La Corte Suprema acuerda decidir en el verano sobre la pregunta de ciudadanía en el censo

La Corte Suprema acordó dictaminar para este verano sobre el plan de la administración Trump de agregar una pregunta sobre la ciudadanía al censo de 2020, asestando un golpe político potencial a California y a otros estados con un gran número de inmigrantes.

En una breve orden, los jueces concedieron una solicitud de los abogados de Trump de pasar por alto los tribunales de apelación y decidir el asunto por la vía rápida.

El tribunal dijo que escucharía el caso del Departamento de Comercio contra Nueva York en abril.

Si el tribunal superior, de tendencia conservadora, apoya el plan de Trump, podría llevar a un recuento significativamente menor de la población en áreas como Los Ángeles, con un gran número de inmigrantes, advierten algunos expertos. Esto a su vez podría causar una pérdida de representación política en el Congreso, así como miles de millones en fondos federales.

El procurador general Noel Francisco argumentó que la Corte Suprema necesita resolver la disputa del censo para junio porque el gobierno debe comenzar a imprimir los formularios que se enviarán por correo a todos los hogares de la nación.

La disputa legal una vez más enfrenta a Trump contra California, Nueva York y otros “estados azules” que albergan a un gran número de inmigrantes.

Los datos del conteo de una vez por década se utilizan para dividir el poder político y distribuir los fondos federales. Los expertos creen que la cuestión de la ciudadanía podría reducir el conteo de la población en estados como California, Texas, Florida, Nueva York y Arizona.

Funcionarios demócratas y activistas latinos acusan a Trump de crear un clima de miedo entre los inmigrantes, y dicen que millones de familias inmigrantes pueden negarse a llenar los formularios del censo si se les pide que nombren ocupantes que no son ciudadanos estadounidenses.

Los jueces revisarán un fallo de un juez federal de Nueva York que bloqueó la cuestión de la ciudadanía con el argumento de que el secretario de Comercio, Wilbur Ross, había ignorado el consejo de los expertos de la Oficina del Censo y casi una década de planificación. El juez Jesse Furman dictaminó que la decisión de Ross fue “arbitraria y caprichosa”, y violó la Ley de Procedimientos Administrativos.

Pero Francisco argumentó que el Congreso le ha dado al secretario de Comercio un amplio poder para realizar el censo “en la forma y contenido que él determine”, citando las palabras de la ley.

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