Corte de Hong Kong ratifica condenas a cardenal Zen y otros por fondo de ayuda a manifestantes

HONG KONG — Una corte de Hong Kong desestimó el jueves las apelaciones presentadas por un cardenal católico de 94 años y otras cuatro personas contra sus condenas por no registrar un fondo, ya desaparecido, que buscaba ayudar a personas detenidas durante las protestas antigubernamentales.

El cardenal Joseph Zen, obispo retirado y firme defensor de la democracia en la ciudad, era fideicomisario del Fondo de Ayuda Humanitaria 612, que ayudó a pagar gastos médicos y legales de manifestantes detenidos hasta que cesó sus operaciones en octubre de 2021. Los otros acusados —la cantante Denise Ho, el académico Hui Po Keung y las exlegisladoras prodemocracia Margaret Ng y Cyd Ho— también fungían como administradores.

Los cinco fueron declarados culpables y multados con 4.000 dólares de Hong Kong (512 dólares) cada uno en 2022 por infringir la Ordenanza de Sociedades, que exige que las organizaciones locales se registren o soliciten una exención dentro del mes siguiente a su constitución. Sus condenas fueron las primeras de este tipo.

Los observadores señalan que el caso fue importante para la libertad de asociación en la ciudad y ha sido seguido de cerca en medio de los drásticos cambios políticos en el territorio tras las masivas protestas antigubernamentales de 2019.

Los jueces Jeremy Poon, Aarif Barma y Derek Pang dijeron que el fondo no solicitó el registro ni una exención dentro del mes siguiente a su constitución. Señalaron que los cinco exfideicomisarios habían tenido la intención de utilizar el fondo como manera de pedir, recaudar y aplicar donaciones para apoyar las protestas de 2019.

El fondo es más que una “mera suma de dinero mantenida por los apelantes en fideicomiso”, sostuvieron los jueces.

“Nada en las pruebas sugiere que cualquier individuo, incluidos los apelantes, estaría sujeto a una carga inaceptablemente dura por las restricciones impuestas por el esquema de registro en el ejercicio del derecho a la libertad de asociación”, escribieron en su fallo.

Tras la audiencia, Ng dijo a los periodistas que los acusados apelarán ante el máximo tribunal de la ciudad. Añadió que el máximo tribunal necesitaba aclarar qué se consideraba una “sociedad” y si las personas tendrán que registrarse ante la policía o solicitar una exención al participar en cualquier actividad con otros.

“Tiene un gran impacto en la sociedad civil de Hong Kong”, resaltó.

Zen compareció en el tribunal con un bastón en la mano. Zen y los otros cuatro fueron detenidos por primera vez en 2022 bajo sospecha de connivencia con fuerzas extranjeras en virtud de una ley de seguridad nacional impuesta por Beijing, aunque no fueron acusados bajo esa norma. En aquel momento, el arresto de Zen sacudió a la comunidad católica.

Tras ser condenado en 2022, el religioso manifestó que su caso no debería considerarse relacionado con las libertades religiosas de la ciudad.

Las protestas de 2019 estuvieron provocadas por un proyecto de ley, que más tarde se retiró, que habría permitido extraditar a sospechosos de delitos a la China continental, y evolucionaron hasta derivar en meses de disturbios violentos.

La ley de seguridad ha paralizado el movimiento prodemocracia de Hong Kong desde su promulgación en 2020, y muchos activistas han sido encarcelados en virtud de ella. El impacto de la norma también ha dañado la confianza en las libertades de la excolonia británica, que volvió al dominio chino en 1997.

Beijing y las autoridades de Hong Kong insisten en que la ley es necesaria para la estabilidad de la ciudad.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.