijo, quiero decirles una cosa: no solo le quitaron la vida a Edgar.
Además de ordenar mejoras inmediatas dentro del centro, la jueza federal Sunshine Sykes autorizó provisionalmente que la demanda avance como una acción colectiva, lo que extiende la protección judicial a todas las personas que actualmente permanecen o lleguen a ser detenidas en la instalación mientras el caso sigue su curso.
El fallo obliga a las autoridades migratorias a garantizar acceso a agua potable, alimentos adecuados, atención médica suficiente, condiciones sanitarias dignas, ropa y cobijas acordes con las temperaturas del desierto, así como tiempo diario para recreación al aire libre.
En una decisión considerada histórica, la Corte Suprema de Estados Unidos ratificó este martes el derecho a la ciudadanía por nacimiento, rechazando el intento del presidente Donald Trump de restringir ese beneficio mediante una orden ejecutiva.
También restringe el uso del aislamiento administrativo y ordena al gobierno presentar, en un plazo de dos semanas, un plan para corregir las deficiencias en la atención médica y los servicios para personas con discapacidad.
“Detrás de las cercas de alambre de púas de Adelanto, las personas han soportado condiciones tan graves que, tan sólo en los últimos seis meses, cuatro personas han perdido la vida allí”, dijo Álvaro M. Huerta, director de Litigios y Defensa del Immigrant Defenders Law Center (ImmDef).
“Estas muertes pudieron haberse evitado. Agradecemos que una corte federal haya actuado para garantizar que quienes permanecen detenidos en Adelanto cuenten ahora con protecciones básicas y reciban atención médica adecuada. Celebramos esta resolución, al tiempo que lamentamos el sufrimiento que esta administración sigue causando a tantas familias”, dijo el activista.
Hace un año, una jornada laboral común se convirtió en una pesadilla para cientos de trabajadores de lavado de autos en Los Ángeles.
Como parte de las medidas, dos supervisores independientes verificarán el cumplimiento de la orden mediante inspecciones sin previo aviso y reportes públicos mensuales. La Corte también prohibió represalias contra las personas detenidas que denuncien irregularidades o colaboren con el proceso judicial.
La demanda fue presentada por Public Counsel, la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), Immigrant Defenders Law Center (ImmDef) y el despacho Willkie Farr & Gallagher, que acusan a ICE y al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de mantener durante meses un sistema de detención con fallas persistentes en la atención médica, el acceso a servicios básicos y las condiciones de vida.
Un fallo de un tribunal federal está devolviendo la esperanza a miles de sobrevivientes inmigrantes de violencia doméstica, trata de personas y delitos violentos, luego de que un juez restaurara temporalmente protecciones legales clave que, según defensores de los derechos de los inmigrantes, habían sido eliminadas a principios de este año.
Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalition for Humane Immigrant Rights (CHIRLA), señaló que esta orden judicial preliminar representa un paso fundamental hacia la rendición de cuentas.
“La corte ha dejado claro que las condiciones en el centro de detención de Adelanto están por debajo de los estándares mínimos que exige nuestra Constitución. Nadie, independientemente de su estatus migratorio, debería ser sometido a un trato inhumano ni privado de sus derechos fundamentales”, sostuvo Salas.
El caso tomó mayor relevancia luego de que, según los demandantes, al menos cuatro personas murieron bajo custodia de ICE en Adelanto desde octubre de 2025.
Familiares de algunos de los fallecidos han denunciado que sus seres queridos solicitaron atención médica en repetidas ocasiones antes de morir y que sus padecimientos no fueron atendidos oportunamente.
Ubicado en el desierto del Alto Mojave y administrado por la empresa privada GEO Group, el centro de Adelanto alberga a cerca de mil 500 personas sujetas a procedimientos migratorios civiles y ha sido objeto de cuestionamientos durante años por parte de organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes.
La demanda, interpuesta en enero de este año, reúne decenas de testimonios de personas actualmente detenidas, ex detenidos, abogados, médicos y especialistas en sistemas penitenciarios. Los relatos describen retrasos prolongados para recibir medicamentos, alimentos en mal estado, problemas con el suministro de agua potable, presencia de moho en distintas áreas de la instalación y denuncias de represalias contra quienes presentaban quejas.
A juicio de Rebecca Brown, abogada supervisora de Public Counsel, la orden obliga al gobierno a hacer lo que debió haber hecho desde el principio; “proporcionar las necesidades humanas básicas y atención médica que salva vidas a las personas bajo su custodia”.
“Seguiremos luchando hasta que cada persona detenida en Adelanto sea tratada con dignidad y se cumpla plenamente cada disposición de esta orden”, dijo Brown.
La resolución no pone fin al litigio. Sin embargo, la jueza concluyó que las denuncias presentadas justifican la adopción de medidas inmediatas para evitar que las condiciones señaladas continúen mientras el caso avanza hacia una decisión definitiva.
