California pone la mira en agentes de ICE: proyecto que limita su acceso a empleos públicos llega a Newsom
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Haber trabajado en labores de control migratorio federal podría convertirse en un obstáculo para conseguir ciertos empleos públicos en California.
El proyecto AB 1896, impulsado por el asambleísta Mark González y el presidente de la Asamblea, Robert Rivas, ya está sobre el escritorio del gobernador Gavin Newsom.
De ser aprobado, California establecería una política que podría impedir que determinadas personas que participaron personalmente en actividades de control migratorio federal posteriormente accedan a ciertos puestos de servicio público en el estado.
Para un trabajador que descubre que su empleador no le pagó horas extras o que durante meses trabajó sin recibir los descansos obligatorios, presentar una denuncia puede ser apenas el comienzo de una espera que dure meses o incluso años.
“Buena suerte encontrando trabajo aquí”
González no ha ocultado la dureza de su postura.
“Una y otra vez, hemos visto que estos agentes demuestran que no están dispuestos a enfrentarse a órdenes ilegales”, dijo González.
“Estos agentes me repugnan y no tienen lugar… ni derecho a servir al público aquí en California. Por eso, me enorgullece estar junto al presidente de la Asamblea para establecer un límite: si quieren elegir la violencia, si eligen violar los derechos civiles y seguir órdenes abiertamente racistas de esta administración federal opresiva, buena suerte encontrando trabajo aquí en el Estado Dorado”, sostuvo.
Cuatro personas murieron entre septiembre de 2025 y marzo de 2026 dentro del Centro de Procesamiento de ICE en Adelanto.
Las declaraciones colocan a AB 1896 en el centro de una batalla política más amplia entre California y el gobierno federal sobre la inmigración y el papel de las autoridades estatales frente a las operaciones federales.
No se trata de prohibir a cualquiera que haya trabajado para ICE
Aunque la propuesta ha sido descrita como una medida para mantener a agentes de ICE fuera de determinados empleos públicos, el texto del proyecto es más específico.
A partir del 1 de enero de 2028, la legislación contempla descalificaciones para determinadas personas que hayan trabajado como agentes de seguridad pública bajo juramento o como contratistas individuales y que hayan participado personalmente en actividades de aplicación de las leyes migratorias federales.
Un juez federal ordenó al gobierno de Estados Unidos implementar cambios inmediatos en las condiciones del Centro de Procesamiento de ICE en Adelanto, al concluir que las personas detenidas enfrentan condiciones que, de manera preliminar, vulneran sus derechos constitucionales.
La medida también establece requisitos de declaración y revisión para ciertas personas que busquen convertirse en agentes del orden público o ingresar a programas básicos de capacitación policial.
Pero, el proyecto AB 1896 no equivale a una prohibición automática para cualquier persona que alguna vez haya trabajado para ICE, DHS o una agencia federal. El proyecto establece categorías, definiciones y excepciones específicas.
Hace un año, una jornada laboral común se convirtió en una pesadilla para cientos de trabajadores de lavado de autos en Los Ángeles.
Los promotores lanzan un mensaje contundente
Los defensores de la medida argumentan que quienes ocupan puestos de confianza pública deben cumplir estándares que, según ellos, sean compatibles con los valores y las leyes de California.
En su presentación del proyecto, los promotores también utilizaron un lenguaje especialmente fuerte al describir a quienes consideran que no deberían recibir un salario público.
La medida, sostienen, garantizaría que “asesinos, secuestradores y quienes instigan el terror en nuestras comunidades no sean recompensados con un salario público”.
Un fallo de un tribunal federal está devolviendo la esperanza a miles de sobrevivientes inmigrantes de violencia doméstica, trata de personas y delitos violentos, luego de que un juez restaurara temporalmente protecciones legales clave que, según defensores de los derechos de los inmigrantes, habían sido eliminadas a principios de este año.
En California, una de las muertes más destacadas vinculadas a las redadas migratorias ocurrió en julio de 2025, cuando el trabajador agrícola Jaime Alanís García murió tras caer de un invernadero mientras intentaba escapar de un operativo federal en una granja cerca de Camarillo.
A nivel nacional, otros casos ocurrieron cuando los agentes del ICE ejecutaron públicamente a Renée Nicole Good, madre de tres hijos e hirieron al líder sindical y activista David Huerta.
Activistas agregan que innumerables manifestantes pacíficos han sido objeto de abusos, rociados con gas pimienta, golpeados con sacos de arena o agredidos físicamente por agentes de control migratorio.
Al igual se ha expuesto el caso de Alex Pretti, un enfermero, fue tiroteado a sangre fría en las calles de Minneapolis, Minnesota e incluso el sucuestro a un niño para utilizarlo como carnada.
Monica Madrid, defensora de políticas públicas estatales de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes, CHIRLA, dijo en una junta reciente del Comité Permanente de Seguridad Pública de la Asamblea, que el control migratorio no es simplemente una política, sino algo que muchas familias están viviendo en tiempo real.
“Nuestros informes documentan patrones de crueldad, perfilamiento racial e intimidación por parte de ICE y CBP. También estamos viendo a agentes federales dirigirse contra los miembros de los equipos de respuesta rápida y personas de la comunidad que están documentando pacíficamente estas acciones y tratando de garantizar el debido proceso”, sostuvo.
“Eso es miedo. La seguridad pública depende de la confianza. De confiar en que las personas pueden pedir ayuda y en que quienes tienen autoridad las protegerán, no les harán daño. El AB 1896 establece un límite claro. Garantiza que las personas que participaron en acciones perjudiciales de control migratorio no sean colocadas en puestos de confianza pública en California, porque importa a quiénes confiamos este poder”, dijo.
Una decisión que podría marcar precedente
El debate va más allá de los agentes de inmigración.
AB 1896 plantea una pregunta poco común: ¿puede el trabajo que una persona realizó anteriormente para el gobierno federal determinar si puede trabajar después para el gobierno de California?
Los partidarios dicen que sí, cuando ese trabajo involucró determinadas actividades de control migratorio.
Diversas asociaciones de agentes de policía de California, junto con el influyente grupo de cabildeo Peace Officers Research Association of California (PORAC), se han pronunciado en contra del proyecto.
La California State Sheriffs’ Association (CSSA) sostiene que la medida discriminaría de manera injusta a todo un grupo de empleados del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Por ahora, ninguna de esas discusiones ha terminado.
AB 1896 todavía no es ley. El proyecto espera la decisión de Newsom y, si entra en vigor, las principales disposiciones comenzarían a aplicarse en 2028.
La próxima palabra, por lo tanto, no la tendrá la Asamblea ni el Senado estatal.
La tendrá el gobernador.
