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Trump mantiene TPS para salvadoreños hasta nuevo aviso; regresar no es opción, dicen migrantes

Simpatizantes de los inmigrantes que cuentan con Estatus de Protección Temporal en Estados
Simpatizantes de los inmigrantes que cuentan con Estatus de Protección Temporal en Estados Unidos sostienen letreros y vitorean en un mitin antes de una conferencia para anunciar una demanda contra el gobierno del presidente Donald Trump, con respecto a su decisión de poner fin a un programa que le permite a inmigrantes vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos, afuera de un tribunal federal, el 12 de marzo de 2018, en San Francisco, California.
(Jeff Chiu / Associated Press)

El programa TPS se venció este 9 de septiembre, pero el Departamento de Seguridad Nacional no ha tomado una decisión sobre el futuro de los 170 mil beneficiarios

La fecha del vencimiento del programa Estatus de Protección Temporal (TPS) estaba marcado en el calendario de 170 mil salvadoreños; este alivio migratorio expiró este 9 de septiembre, pero de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), hasta nuevo aviso van a mantener las protecciones que el TPS brinda desde su aprobación en 2001, según un portavoz de la agencia federal estadounidense.

“Un anuncio sobre el TPS de El Salvador será hecho en el momento apropiado. Hasta que ese anuncio ocurra, los individuos salvadoreños en Estados Unidos cubiertos bajo el TPS retienen la protección”, manifestó el portavoz en un mensaje escrito.

Cuando un programa es extendido, el anuncio se realiza al menos 60 días antes de la expiración. En el caso de los salvadoreños, los dos meses anteriores han estado en zozobra al no tener certeza del futuro de este programa que ya les fue cancelado a naciones centroamericanas como Honduras y Nicaragua.

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“Es un escenario bastante fuerte, son más de dos décadas en este país”, valoró Elsy Flores Ayala, activista originaria de La Unión, El Salvador, que hasta mayo de 2024 estuvo amparada en este programa. “Es una separación total de las familias, habemos muchas familias mixtas”, agregó la residente en Washington D.C.

En 2001, luego de dos devastadores terremotos ocurridos el 13 de enero y el 13 de febrero, la administración del presidente George W. Bush otorgó el TPS a El Salvador. Desde su llegada en 2017, Trump intentó cancelar este programa, pero debido a una demanda judicial en 2018 siguió vigente. En su regreso a la Casa Blanca, en 2025, el mandatario comenzó a suspender estos alivios migratorios con los que se ha favorecido a países que han sido golpeados por conflictos o desastres naturales.

Los días anteriores, Julio Flores perdió el sueño. No solo por la falta de trabajo, sino por estar pendiente de la extensión de este programa. Residente en Los Ángeles desde noviembre de 2000, llegó a California a la edad de 21 años. Ahora, a los 47 y con tres hijos entre los 7 y 20 años, no se preocupa por él, su temor es por sus retoños. El mayor de ellos quiere ser médico.

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“Todos dependen de mí, prácticamente no hay nadie más”, aseguró el oriundo de Acajutla, en el oeste de El Salvador, quien se dedica a la remodelación de viviendas. Su trabajo depende de una licencia de conducir, un seguro social y una protección contra la deportación que le otorga el TPS, beneficios que perdería si este programa es cancelado.

—¿Te regresarías a El Salvador?

—No se me pasa eso por la mente; sinceramente, aquí está toda mi familia, mis hijos; el futuro de ellos está aquí.

Desde el regreso de Trump, otras naciones que han perdido el TPS son Venezuela, Haití, Camerún, Etiopía, Somalia, Sudán del Sur, Afganistán, Nepal, Myanmar y Siria. En la actualidad solo queda vigente el alivio para tres países: Sudán, Ucrania y Líbano, cuya vigencia expira entre octubre y noviembre de 2026.

En declaraciones a la prensa, Tom Homan, el zar de la frontera, aseguró ayer que como su nombre lo indica, el TPS es algo temporal. “Y seamos realistas: El Salvador es un país mucho más seguro que nunca, ahora con ese presidente que tienen allá”, indicó en referencia a Nayib Bukele en el poder desde 2019. “Me alegra que por fin se están ciñendo a lo que dicta la ley: lo temporal es temporal”, añadió Homan.

Para suspender este programa a favor de varias naciones, Estados Unidos ha utilizado como argumento el cambio en las condiciones de los países. Y, en ese caso, el mandatario salvadoreño ha dicho en varias ocasiones que gobierna el país “más seguro del hemisferio occidental” luego de ser una nación violenta en donde las pandillas sembraban el terror. Dichos cambios en la seguridad son señalados como resultado de negociaciones con organizaciones criminales, según reportes periodísticos.

A pesar de ser un mandatario muy mediático, Bukele tuvo un perfil bajo en el manejo del TPS, algo que a juicio de Ricardo Valencia, profesor de la Universidad Estatal de California en Fullerton, responde al cálculo político. En el pasado, dijo el académico, los presidentes Elías Antonio Saca y Mauricio Funes visitaron Washington para hacer cabildeo por este programa. Sin embargo, en esta ocasión Bukele no emitió ningún pronunciamiento al respecto.

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“Bukele se ha dado cuenta que el TPS es un tema perdedor y lo más importante para él es la relación personal [con Trump] en el tema de la impunidad”, apuntó Valencia. “Desde hace seis años se dio cuenta de que era un tema en el que no podía influir, la Casa Blanca le estableció los límites de la relación. En la última visita la gran noticia fue que iban a hacer una conferencia de inversiones en El Salvador”.

En 2022, los beneficiarios del TPS estaban en vilo porque el 31 de diciembre expiraba el programa. Sin embargo, en noviembre la administración de Joe Biden anunció que el alivio se ampliaría por 18 meses más. En esa ocasión, los activistas de la Alianza Nacional de TPS celebraron que la extensión se logró como resultado de la lucha, la presión política y una demanda presentada en los tribunales, dejando en evidencia que el Gobierno salvadoreño dejó solas a las personas amparadas en este programa.

En los meses recientes, diversos comités de beneficiarios de TPS se han movilizado para hacer cabildeos en los diferentes niveles de oficinas gubernamentales. Este martes, realizaron vigilias en Los Ángeles y Washington con la esperanza de que la administración Trump emita un anuncio favorable a esta comunidad.

Sin importar el desenlace, el Centro de Recursos Centroamericanos (Carecen) en Los Ángeles, está asesorando a las personas amparadas al TPS para que no caigan en manos de notarios. Si buscan ayuda, acudan a abogados que sean reconocidos y confiables, igual sugieren que pidan orientación en organizaciones comunitarias que ofrecen ayuda legal.

“Esto no tiene explicación, estamos viviendo la desdocumentación más gran grande de la historia de Estados Unidos”, indicó Martín Pineda, vocero de Carecen, en relación a la suspensión del TPS para más de 10 naciones, detallando que todas esas personas pasaban controles de antecedentes y renovaron sus permisos de trabajo cada 18 meses para verificar que su historial estuviera limpio.

Junto con otras organizaciones, representantes de la Asociación de Salvadoreños de Los Ángeles (Asosal) viajaron la semana pasada a Washington a hacer cabildeo ante la oficina del senador Álex Padilla y otros legisladores de la Casa de Representantes, en donde pidieron apoyo para que intervengan ante la Casa Blanca.

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“Si se cancela el TPS vamos a separar las familias exageradamente y nuestro país no está listo para nada de eso”, manifestó Teresa Tejada, directora ejecutiva de Asosal.

Aunque la población manifiesta que existen notables avances en el tema de seguridad, la economía no ha seguido el mismo rumbo en El Salvador. En una encuesta publicada en enero por la Universidad Centroamericana (UCA), se reveló que seis de cada 10 salvadoreños dijeron haber resentido el alto costo de la vida en 2025. Según el Banco Central de Reserva (BCR), en 2025 la canasta básica costaba $252, en un país donde el salario mínimo es de $408.8 al mes.

El año pasado, al menos 1.2 millones de personas, es decir el 39% de la población económicamente activa, estaba en condición de subempleo; eso significa que son personas que sus ingresos no son suficientes para cubrir el salario mínimo.

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