¿Te deben horas extras? La ciudad de Los Ángeles quiere ir tras tu empleador
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Los Ángeles — Para un trabajador que descubre que su empleador no le pagó horas extras o que durante meses trabajó sin recibir los descansos obligatorios, presentar una denuncia puede ser apenas el comienzo de una espera que dure meses o incluso años.
El Concejo Municipal de Los Ángeles quiere cambiar parte de ese proceso.
Recientemente, los concejales votaron 12-2 para avanzar una propuesta que ampliaría considerablemente las facultades de la Oficina de Normas Salariales de la ciudad para investigar violaciones laborales y tomar medidas contra empleadores que no paguen correctamente a sus trabajadores.
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La propuesta se enfocaría principalmente en trabajadores de bajos ingresos y permitiría a los investigadores municipales examinar casos relacionados con horas extras, descansos para comer y descansar, pagos atrasados y propinas.
Los concejales Monica Rodriguez (D-7) y Traci Park (D-11) votaron en contra. Katy Yaroslavsky (D-5), una de las impulsoras de la propuesta, no estuvo presente durante la votación.
El voto no significa que las nuevas facultades entren en vigor inmediatamente. El Concejo ordenó a la Oficina del Fiscal de la Ciudad preparar los cambios legales necesarios.
El incendio quedó atrás, pero la polémica apenas comienza.
La propuesta es el resultado de casi tres años de discusiones y plantea una pregunta más amplia para Los Ángeles: ¿qué puede hacer una ciudad cuando las leyes laborales existen, pero los trabajadores tienen dificultades para conseguir que se cumplan?
Armando Gudino, director ejecutivo de Los Angeles Worker Center Network (LAWCN), dijo respecto a esta petición, que para su organización sin fines de lucro este movimiento también es un compromiso con el trabajo que queda por hacer.
“Seguiremos trabajando con el Concejo Municipal, la Oficina de Normas Salariales y los distintos departamentos de la ciudad para fortalecer los mecanismos de cumplimiento y garantizar que esta inversión se traduzca en resultados reales para los trabajadores de todo Los Ángeles”, sostuvo el activista.
“A ustedes, los asesinos de mi hijo, quiero decirles una cosa: no solo le quitaron la vida a Edgar.
El problema no siempre es la ley
La ciudad ya cuenta con una Oficina de Normas Salariales, pero su autoridad está concentrada principalmente en las leyes laborales municipales, como el salario mínimo, las normas de semana laboral justa y el salario mínimo para trabajadores de hoteles. La nueva propuesta ampliaría ese alcance.
Entre las herramientas contempladas está la capacidad de emitir citaciones administrativas para obtener documentos de los empleadores. Eso podría permitir a los investigadores acceder con mayor facilidad a registros de nómina, horarios y otros documentos necesarios para determinar cuánto se le debe a un trabajador.
También se propone establecer un sistema para clasificar las denuncias según su prioridad y desarrollar investigaciones dirigidas a sectores y empleadores considerados de mayor riesgo.
Hace un año, una jornada laboral común se convirtió en una pesadilla para cientos de trabajadores de lavado de autos en Los Ángeles.
El expediente municipal señala además la creación de un registro público en internet con información sobre denuncias, investigaciones concluidas, infracciones encontradas y sanciones.
La idea es que la ciudad no tenga que esperar siempre a que un trabajador se presente con una denuncia para comenzar a identificar patrones.
Eso importa especialmente en industrias donde los empleados tienen poco poder de negociación.
“Cuando roban los salarios, las familias pierden el dinero para pagar el alquiler y comprar alimentos”, dijo Flor Melendrez, directora ejecutiva de CLEAN Carwash Worker Center.
Para trabajadores inmigrantes, dijo, denunciar a un empleador puede representar un riesgo adicional por el temor a perder el empleo o a consecuencias relacionadas con su situación migratoria.
Una oficina que también necesita recursos
Pero ampliar las facultades de la ciudad plantea otro problema: quién hará el trabajo.
Un informe del administrador municipal publicado en abril señaló dificultades para contratar y retener personal en la Oficina de Normas Salariales. El documento fue preparado precisamente porque la expansión propuesta contempla nuevas posiciones, mientras la oficina enfrenta problemas para mantener a su personal actual.
El costo también ha sido parte de las discusiones. Un análisis previo de la Oficina del Analista Legislativo estimó que implementar las recomendaciones tendría un costo aproximado de $2.8 millones durante los primeros nueve meses.
El concejal Tim McOsker (D-15), uno de los autores de la propuesta, ha reconocido las preocupaciones sobre la capacidad de la oficina, pero ha sostenido que la ciudad debe desarrollar los recursos necesarios para asumir una responsabilidad que, según los defensores, el sistema estatal no ha podido atender con suficiente rapidez.
No todos los funcionarios ni grupos empresariales están convencidos.
La California Restaurant Association presentó una carta de oposición ante el Concejo en marzo en la que cuestionó la expansión de las facultades de la oficina y expresó preocupación por el impacto que nuevas obligaciones de cumplimiento podrían tener sobre los restaurantes de la ciudad.
Rodríguez también expresó reservas durante el proceso, entre ellas preocupaciones sobre la posible duplicación de funciones con las autoridades estatales y sobre el impacto de las nuevas reglas en los negocios.
El estado tiene un enorme retraso
Los defensores de la medida sostienen que el problema que enfrenta Los Ángeles no puede resolverse solamente a nivel estatal.
Una auditoría estatal publicada en 2024 encontró que la Oficina del Comisionado Laboral de California tenía decenas de miles de reclamos de robo de salarios pendientes y que los casos tardaban, en promedio, mucho más que el plazo establecido por la ley.
Ese retraso es una de las razones por las que los partidarios de la propuesta quieren que Los Ángeles tenga mayor capacidad para actuar directamente.
La iniciativa comenzó en 2023, impulsada por los concejales Hugo Soto-Martínez y McOsker y respaldada por organizaciones de trabajadores y servicios legales.
Los cálculos citados por los promotores sitúan el costo del robo de salarios en Los Ángeles en aproximadamente $1.4 mil millones al año. Un estudio de UCLA sobre trabajadores de bajos salarios en el condado también documentó una amplia presencia de violaciones salariales.
Pero detrás de esas cifras hay pérdidas relativamente pequeñas para algunos trabajadores que pueden representar una diferencia enorme en sus hogares.
Unos cientos de dólares en horas extras no pagadas pueden significar el alquiler de una familia. Un cheque retrasado puede convertirse en una factura atrasada.
“Para los trabajadores de bajos salarios y los trabajadores inmigrantes, las protecciones en los libros no son suficientes si no existe una manera efectiva de hacerlas cumplir”, dijo Yvonne Medrano, abogada directora del Employment Rights Project de Bet Tzedek Legal Services.
Una medida que todavía tiene que demostrar su alcance
El voto del Concejo representa un avance importante para una campaña que comenzó hace tres años, pero también deja pendientes varias decisiones prácticas.
La ciudad tendrá que determinar cómo funcionarán las nuevas investigaciones, cuánto personal necesitará la oficina y cómo financiará la expansión.
También tendrá que establecer qué información estará disponible públicamente y cómo se manejarán las denuncias de los trabajadores.
La red, que reúne a organizaciones como CLEAN Carwash Worker Center, Garment Worker Center, Koreatown Immigrant Workers Alliance, Los Angeles Black Worker Center y Pilipino Workers Center, ha presionado durante años para que la ciudad tenga mayor capacidad de hacer cumplir las protecciones laborales.