Dentro del Valle de los Caídos, expertos buscan entre los restos a dos hermanos asesinados en la guerra civil española

En las décadas posteriores a la muerte de Francisco Franco, el colosal mausoleo del dictador español en el Valle de los Caídos se mantuvo intacto en la campiña de las afueras de Madrid, custodiado por una imponente cruz.

Manejado como una abadía de monjes benedictinos en un terreno propiedad del estado, el monumento a Franco sobrevivió a la transición de España a la democracia, los gobiernos socialistas y una multitud de expertos que impulsaron la remoción del cuerpo del Generalísimo para convertir el mausoleo en un museo moderno de la era democrática.

Pero por sobre todo, el sitio permaneció fuera del alcance de las familias que esperan recuperar los restos de familiares a quienes nunca quisieron enterrar allí, junto al dictador, y los cuerpos de más de 33,000 víctimas de la brutal guerra civil que Franco inició.

Hasta ahora.

A fines de abril, los primeros rayos de luz iluminaban las bóvedas de los fallecidos cuando un equipo de expertos forenses y arqueológicos entró en un osario en busca de los cuerpos de dos hombres: Manuel Lapeña, un líder sindical izquierdista y padre de cuatro, y su hermano Antonio. Ambos fueron ejecutados por las fuerzas de Franco en Aragón, durante los primeros días de la guerra civil, en el verano de 1936.

“Es un lugar fuera de los límites de la democracia”, aseveró Eduardo Ranz, el abogado que representa a la familia Lapeña y otras que reclaman los restos de otros ocho hombres enterrados en la cripta de la basílica del Valle de los Caídos.

“No hay otro monumento en el mundo como este, que celebre la victoria de un grupo de la misma nacionalidad por sobre otro”, expuso Ranz. “Los vencedores se robaron la identidad de los derrotados”.

El mausoleo fue construido en parte por presos políticos en las décadas posteriores a la victoria, en 1939, de la facción nacionalista del general. A lo largo de los años, miles de fallecidos en el conflicto -tanto nacionalistas como republicanos- fueron desenterrados de tumbas en toda España y sepultados, a menudo de forma anónima, en la basílica, en un aparente intento de unir a la nación.

Sólo un tercio de los 33,847 muertos que descansan junto con Franco en su mausoleo son mencionados en las tumbas. El resto está amontonado en osarios, dentro de bóvedas que se deterioraron a lo largo de las décadas. Identificarlos es una tarea desalentadora, y la mayor esperanza de los familiares ahora reside en un informe que prepara National Heritage después de la exploración de abril, para evaluar la viabilidad de identificar y retirar los restos de forma segura.

Cualquiera sea la respuesta, los parientes como Purificación Lapeña, nieta del sindicalista ejecutado, están decididos a seguir luchando, impulsados por un fallo de 2016 de la corte civil que ordenó exhumar a los hermanos Lapeña.

Al igual que otros, Purificación está motivada por el paso del tiempo para personas como su padre, Manuel Lapeña, de 94 años, que desea enterrar a su progenitor junto a su madre en Zaragoza, ciudad natal de ambos, en el noreste de España. Tal como están las cosas, dice Manuel Lapeña, su padre está “enterrado junto a su asesino, Franco, el máximo criminal”.

En 2011, una comisión de expertos recomendó al parlamento español retirar los restos de Franco y transformar el Valle de los Caídos en un sitio conmemorativo despolitizado. Pero el gobierno conservador del primer ministro Mariano Rajoy, ignoró las sugerencias y desvió los intentos previos de la administración socialista para permitir que los familiares desenterraran a más de 100,000 víctimas republicanas de la represión española de las fosas comunes diseminadas por todo el país.

La iglesia también mostró resistencia al tema. El abad benedictino a cargo de la basílica se opuso al mandato judicial que ordenó buscar los restos de los hermanos Lapeña.

“No se trata de política. La gente puede decir todo lo que quiera, pero para mí, es mi abuelo”, afirma Rosa Gil, quien espera recuperar algún día el cuerpo de Pedro Gil Calonge, asesinado por una bala perdida mientras luchaba a favor de Franco, en 1937. “Ya no hay lados, no hay ánimos de venganza o fronteras”, expuso Gil. “Se trata de honrar a nuestros seres queridos y tenerlos cerca”.

Su padre, Silvino, un jubilado de 82 años que fue político franquista, quedó atónito cuando la familia descubrió que su padre no estaba en la tumba de Zaragoza donde pensaban que lo habían enterrado. Aunque era un leal, Silvino Gil afirmó ahora que está furioso porque el dictador se metió en algo tan profundamente personal como el lugar de descanso de un pariente. “¿Quién demonios era Franco para llevarse a mi padre?”, expresó.

“Lo hago como un deber familiar, para dar un entierro digno al abuelo y sanar el dolor”, agregó Rosa Gil. “Era un tema tabú, y ahora hablamos sobre ello. Mi papá quiere tener a su padre con él; tenía solo un año cuando murió y lo ha extrañado toda su vida. Quiere llevarle flores a su tumba”.

Pero la Fundación Francisco Franco, que defiende el legado y la reputación del exlíder militar, criticó el fallo judicial que despeja el camino para abrir la bóveda y recuperar los cuerpos, calificándolo como “arbitrario e injusto”.

Según el portavoz principal de la fundación, Jaime Alonso, “es parte de una campaña deliberada para deslegitimar el régimen de Franco con el objetivo de dividir a los españoles una vez más”.

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