Presentan demanda en nombre de inmigrantes multados con hasta $1,8 millones por permanecer en EEUU

Un equipo de abogados presentó una demanda contra las autoridades federales de Estados Unidos en nombre de inmigrantes que enfrentan lo que llamaron “multas civiles ruinosas” que alcanzan hasta 1,8 millones de dólares.

Multas diarias de 998 dólares, diseñadas para alentar a los inmigrantes que viven en Estados Unidos de manera ilegal a abandonar el país, han sido impuestas a más de 21.500 personas que, según los abogados, estaban tratando de cumplir con las leyes de inmigración.

Las multas son “sumamente desproporcionadas a la gravedad” de cualquier violación de inmigración, alega la demanda, que las califica de inconstitucionales.

La demanda fue presentada en un tribunal de Massachusetts en nombre de dos mujeres inmigrantes. Busca el estatus de demanda colectiva para representar a personas que enfrentan multas que, según los abogados, han sumado más de 6.000 millones de dólares desde que el presidente Donald Trump regresó al cargo a principios de este año y lanzó una ofensiva contra la inmigración.

“Las personas a las que atendemos están haciendo exactamente lo que la ley requiere: buscar alivio legal a través de los tribunales de inmigración y las agencias de inmigración”, afirmó en un comunicado Hasan Shafiqullah, un abogado supervisor de The Legal Aid Society, uno de los grupos que maneja la demanda. “A cambio, el gobierno está amenazando con embargar sus salarios, autos, incluso sus hogares”.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) calificó la demanda como “otro intento de anular la ley federal de inmigración a través de litigios activistas”.

“Los demandantes en este caso están aquí ilegalmente y están demandando para poder permanecer en el país ilegalmente sin ninguna consecuencia o penalización, lo cual es contrario a la ley federal de décadas”, afirmó la subsecretaria Tricia McLaughlin en un comunicado.

Una de las dos demandantes, una mujer de Florida identificada en la demanda sólo como Nancy M. para protegerla de represalias, había recibido la orden de abandonar Estados Unidos, pero también tenía lo que se conoce como una “orden de supervisión” y se reunía anualmente con las autoridades de inmigración mientras intentaba convertirse en residente permanente legal.

Pero este año recibió una factura de cerca de 1,8 millones de dólares, una cifra aparentemente calculada al sumar multas diarias de 998 dólares durante los últimos cinco años.

Poco después de que Trump asumiera el cargo, su gobierno anunció una serie de planes para alentar a los inmigrantes a abandonar Estados Unidos.

En febrero, el DHS anunció que las personas que estaban en el país de manera ilegal podrían enfrentar una “penalización financiera significativa” si decidían quedarse.

Trump y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, “tienen un mensaje claro para aquellos que están en nuestro país de manera ilegal: váyanse ahora”, afirmó McLaughlin en un comunicado de febrero. “La administración Trump hará cumplir todas nuestras leyes de inmigración, no seleccionaremos cuáles leyes haremos cumplir”.