Tras muertes en Adelanto, legisladores de California buscan imponer un impuesto a empresas de detención
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Adelanto — Cuatro personas murieron entre septiembre de 2025 y marzo de 2026 dentro del Centro de Procesamiento de ICE en Adelanto. Ahora, legisladores de California y organizaciones defensoras de los inmigrantes buscan que las empresas privadas que operan centros de detención migratoria paguen un impuesto equivalente al 50% de los ingresos que obtienen de esas operaciones.
El incendio quedó atrás, pero la polémica apenas comienza.
El viernes, el asambleísta Matt Haney (D-San Francisco) se reunió frente al centro de Adelanto con los asambleístas Juan Carrillo, Liz Ortega y Celeste Rodriguez, además de defensores de los inmigrantes, líderes comunitarios y personas que estuvieron detenidas, para pedir la aprobación de la AB 1633.
La propuesta impondría un impuesto del 50% sobre los ingresos generados por las operaciones de detención de empresas privadas en California. Los recursos serían destinados al fondo estatal Due Process for All, que financia servicios relacionados con inmigración.
El proyecto llega en medio de un mayor escrutinio sobre las condiciones dentro de Adelanto.
De acuerdo con los activistas pro inmigrantes, desde la investidura del presidente Donald Trump se han registrado 53 muertes bajo custodia de ICE, de las cuales 33 corresponden al año fiscal 2026.
Un informe del Departamento de Justicia de California publicado en mayo documentó problemas relacionados con la atención médica, el personal, el agua potable, el saneamiento, el acceso para personas con discapacidades y el uso de la fuerza.
El informe señaló además que cuatro personas murieron en Adelanto entre septiembre de 2025 y marzo de 2026.
La población detenida en el centro aumentó de siete personas en 2023 a aproximadamente 1,570 para principios de julio de 2025, según el informe estatal citado por los legisladores. El aumento de personas detenidas no estuvo acompañado por un incremento suficiente del personal médico y de detención.
Un juez federal ordenó al gobierno de Estados Unidos implementar cambios inmediatos en las condiciones del Centro de Procesamiento de ICE en Adelanto, al concluir que las personas detenidas enfrentan condiciones que, de manera preliminar, vulneran sus derechos constitucionales.
Los investigadores también documentaron problemas con el agua. El informe estatal señaló que durante una inspección se observó agua turbia saliendo directamente de un grifo en el área de alojamiento de mujeres.
La situación llevó a un juez federal a ordenar cambios importantes en las condiciones de Adelanto en julio. La orden exige acceso permanente a agua potable limpia, alimentos adecuados y condiciones sanitarias, además de mejoras en la atención médica, adaptaciones para personas con discapacidades, ropa y ropa de cama apropiadas y acceso diario al exterior. También contempla supervisión independiente.
Hace un año, una jornada laboral común se convirtió en una pesadilla para cientos de trabajadores de lavado de autos en Los Ángeles.
La orden judicial fue emitida después de que personas detenidas y sus abogados alegaran que el centro no cumplía con los estándares de detención de ICE, incluidos los relacionados con el agua, la alimentación, la atención médica.
Una de las cuatro personas que murieron fue José Guadalupe Ramos-Solano, un mexicano de 52 años. Fue encontrado inconsciente en su litera el 25 de marzo y posteriormente murió en un hospital, según ICE y reportes periodísticos.
Conocido como “la ensalada del mundo”, el Valle de Salinas produce frutas y verduras que alimentan a millones de personas y sostiene una industria agrícola multimillonaria.
Los otros tres fallecidos también eran ciudadanos mexicanos, según reportes de Los Angeles Times y EL PAÍS.
Haney dijo que las empresas privadas no deberían obtener ganancias de un sistema de detención que, según los legisladores y defensores, ha provocado daños a personas detenidas y sus familias.
“Durante años, ICE ha impulsado un sistema que se beneficia del sufrimiento humano y la separación de familias, al subcontratar la detención a empresas privadas que obtienen enormes ganancias mientras las personas soportan condiciones peligrosas e inhumanas”, dijo el asambleísta Haney.
“Las empresas que operan estas instalaciones reciben cientos de millones de dólares para detener a personas en condiciones crueles aquí mismo, en California, y esto tiene que terminar”, sostuvo.
La AB 1633 busca cambiar los incentivos económicos de ese sistema. De acuerdo con el texto legislativo, el impuesto comenzaría a aplicarse el 1 de enero de 2027 y afectaría los ingresos brutos de los operadores privados provenientes de sus instalaciones de detención en California.
Los defensores de la propuesta sostienen que los recursos recaudados deberían regresar a las comunidades para financiar servicios de inmigración y ayudar a enfrentar las consecuencias de la detención.
Huy Tran, director ejecutivo de Services, Immigrant Rights and Education Network, dijo que su organización trabaja con personas que han experimentado las condiciones dentro de centros de detención.
“Tenemos clientes y miembros de la comunidad que han soportado las terribles condiciones de estas instalaciones. Esta industria está construida sobre el dolor y el sufrimiento, y AB 1633 deja claro que California no permitirá que la obtención inmoral de ganancias quede sin control” dijoT Tran.
Entre las empresas que operan instalaciones privadas de detención migratoria se encuentra GEO Group, que administra el centro de Adelanto.
La atención sobre Adelanto ha aumentado desde el año pasado, a medida que crecieron tanto la población detenida como las denuncias sobre las condiciones dentro del centro.
El informe del Departamento de Justicia de California registró seis muertes en instalaciones de detención migratoria del estado entre septiembre de 2025 y marzo de 2026; cuatro ocurrieron en Adelanto.
Las condiciones del centro también han continuado siendo objeto de disputa. En agosto, personas detenidas denunciaron que seguían teniendo dificultades para obtener agua potable después de la orden judicial de julio.
Funcionarios federales, por su parte, han sostenido ante el tribunal que el agua había sido analizada por terceros y cumplía con los estándares aplicables.
Shiu-Ming Cheer, subdirectora de justicia migratoria y racial del California Immigrant Policy Center, sostuvo que los problemas documentados en Adelanto reflejan las consecuencias de un sistema que permite que empresas privadas obtengan ingresos de la detención de inmigrantes.
Javier Hernandez, director ejecutivo del Inland Coalition for Immigrant Justice, dijo que AB 1633 busca establecer que las compañías privadas no deberían beneficiarse económicamente de la detención de inmigrantes mientras las familias y comunidades enfrentan sus consecuencias.
Los legisladores y defensores que se reunieron en Adelanto pidieron que AB 1633 avance en la Legislatura y llegue al gobernador Gavin Newsom.
El proyecto se encuentra en las últimas etapas del proceso legislativo. Sus partidarios esperan que el Senado estatal lo considere próximamente y que Newsom tenga la oportunidad de decidir si lo convierte en ley.
Se espera que AB 1633 sea sometido a consideración del pleno del Senado en las próximas semanas.
