California endurece las reglas sobre la detención privada y los operativos migratorios federales
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Los Ángeles — California endurece las reglas para las empresas privadas de detención migratoria y pone nuevos límites a ciertas operaciones federales. El cambio llega tras la firma de tres nuevas leyes por parte del gobernador Gavin Newsom.
Las medidas, AB 1633, AB 1806 y AB 1807, abordan tres áreas distintas: los ingresos de las compañías privadas de detención, las investigaciones de tiroteos mortales que involucren a agentes federales de inmigración y el uso de propiedades estatales durante operativos migratorios.
Las leyes forman parte de un paquete más amplio de medidas relacionadas con la inmigración que Newsom firmó a finales de septiembre.
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Un nuevo impuesto para las empresas de detención
La AB 1633, presentada por el asambleísta Matt Haney, establece un impuesto del 25% sobre los ingresos brutos de las corporaciones con fines de lucro que operen centros privados de detención migratoria.
Los recursos recaudados serán destinados al nuevo Fondo Due Process for All, creado para financiar servicios relacionados con inmigración.
La medida coloca a California en una posición poco común frente a la industria privada de detención migratoria. Un análisis fiscal legislativo estimó que el impuesto podría generar alrededor de 177 millones de dólares.
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La iniciativa busca que una parte de los ingresos provenientes de estas instalaciones se destine a servicios para personas y familias que enfrentan procesos migratorios.
Investigación independiente tras tiroteos mortales
La AB 1806, del asambleísta Jesse Gabriel, establece un nuevo mecanismo de supervisión cuando un agente federal de inmigración mata a tiros a un civil desarmado en California.
La ley ordena al fiscal general del estado realizar una investigación independiente de estos casos. Si se determina que existen fundamentos para presentar cargos, el fiscal general deberá iniciar un proceso penal. Además, los resultados de la investigación deberán hacerse públicos.
Haber trabajado en labores de control migratorio federal podría convertirse en un obstáculo para conseguir ciertos empleos públicos en California.
La medida busca establecer una revisión estatal independiente en incidentes que involucran a agentes federales, ampliando la participación de las autoridades de California en este tipo de casos.
Los autores de la ley también citaron varios casos recientes para explicar la necesidad de una investigación independiente, entre ellos los de Renee Good y Alex Pretti en Minneapolis y el de Keith Porter Jr., quien murió tras recibir disparos de un agente de inmigración fuera de servicio en Northridge.
“Estas nuevas leyes fortalecerán el estado de derecho y protegerán a las personas que llaman hogar a nuestro estado”, dijo el asambleísta Gabriel.
En una decisión considerada histórica, la Corte Suprema de Estados Unidos ratificó este martes el derecho a la ciudadanía por nacimiento, rechazando el intento del presidente Donald Trump de restringir ese beneficio mediante una orden ejecutiva.
Propiedades estatales, fuera de los operativos migratorios
La tercera medida, AB 1807, también presentada por Gabriel, establece restricciones sobre el uso de propiedades pertenecientes al estado.
La ley prohíbe utilizar terrenos e instalaciones estatales, incluidos estacionamientos y garajes, para preparar, procesar o detener personas durante operaciones de control migratorio, exige que las agencias estatales identifiquen propiedades vulnerables, coloquen señalización, establezcan límites de acceso y desarrollen procedimientos para impedir actividades federales de inmigración no autorizadas en terrenos estatales.
La legislación también establece procedimientos para documentar intentos o usos de propiedades estatales relacionados con estos operativos y contempla determinadas excepciones.
Un juez federal ordenó al gobierno de Estados Unidos implementar cambios inmediatos en las condiciones del Centro de Procesamiento de ICE en Adelanto, al concluir que las personas detenidas enfrentan condiciones que, de manera preliminar, vulneran sus derechos constitucionales.
Las dos medidas, AB1806 y AB1807, contaron con el respaldo de una coalición de más de 100 organizaciones de derechos de los inmigrantes, sindicatos, grupos de asistencia legal, organizaciones de derechos civiles y comunidades religiosas.
Una nueva etapa en el enfrentamiento migratorio
Las tres leyes representan distintos frentes de la estrategia de California frente a las operaciones federales de inmigración: una medida fiscal dirigida a empresas privadas de detención, una nueva vía de investigación estatal y restricciones al uso de recursos y propiedades estatales.
El California Immigrant Policy Center, una de las organizaciones que respaldó las medidas, celebró la decisión de Newsom y destacó el papel de familias, trabajadores, líderes religiosos, sindicatos y organizaciones comunitarias que participaron en la campaña a favor de las leyes.
“Este año, California dejó claro que nadie está por encima de la ley y tomó medidas directas contra las ganancias de las corporaciones que separan a las familias”, dijo Masih Fouladi, director ejecutivo del California Immigrant Policy Center.
“Con la AB 1633, California se convirtió en el primer estado del país en imponer un impuesto a las corporaciones privadas de detención migratoria, y esos fondos se destinarán a garantizar el debido proceso para las familias inmigrantes”, dijo Fouladi.
El activista añadió que con la AB 1806, las familias que pierdan a un ser querido a manos de un agente federal de inmigración tendrán derecho a una investigación independiente y a obtener respuestas claras.
“Y con la AB 1807, nuestros edificios y terrenos estatales, espacios que nos pertenecen a todos, ya no podrán utilizarse para preparar operativos contra nuestros vecinos”, sostuvo.
Las medidas llegan en medio de un enfrentamiento más amplio entre California y el gobierno federal sobre las políticas de inmigración y la manera en que se llevan a cabo las operaciones federales dentro del estado.
Con estas nuevas leyes, California suma herramientas estatales para supervisar distintos aspectos relacionados con la detención privada y las operaciones federales de inmigración, mientras continúa el debate nacional sobre el alcance de la autoridad federal y el papel de los estados.
Shiu-Ming Cheer, subdirectora del California Immigrant Policy Center, sostuvo que ninguna persona debería morir a manos de un funcionario del gobierno ni mientras se encuentra bajo custodia gubernamental.
“La promulgación de la AB 1806 y la AB 1807 envía un mensaje claro: California garantizará que los recursos estatales se utilicen para proteger la seguridad y los derechos de todos los californianos, no para facilitar peligrosos operativos migratorios, detenciones y deportaciones”, dijo.
