El denunciante
Todo está oscuro en la celda sobrepoblada, salvo por la tenue luz que parpadea desde una litera de tres niveles.
Humbertus Pérez escribe todas las noches con su linterna envuelta en cartón para no molestar al roba autos y al ladrón con quienes comparte un delgado colchón.
Los jóvenes roncan y de vez en cuando le ponen un pie en la cara de Pérez, pero es mejor que dormir en el piso. Allí, docenas de reclusos, presuntos asesinos, violadores, delincuentes profesionales, yacen sobre catres y tablones, en una maloliente maraña de brazos y piernas.
Pérez, un académico de 54 años de edad, fue el principal activista de la vivienda en México, -un fiero orador que criticó duramente a los constructores de viviendas mexicanos y a los inversionistas extranjeros que cosecharon enormes ganancias a costa de la clase trabajadora.
Para sus seguidores, era una fuerza incorruptible. Salvó a miles de propietarios del desalojo. Dirigió marchas ruidosas, luchó contra los bancos de inversión de Wall Street, llamó a los jueces mulas obstinadas y públicamente avergonzó a gobernadores y presidentes, etiquetando a todo el sistema político mexicano como una empresa criminal.
Mientras garabatea escritos y cartas legales todas las noches mientras sus compañeros reclusos duermen, Pérez intenta mantener viva su campaña desde la prisión de Chiconautla, a 32 kilómetros al noreste de la ciudad de México.
Dos años tras las rejas le han pasado la factura. Las erupciones cubren todosu cuerpo. La diarrea crónica lo ha forzado a ponerse pañales. Puede pasar varios días sin dormir.
“Este es un lugar difícil para estar encerrado”, dijo Pérez por teléfono desde el comedor, donde otros reclusos lo protegen para que no lo apuñalen. “Pensé que me matarían hace tiempo, pero Dios ha sido muy amable conmigo”.
Fuera de los muros de la prisión, su movimiento de propietarios, el Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna– que en el que en algún momento agrupaban a miles de personas- ahora está a la deriva sin él.
Pérez fue arrestado el 4 de noviembre de 2015, cuando salía de una conferencia de prensa donde, en una característica demostración de su oratoria, acusó a altos funcionarios del gobierno de conspirar para destruir su movimiento. Las autoridades lo acusaron de robar a dos vecinos a punta de pistola, un teléfono celular, una computadora portátil y algunos cubos de pintura porque debían cuotas de membresía a su Frente Mexiquense.
Tres jueces desestimaron los cargos y ordenaron la liberación inmediata de Pérez, alegando que el testimonio de los testigos parecía escrito y contradictorio. Pero la Procuraduría General del Estado de México persuadió a otros jueces a mantener a Pérez tras las rejas sin derecho a fianza.
Los partidarios de Pérez dicen que el enjuiciamiento implacable de un profesor en un país donde el 95% de los homicidios no se resuelven, huele a una brutal represalia.
Muchos de los problemas de la nación convergen en la historia de Pérez: corrupción descarada, impunidad oficial y un sistema de justicia amañado que aplasta a los que levantan la voz en contra de intereses poderosos.
El único crimen de Pérez, de acuerdo a sus seguidores: es luchar contra la codicia y la criminalidad que traicionaron los sueños de propiedad de vivienda de millones de mexicanos.
“Es pura venganza de hombres de negocios y políticos”, dijo Arturo Chavarría, presidente del Colegio de Arquitectos y Urbanistas, una asociación profesional con sede en el Estado de México. “Pérez expuso toda la corrupción en el mercado de la vivienda asequible y las políticas de vivienda del gobierno en los últimos 20 años”.
La espiral de Pérez desde ser propietario de una vivienda por primera vez hasta convertirse en un interno más de la prisión, comenzó cuando abrió el grifo de la cocina en su nuevo hogar y no salió nada.
Miró hacia afuera, y vio a sus vecinos en el desarrollo de Villa del Real, en el suburbio de Tecamac en la Ciudad de México, reunidos alrededor de una tubería de agua que se había roto.
Pérez acusó al desarrollador, Urbi, de proporcionar muy pocos pozos y estaciones de bombeo para servir a esa comunidad que estaba creciendo aceleradamente. Fue uno de los miles de complejos habitacionales construidos fuera de las principales ciudades de México de 2001 a 2012, en un esfuerzo financiado por el gobierno para crear viviendas asequibles para millones de personas.
Las deficiencias en la infraestructura de agua de Villa del Real sobrecargaron el sistema, causando que las tuberías explotaran y que fallaran las estaciones de bombeo.
En todo México, los problemas de infraestructura estaban apareciendo de desarrollo en desarrollo, la mayoría de ellos mucho peores que los de Villa del Real.
Nadie parecía estar investigando los problemas, por lo que Pérez decidió hacerlo por sí mismo.
Economista e historiador que dio conferencias en el Instituto Politécnico Nacional al norte de la Ciudad de México, conocía bien como llegar hasta los archivos del gobierno.
“Estaba acostumbrado a revisar informes con miles de páginas. Imaginé que un contrato de hipoteca. Solo tiene 40 “, dijo Pérez, quien pasó años trabajando en presupuestos como miembro del asesor legislativo de un senador mexicano.
Pérez dijo que encontró evidencia de colusión entre los constructores y los funcionarios del gobierno que aprobaron los desarrollos a pesar de que los suministros de agua eran inadecuados; de los bonos de infraestructura de 1 millón de dólares que desaparecieron; de los funcionarios del gobierno que habían ignorado los informes de advertencia de fraude hipotecario a gran escala.
Él enfrentó resistencia en cada momento. Los funcionarios le ordenaban salir de sus oficinas. Los burócratas entregaron documentos sólo en respuesta a solicitudes formales de transparencia, lo que llevó tiempo y dinero. Pérez y otros propietarios pagaron unos 30,000 dólares en copias solamente.
Los defensores del programa de vivienda dicen que cualquier defecto fue compensado por los beneficios de proporcionar una casa asequible a los trabajadores de clase media y personas que de otro modo estarían viviendo en barrios pobres.
Pérez tiene una versión menos optimista. Los constructores más grandes de México hicieron casas frágiles con infraestructura pública defectuosa, y luego vendieron las casas a precios inflados. Los funcionarios del gobierno, en lugar de actuar sobre los problemas, aprobaron incluso más proyectos.
Los inversionistas extranjeros y los tenedores de bonos obtuvieron enormes ganancias. En 2009, Pérez solicitó a la Procuraduría General que realizara una investigación criminal.
Presentó un documento alegando fraude generalizado, cuestionando las cifras de la industria de la vivienda y a las agencias gubernamentales de construir una infraestructura llena de defectos y de sobrevaluar, sistemáticamente, las deficientes viviendas.
Un año después, un fiscal de crímenes financieros concluyó que había evidencia de irregularidades. Remitió el caso a una unidad federal de corrupción y a la Procuraduría General del Estado de México.
Allí se quedaron los casos.
Los propietarios de viviendas en el desarrollo de Benevento, a 30 millas al oeste de Ciudad de México, sufrieron más que escasez de agua. Las luces seguían apagándose, a veces durante días. Los residentes, frustrados, pelearon con trabajadores de servicios eléctricos e invadieron las oficinas del constructor, Homex.
En 2015, los residentes recurrieron a Pérez en busca de ayuda.
Su archivo de evidencias había crecido a más de 14,000 páginas, pero las investigaciones criminales seguían estancadas. Pérez había expandido su movimiento del Frente Mexiquense a desarrollos en todo el país. Los residentes realizaron marchas, bloquearon desalojos y pagaron cuotas para sufragar los costos legales.
En Benevento, apuntó a Infonavit, la agencia mexicana de financiamiento hipotecario, que había sido duramente criticada por llevar a los prestatarios a desarrollos habitacionales llenos de problemas.
Cuando el New York Times informó en 2015 que Alejandro Murat, entonces director de Infonavit, y su familia poseían varias propiedades en Estados Unidos, incluido un exclusivo condominio en Manhattan, Pérez arremetió contra Murat.
“No es posible que mientras a millones de familias Mexicanas se nos condena a vivir en viviendas sin contar con las condiciones minimas de infraestructura urbana….ustedes siga con una maxima de la vida autoritaria de los gobernantes del pais”, escribió Pérez a Murat.
En un mes, el Infonavit permitió que docenas de residentes de Benevento dejaran de hacer sus pagos hipotecarios.
Estas victorias le ganaron a Pérez una gran lealtad de parte de sus seguidores. Él salvó a muchos de ellos de la ejecución hipotecaria después de que se atrasaron en los préstamos de alto costo.
Pérez descubrió que los bancos estaban cobrando tarifas por pólizas de seguro que nunca otorgaron a los prestatarios. Juez tras juez declararon nulas las políticas, permitiendo a los residentes que no había podido hacer sus pagos, evitar la ejecución hipotecaria.
En su mayor golpe, descubrió que el Estado de México no tenía leyes que permitieran la ejecución hipotecaria de viviendas.
Los prestamistas que solicitaban desalojos habían estado citando una ley utilizada para embargar automóviles y muebles. Pérez objetó la táctica y los jueces se pusieron del lado de él.
Los abogados de interés público dicen que esto probablemente salvó a miles de propietarios de la ejecución hipotecaria.
“Revolucionó la defensa de la ley de vivienda en el estado de México”, dijo José Peñaflor, un abogado de justicia social en Tijuana.
En marchas de protesta y entrevistas de radio, Pérez describió el auge de la vivienda como una empresa criminal destinada a enriquecer a personajes del gobierno y de la industria a expensas de los propietarios que habían adquirido su casa por primera vez.
Acusó al presidente Enrique Peña Nieto de administrar mal el boom de construcción cuando era gobernador del Estado de México de 2005 a 2011, cuando se construyeron cientos de miles de casas.
La oficina de Peña Nieto no contestó las peticiones de comentar al respecto.
Pérez llamó a los jueces estatales “mulas obstinadas”, criticó a los prestamistas hipotecarios con sede en Estados Unidos y comparó al gobierno mexicano con el crimen organizado.
“La historia de México es la historia de una economía criminal “, dijo Pérez en una entrevista de radio. “Porque en México, el estado de derecho nunca ha prevalecido. Lo que se estableció fue una economía criminal que funciona solo para quien obtiene el poder”.
El auge de la construcción durante años generó protestas. Propietarios de viviendas de todo México bloquearían las carreteras, marcharían hacia los edificios del gobierno e invadirían las oficinas de desarrollo. Eran las tácticas desesperadas de la gente pobre que no podía pagar la representación legal.
El Frente Mexiquense de Pérez, en comparación, era un movimiento de clase media con recursos financieros que se obtenían a través de las cuotas de membresía para que Pérez pudiera seguir investigando y viajando.
Con los años, surgieron señales de su creciente poder.
La industria y los funcionarios del gobierno en varias ocasiones se ofrecieron a cancelar las hipotecas del equipo de liderazgo de Pérez -18 en total- si él disolvía la organización, dijeron Pérez y varios de sus partidarios. A uno de sus ayudantes se le ofreció una remodelación del hogar y muebles nuevos, dijo Pérez.
En 2011, la unidad de la Procuraduría General del Estado de México que se suponía que investigara la denuncia de Pérez, estaba envuelta en el escándalo.
Dos fiscales fueron despedidos, en parte por no seguir con el caso, informó el diario mexicano La Jornada.
El jefe de la unidad supuestamente recibió 100,000 dólares por mes para que los casos de corrupción pública desaparecieran, informó La Jornada. El periódico no dijo quién pagó los sobornos.
Rodeado por cientos de partidarios, Pérez encabezó protestas ruidosas fuera de los edificios del gobierno. Gritó los nombres de docenas de funcionarios sospechosos, prestamistas y bancos, muchos de ellos con base en Estados Unidos.
El hizo publico un informe gubernamental que muestra evidencia de fraude hipotecario que data de 2008. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, impulsada por Pérez, también instó a los fiscales a investigar.
Pérez se convirtió en una piedra en el zapato de la industria. Tanto que incluso mientras permanecía en prisión, su movimiento se consideró como una barrera importante contra las acciones de ejecución hipotecaria. Una empresa líder en servicios hipotecarios dio una presentación de PowerPoint este año a una comisión del Congreso mexicano que califica el movimiento de Pérez como un “riesgo latente” para la ejecución de préstamos incumplidos en todo el país.
En 2013, un juez federal otorgó al Frente Mexiquense una gran victoria. El juez Carlos Martínez Hernández ordenó que se resuelva el caso de fraude.
“Ya que es inadmisible que la autoridad respectiva aplace indefinidamente la integracion y resolucion que conforme a derecho corresponda”, dijo Martinez en su fallo.
En la primavera de 2014, cinco años después de que Pérez presentara por primera vez pruebas de conducta criminal a los fiscales, dos investigadores se presentaron en Villa del Real.
Pérez y cientos de sus compañeros de casa los recibieron. Pérez llevaba un gorro rojo sobre sus gafas con montura negra y desenrolló un mapa del desarrollo ante los funcionarios.
Hasta donde se sabía, los investigadores del gobierno nunca habían aparecido en alguno de los desarrollos problemáticos en busca de pruebas de malversación criminal por parte del constructor.
Con los dueños de casa grabando en video, el investigador principal Mauricio Loeza visitó la estación de bombeo y trepó a un cobertizo de almacenamiento. Vio tuberías rotas y escuchó a un funcionario local del distrito de agua que confirmó que el constructor nunca le había entregado la infraestructura a la agencia.
Loeza comparó los defectos del sistema con una embolia en el cuerpo humano, lo que hace que se forme presión sanguínea. En el desarrollo de 6.000 hogares, el haber dejado inconclusa la red de flujo de agua, estaba poniendo demasiada presión en el sistema existente, causando que las tuberías explotaran y las bombas se descompusieran.
En su informe, Loeza confirmó lo que Pérez había dicho todo el tiempo: Urbi no había terminado un pozo, tuberías y un sistema de tratamiento de agua, sin embargo los funcionarios de la ciudad le devolvieron 2 millones de dólares del bono de construcción al desarrollador.
Los fiscales respondieron con una acusación de 320 páginas acusando a dos ejecutivos de Urbi de un tipo de fraude específico para desarrolladores que venden casas que no cumplen con los términos del contrato. El 15 de agosto de 2015, uno de los hombres, René Jaime Mungarro, fue detenido por agentes de aduanas de los Estados Unidos cuando intentaba cruzar la frontera hacia Texas. Fue entregado a las autoridades mexicanas.
“Esta es una noticia importante para miles de familias que fueron defraudadas por Urbi”, dijo Pérez a sus compañeros de movimiento. “Hoy puedo decirles que podemos ver la luz después de tantos años de batallas legales”.
Siete días después, Mungarro fue liberado. Pérez dijo que su liberación era parte de un acuerdo que requería que Urbi completara el sistema de agua en Villa del Real.
Pero en una entrevista reciente, Mungarro dijo que no había trabajado en Urbi desde 2003 y que su arresto fue una terrible injusticia.
Mungarro negó que el acuerdo incluyera una promesa de reparar el desarrollo, y refirió todas las preguntas a Urbi. Los representantes del desarrollador acordaron una entrevista y luego la cancelaron. La compañía no quiso hacer ningún comentario.
El otro ejecutivo de Urbi nombrado en la acusación nunca fue arrestado.
“Esta vivienda esta asegurada y en custodia por el delito de fraccionadores”.
Las señales comenzaron a aparecer en septiembre de 2015, clavadas en casas abandonadas y en lotes vacíos en Villa del Real.
Pérez empezó a llevar su lucha a su propio complejo habitacional, armado con una orden judicial que declaraba partes del complejo como una escena de crimen.
Bajo la orden del juez que afectaba a 6,200 casas, no se podían comprar, vender ni tomar propiedades por parte de los invasores.
Cuando las autoridades locales no cumplieron la orden, Pérez volvió a tomar el asunto en sus propias manos.
Escoltado por docenas de miembros del Frente Mexiquense, Pérez clavó carteles, cerró puertas de casas abandonadas y dio avisos a personas que habitaban ilegalmente más de 300 hogares. Pérez, citando la orden judicial, les dijo que tendrían que irse.
Pérez dijo que la táctica tenía el objetivo de obligar a Urbi a compensar a los propietarios o completar la infraestructura. En ese momento, Urbi estaba buscando la protección por bancarrota en un tribunal de Baja California. Pérez viajó allí en un intento por bloquear el proceso.
Urbi, que alguna vez fue el tercer constructor de México, estaba esperando la decisión de un juez sobre un plan que pondría a la compañía bajo el control de sus acreedores y tenedores de bonos extranjeros. Entre ellos figuraban el Banco Mundial, Pacific Investment Management Co., con sede en Newport Beach, y los fondos de pensiones de los empleados de Coca-Cola y Northrop Grumman.
Para octubre de 2015, Villa del Real se había convertido en un campo de batalla de vecinos en guerra. Los partidarios del Frente Mexiquense enfrentaron a ocupantes ilegales que según dijeron, funcionarios locales, comprometidos con Urbi, les habían permitido vivir en las unidades desocupadas.
Un video mostraba a un hombre enfurecido con los partidarios del Frente a través de la ventanilla de un auto. Otro mostraba a Pérez gritando a un ocupante ilegal y llamándolo criminal. Grupos de perros de seguridad recorrieron ladrando, los lotes baldíos disputados legalmente.
Los líderes del Frente dijeron que grupos de hombres en automóviles sin identificación, comenzaron a seguirlos. Pérez y su familia se mudaron.
En una conferencia de prensa en Toluca en noviembre de 2015, Pérez acusó al alcalde y al jefe de policía de Tecamac de tener vínculos con grupos delictivos violentos.
Al salir, Pérez fue arrestado.
La prisión de Chiconautla yace al final de un largo camino de tierra, al lado de un basurero y una colina rodeada de chabolas que dan su nombre a la prisión.
Sus muros amarillentos, construidos para albergar a 900 reclusos, albergan a unos 3.000.
Pérez comparte su pequeña celda con docenas de otros presos, junto con chinches y cucarachas. Las enfermedades se propagaron rápidamente.
A un preso le amputaron la pierna recientemente debido a una infección bacteriana, dijo Pérez en una entrevista telefónica. Otro fue golpeado hasta la muerte. Los reclusos orinan en botellas de refrescos porque los cuerpos de las personas dormidas bloquean el acceso al baño, donde los reclusos descansan sobre cubos de pintura o acostados en la ducha.
“Debido a que vivimos cerca de un basurero, nos consideran basura, pero no somos basura”, dijo Pérez a un juez en el tribunal de una prisión, donde fue sentado dentro de una celda con paredes de vidrio.
Pérez, a diferencia de la mayoría de sus compañeros de celda, podía pagar la fianza.
Pero los fiscales argumentaron en contra, diciendo que era peligroso.
Afirman que Pérez, mientras hacía las rondas en Villa del Real con sus partidarios, irrumpió en tres casas para llevarse varios artículos de los residentes. Presuntamente lanzó amenazas y apuntó con un arma al pecho de una mujer.
Varios jueces que revisaron el caso expresaron serias dudas. Cuestionaron las declaraciones de los testigos que parecían sospechosamente similares, la falta de pruebas de que Pérez tenía un arma, y un juez que sugirió que el reclamo parecía haber sido fabricado y por qué, si Pérez era una amenaza, tomó a la policía casi un mes interrogar a los testigos.
En una audiencia judicial en abril de 2016, Pérez estalló ante jueces y fiscales. Consciente de que estaba siendo grabado en video bajo las leyes de transparencia judicial de México, continuó durante dos minutos, una rara emisión pública de disgusto contra el sistema de justicia penal del país.
“Son unos corruptos, eso es lo que son”, dijo Pérez al panel de tres jueces magistrados. “Mediocres, que vienen a apoyar una bola de delincuentes”.
Pérez volteo hacia el fiscal, Fernando Ulises Cárdenas, y amenazó con detallar un patrón de acusaciones falsas y una brutalidad generalizada contra él y otros internos.
“No tienen verguenza que como torturan a la gente y como fabrican delitos”. dijo Pérez. “Eres un cobarde”.
Unos días después, se filtró un video a los medios mexicanos en el que parece que Cárdenas le dijo a sus colegas fiscales en una reunión, que a menudo se encarcela a personas inocentes con cargos inventados.
“Quien dijo que los delitos no son inventados?” dijo Cardenas. “Eso es toda la vida”.
La Procuraduría General del Estado de México no respondió a las solicitudes de comentarios.
El video filtrado impulsó la imagen de Pérez como víctima de abuso de la fiscalía. Un representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos visitó a Pérez el año pasado, y expresó su preocupación de que la persecución contra Pérez era por su defensa de los derechos humanos.
Pero la fiscalía siguió interponiendo recursos, incluso después de que otro juez federal ordenara su liberación inmediata en enero.
A pesar de las peticiones para que Cárdenas renuncie, continúa en su puesto como el principal litigante de la Procuraduría.
Mientras tanto, los desarrollos en todo México continúan deteriorándose, incluso a pesar de que sus constructores lanzan nuevos proyectos. En Villa del Real, Urbi nunca cavó pozos adicionales, y las tuberías averiadas siguen inundando la calle, dicen los residentes.
Pérez no se da por vencido. “Todo lo que hemos dicho ha demostrado ser cierto, y eso molesta a constructores como Urbi”, dijo.
Sus partidarios le envían dinero, parte del cual va a pagar 1 dólar por semana por el privilegio de dormir en una litera en lugar de en el piso.
Los días con viento, dijo, le dan inspiración. Cuando el viento sopla fuerte, puede oír los cánticos de sus seguidores sobre las paredes de la prisión. Decenas de personas se han reunido en ruidosas protestas exigiendo su liberación.
“Todos somos Humbertus”, gritan.
La investigadora de Los Angeles Times, Cecilia Sánchez en la Ciudad de México, contribuyó con este informe.
Credits: Produced by Andrea Roberson, video by Jessica Q. Chen