Condenan la decisión de Trump de restringir acceso de inmigrantes a atención médica

Los funcionarios de salud, grupos de médicos, hospitales y defensores de los pacientes en todo el país están condenando enérgicamente la propuesta del gobierno de Trump de restringir el acceso de los inmigrantes a la tarjeta verde (green card) si utilizan la red de seguridad de cuidado de salud, advirtiendo sobre los riesgos para la salud pública y las finanzas gubernamentales.

“Esto no solo es malo para la salud y el bienestar de las personas directamente afectadas, sino que es malo para todos nosotros”, dijo el doctor Georges Benjamin, jefe de la Asociación Americana de Salud Pública, uno de los muchos grupos de atención médica que criticaron la propuesta de la administración.

“Esperamos que esta política pública cruel y punitiva se invierta”, dijo Benjamin.

Entre los grupos principales que piden a la administración de Trump que retire la llamada propuesta de cargo público se encuentran la Asociación Médica Estadounidense, March of Dimes y la Asociación Estadounidense de Hospitales.

“Muchos de los pacientes atendidos por nuestros miembros seguramente evitarán la atención necesaria de sus proveedores de confianza, poniendo en peligro su propia salud y la de sus comunidades”, dijeron seis grupos de médicos líderes en una declaración conjunta.

Entre los grupos se encuentra la Academia Estadounidense de Médicos de Familia, la Academia Estadounidense de Pediatría, el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos, el Colegio Estadounidense de Médicos y la Asociación Estadounidense de Psiquiatría.

La administración de Trump recientemente anunció una propuesta de reglamento que permitiría a las autoridades federales de inmigración negar la tarjeta verde (green card) a los inmigrantes que reciben ciertas formas de asistencia gubernamental.

Estos incluyen vales de vivienda, ayuda alimentaria a menudo conocida como estampillas para alimentos y Medicaid, el programa gubernamental de medio siglo de antigüedad de seguro de salud para pobres.

“Aquellos que buscan emigrar a los Estados Unidos deben demostrar que pueden mantenerse financieramente”, dijo la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, en un comunicado anunciando la norma propuesta, y agregó que “promoverá la autosuficiencia de los inmigrantes y protegerá los recursos finitos al garantizar que no es probable que se conviertan en una carga para los contribuyentes estadounidenses”.

El reglamento propuesto fue publicado formalmente el 10 de octubre.

Estados Unidos durante más de dos siglos ha impuesto restricciones a los inmigrantes que considera una “carga pública”.

Pero los funcionarios gubernamentales consideraron durante mucho tiempo a los programas de salud como herramientas importantes para proteger el bienestar de los ciudadanos y los no ciudadanos por igual.

“Había un entendimiento de que la salud de todos era un bien público”, dijo Torrie Hester, historiadora de inmigración en la Universidad de St. Louis.

Entonces, mientras que el Servicio de Naturalización e Inmigración de los Estados Unidos emitió en 1999 una guía que consideraría el uso de los inmigrantes de los beneficios de asistencia social en efectivo para determinar las solicitudes de residencia permanente, la agencia federal indicó específicamente que el uso de Medicaid y el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP, por sus siglas en inglés), no lastimaría a los aspirantes.

La nueva política de la administración de Trump mantiene la protección para el uso de CHIP, que está disponible para las familias de clase trabajadora que a menudo ganan demasiado para calificar para la cobertura de Medicaid totalmente subsidiada, pero muy poco para pagar un seguro de salud comercial.

Pero por primera vez, el uso de Medicaid por parte de las familias podría contabilizarse en su contra.

Esto puede resultar particularmente problemático para las familias inmigrantes cuyos hijos son ciudadanos de los Estados Unidos.

En 2016, más de 10 millones de niños ciudadanos en los Estados Unidos tenían al menos un padre no ciudadano, según un análisis de los datos del censo realizado por la organización sin fines de lucro Kaiser Family Foundation.

Casi el 90% de estos niños viven en un hogar donde al menos uno de los padres trabaja a tiempo completo. Pero como estos padres a menudo tienen empleos de bajos salarios, más de la mitad de los niños, aproximadamente 5.8 millones, dependen de Medicaid o CHIP para la cobertura de salud, según el análisis.

Es poco probable que todos los padres inmigrantes de estos niños los retiren de la cobertura del gobierno si la administración de Trump finaliza su nueva regulación de cargos públicos.

Pero los pediatras, los funcionarios de salud pública y otros expertos advierten que las pérdidas de cobertura y los problemas de salud podrían ser sustanciales si incluso una fracción de las familias renuncian a la cobertura de Medicaid o CHIP.

En la regulación propuesta, la administración de Trump reconoce una gran cantidad de efectos potencialmente adversos para los inmigrantes, tales como “peores resultados de salud, incluido un aumento en la prevalencia de obesidad y desnutrición, especialmente para mujeres embarazadas o lactantes, bebés o niños, y una menor adherencia a la prescripción”.

La doctora Lanre Falusi, pediatra del Centro Médico Nacional de Niños que atiende pacientes en un vecindario predominantemente inmigrante de Washington, dijo que ella y sus colegas ya están viendo señales de que las familias inmigrantes están reconsiderando su participación en algunos programas de asistencia médica.

“Todas mis familias están muy comprometidas con la salud de sus hijos”, dijo Falusi. “Pero esto las pone en una posición muy difícil”.

Incluso el omitir las revisiones regulares puede ser muy peligroso para los niños, explicó Falusi, y señaló que los pediatras utilizan las visitas médicas de rutina para niños para detectar enfermedades, depresión y desarrollo saludable.

Hay riesgos de salud pública más amplios para la población general si las familias inmigrantes comienzan a renunciar a la atención médica, advirtió la doctora Barbara L. McAneny, presidenta de la Asociación Médica Estadounidense.

“Los cambios potenciales en las políticas probablemente revertirán los avances en salud pública que hemos logrado en las últimas décadas en áreas como las vacunas [y] el control de enfermedades infecciosas”, dijo.

Los líderes de los hospitales también advirtieron que si las familias inmigrantes no buscan atención médica regular, es más probable que terminen en el hospital con enfermedades más graves y costosas que otros tendrían que pagar.

“Impulsaría niveles más altos de atención hospitalaria no compensada y, en última instancia, costos más altos para los pacientes asegurados y los contribuyentes”, dijo el doctor Bruce Siegel, presidente de America’s Essential Hospitals, cuyos miembros incluyen centros médicos que atienden a pacientes en su mayoría pobres.

La administración de Trump en su reglamento propuesto reconoció los mismos riesgos, señalando la posibilidad de “un mayor uso de las salas de emergencia y la atención de emergencia como un método de atención primaria de salud debido a un retraso en el tratamiento” y “aumentos en la atención no compensada en la que un tratamiento o servicio no es pagado por un asegurador o paciente”.

Finalmente, el gobierno reconoció que la norma “podría llevar a... incremento en las tasas de pobreza y la inestabilidad de la vivienda; y la reducción de la productividad y el logro educativo”.

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