California se prepara para dar batalla a la administración Trump sobre los préstamos estudiantiles

Pregúntele a los políticos republicanos cómo se sienten sobre el control de armas, y dirán que es un tema que los propios estados deben decidir. “Creo que debemos respetar el federalismo y respetar las jurisdicciones locales”, insistió el presidente de la Cámara, Paul D. Ryan, la semana pasada.

Pero pregúntele a los republicanos sobre cómo proteger a las personas de ser estafadas por los cobradores de deudas de préstamos estudiantiles, y cantarán una canción completamente diferente.

Un memorando confidencial elaborado por el Departamento de Educación de los Estados Unidos expone por qué los estados, incluyendo California, deberían abandonar sus propias leyes para los administradores de préstamos estudiantiles y dejar que las autoridades federales permitan que estas compañías con fines de lucro pasen desapercibidas, con mucha menos supervisión.

Tengo en mis manos una copia del informe. No se anda con rodeos al decirle a California y otros estados que retrocedan. “La regulación estatal del servicio de Préstamos Directos impide ciertos intereses federales”, declara.

El memorándum establece que el gobierno federal tiene jurisdicción cuando se trata de “racionalizar los préstamos estudiantiles y ahorrar dinero de los contribuyentes”.

Esta es una postura extraordinaria, considerando que el único propósito de estas leyes estatales es proteger a las personas agobiadas con préstamos estudiantiles para que no sean presionadas por cobradores excesivamente insistentes, un objetivo que -se podría pensar- es compartido por las autoridades federales.

Pero bajo el mando de la persona designada por el presidente Trump como secretaria de Educación, Betsy DeVos, la prioridad parece salvaguardar la industria del servicio de préstamos, no a los consumidores.

Los funcionarios de California aseveran que el memorando del Departamento de Educación apunta directamente al Estado Dorado, que ha promulgado algunas de las reglas más completas para los administradores de préstamos estudiantiles.

También dicen que no se darán por vencidos. “Si el interés federal es proteger a los administradores de préstamos federales por sobre sus clientes, entonces pueden apostar que voy a impedirlo”, aseguró el asambleísta estatal Mark Stone (D-Scotts Valley), autor de la ley Student Loan Servicing Act, promulgada por el gobernador Jerry Brown en 2016 y que entrará en vigor en julio.

Le pregunté al legislador cómo el control de armas puede ser un problema de derechos de los estados, pero la deuda de los estudiantes se considera un interés exclusivamente federal. “Simplemente subraya que esta Casa Blanca no tiene idea de lo que está haciendo”, respondió Stone.

También me comuniqué con el Departamento de Educación para obtener comentarios. Nadie respondió.

California tiene alrededor de 4.2 millones de prestatarios estudiantiles, con aproximadamente $1,200 millones en deuda total.

Los administradores de préstamos estudiantiles son compañías que gestionan las deudas en nombre del gobierno federal. Se supone que deben trabajar con los prestatarios que pueden tener dificultades para realizar los pagos y hacer que el proceso sea lo más fácil y transparente posible.

El proyecto de ley de Stone crea un programa de licencias dentro del Departamento de Supervisión Comercial del estado para supervisar a los administradores de préstamos que no sean bancos ni cooperativas de crédito. Esto le dará a California la capacidad de investigar y tomar medidas enérgicas contra cualquier práctica de cobro injusta o ilegal.

Uno de los administradores de préstamos estudiantiles más grandes del país es una compañía llamada Navient. La empresa está siendo demandada por varios estados y por la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, los cuales sostienen que engañó a los prestatarios y elevó los costos de reembolso.

Stone cree que si Navient no escribió directamente el memorando del Departamento de Educación, al menos se aseguró de que éste se redacte. “Han estado amenazando con acudir al Departamento de Educación para limitarnos”, afirmó.

Patricia Christel, una portavoz de Navient, expresó en un comunicado que están “trabajando para mejorar la ley de California”. Los legisladores estatales, aseveró, “han recibido una gran cantidad de información errónea sobre los préstamos estudiantiles”.

La ley de California no impone una carga significativa a Navient ni a otros administradores de préstamos, más allá de pedirles que divulguen detalles de sus prácticas de cobranza como parte del proceso de licencia. La norma establece que los administradores de préstamos estudiantiles no pueden “participar en ninguna práctica desleal o engañosa hacia ningún prestatario, ni tergiversar u omitir ninguna información importante relacionada con el servicio de un préstamo estudiantil”.

Si ese es un requisito excesivamente oneroso, entonces se trata de una industria que necesita seriamente la supervisión paterna.

Sin embargo, el memorando del Departamento de Educación dice que los requisitos de la ley de California “aumentarán los costos del servicio de préstamos estudiantiles, tal vez excediendo la cantidad que recibe un administrador por cada préstamo”. “El servicio de Préstamos Directos es un área que involucra intereses federales únicos”, continúa, “que deben ser gobernados exclusivamente por la ley federal”.

Si proteger a los consumidores del abuso financiero fuese un interés claramente federal, la administración de Trump no intentaría paralizar sistemáticamente a la Oficina Federal de Protección Financiera del Consumidor, dejando que los estados velen por el bienestar financiero de las personas.

En cuanto a DeVos, la senadora Elizabeth Warren (D-Massachusetts) y la representante Katherine Clark (D-Massachusetts) emitieron un informe la semana pasada acusando a la secretaria de Educación por la mala gestión de su departamento y por favorecer a los administradores de préstamos estudiantiles por sobre los prestatarios.

“Betsy DeVos es la peor secretaria de Educación que ha tenido este país, por un amplio margen”, expresó Warren en un comunicado. Clark agregó: DeVos está “más interesada en las ganancias para los defensores de la privatización y los prestamistas depredadores que en asegurarse de que todos nuestros hijos tengan una oportunidad justa de obtener una excelente educación pública”.

Le pregunté al fiscal general del estado, Xavier Becerra, si California está preparada para defender su nueva ley si el Departamento de Educación de DeVos exige cambios. “California lideró al país en la promulgación de un programa de licencias para contratistas privados que prestan servicios de préstamos estudiantiles federales”, respondió. “Estamos orgullosos de este programa importante y de nuestras sólidas protecciones estudiantiles en general, pero también sabemos que tenemos un largo camino por recorrer”.

Becerra añadió que casi un tercio de los prestatarios estudiantiles de California están en mora o incumplen en los pagos, lo cual consideró “una clara indicación de falla en el servicio”. “Hay una crisis de deuda por préstamos estudiantiles en nuestro país, y ahora no es el momento de quitar protecciones”, consideró Becerra. “Estamos evaluando todas nuestras opciones legales para responder a este intento de la secretaria DeVos de castrar a los estados”.

Todo parece indicar que California se está preparando para llevar a la administración Trump a la escuela.

La columna de David Lazarus se publica los martes y los viernes. También se le puede ver todos los días en KTLA-TV Canal 5 y seguir en Twitter, @Davidlaz. Para sugerencias o comentarios: david.lazarus@latimes.com.

Traducción: Diana Cervantes

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