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California

LAPD los señaló como vinculados con pandillas; ellos pelearon y fueron eliminados de la base de datos CalGang

Larry Sanders
Larry Sanders fue detenido el año pasado por la policía en el sur de Los Ángeles. Unas semanas más tarde, recibió una carta de LAPD, que le informaba de su incorporación en CalGang. Sanders apeló y fue retirado de la lista.
(Christina House / Los Angeles Times)

En abril del año pasado, Larry Sanders estaba conversando con amigos en el Centro de Recreación Green Meadows, del sur de Los Ángeles, cuando dos policías se acercaron; habían recibido una llamada que los alertaba sobre unas personas que bebían en el parque.

Los oficiales les pidieron que levantaran sus camisas, recordó Sanders. El cantante de 59 años, conocido por sus coros en el éxito de Coolio “Gangsta’s Paradise”, les mostró su tatuaje de una cruz, en su brazo izquierdo.

Aproximadamente dos semanas después, Sanders recibió una carta donde se le informaba que sería incorporado a CalGang, la base de datos de pandillas de todo el estado. La nota lo sorprendió; había trabajado en el parque durante años como intervencionista de pandillas para el programa Summer Night Lights de la ciudad. “Yo no era lo que ellos decían”, aseguró Sanders. “No podía aceptarlo”.

De hecho, a todos los que impugnaron en la corte la decisión del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) de colocarlos, a ellos o a sus hijos, en la base de datos de pandillas se les retiró el nombre del listado, según una revisión de registros y entrevistas de The Times.

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Sanders estuvo entre las 15 personas que apelaron su incorporación a CalGang por parte de LAPD. La ciudad perdió dos casos en los tribunales y el Departamento de Policía de Los Ángeles acordó eliminar a otros 13 individuos que posteriormente presentaron peticiones, según el análisis.

Larry Sanders at Green Meadows Recreation Center
Larry Sanders en Green Meadows Recreation Center.
(Christina House / Los Angeles Times)

Los peticionarios como Sanders alegan que el retiro de sus nombres muestra que nunca deberían haber estado en la lista, y que la evidencia en su contra era débil.

Sin embargo, los funcionarios de LAPD sostienen que los retiros de nombres se debieron a la forma en que el tribunal interpretó una ley estatal, que les prohíbe presentar más pruebas de las que originalmente revelaron a los peticionarios. El departamento insiste en que esas eliminaciones no sugieren que la agencia esté colocando en la base de datos a individuos que no merezcan estar allí.

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California Atty. Gen. Xavier Becerra
El procurador general de California, Xavier Becerra, habla en una conferencia de prensa, el martes, con el secretario de Estado, Alex Padilla.
(Rich Pedroncelli / Associated Press)

Las peticiones brindan una idea sobre cómo LAPD agrega y elimina personas a la base de datos secreta. El uso de CalGang por parte de la agencia se convirtió en un escándalo en enero pasado, cuando anunció que estaban investigando acusaciones de que los oficiales falsificaban intencionalmente información que se utiliza para identificar a miembros de pandillas o sus asociados.

Desde entonces, el departamento tomó medidas para supervisar su uso de la base de datos y la oficina del procurador general de California anunció el lunes que investigará el manejo policial de CalGang.

En 2017, una ley estatal estableció un proceso para las personas que solicitan ser eliminadas de la lista. Los individuos primero apelan a la agencia del orden que los incorporó. Si la solicitud es denegada o no reciben una respuesta, pueden pedirlo a un tribunal.

La procuraduría de la ciudad, que representó a LAPD en las peticiones de 2019, escribió en un comunicado que perdió las dos primeras cuando la corte dictaminó que la evidencia del departamento -que consistía principalmente en una carta que enumeraba razones generales, pero no los hechos subyacentes que respaldaban la inclusión en la base de datos- no era una prueba clara y convincente.

Las solicitudes presentadas desde entonces involucraron circunstancias similares, por lo cual “la ciudad decidió no continuar con esos casos”, se informó.

Ante las derrotas en la corte, el jefe adjunto de LAPD Horace Frank declaró que el departamento comenzó en diciembre pasado a exigir una notificación de incorporación a CalGang para proporcionar más detalles sobre los motivos de la inclusión. Los individuos ahora recibirán una hoja de cálculo que, además de indicar los criterios generales que una persona cumple, brinda el nombre del oficial involucrado. También incluye un espacio para detalles adicionales. “Decidimos: ‘Bien, nos aseguraremos de enviarles toda la información sobre por qué lo estamos poniendo en el sistema’”, afirmó Frank. “Desafortunadamente no lo hacíamos desde el principio. Sólo marcábamos las casillas”.

La policía de Los Ángeles coloca a más personas en CalGang que cualquier otra agencia de aplicación de la ley en el estado. Según los datos de 2018 de la oficina del procurador general, el departamento fue responsable del ingreso de 20.583 individuos, más del 20% de los nombres totales en la base de datos.

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El público no tiene acceso a CalGang. Durante décadas, los policías utilizaron la base de datos para verificar la sospecha de vínculos y afiliaciones con pandillas.

Ahora se está trabajando para reformar el proceso. Una auditoría estatal de 2016 detectó que algunas de las agencias que ingresan los nombres de los presuntos pandilleros, incluida LAPD, no podían justificar algunas entradas. En la actualidad, las fuerzas del orden pueden emplear información como la ropa o la identificación como pandilleros por fuentes “confiables”. Sólo dos o tres de los ocho criterios posibles deben documentarse, según las circunstancias.

El procurador general de California, Xavier Becerra, precisó este lunes que una incorporación errónea podría derivar en un escrutinio injustificado por parte de la policía. Según Larry Droeger, jefe de la división de pandillas de la oficina del fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, se le puede pedir a un detective con acceso a CalGang que ingrese en la base de datos e identifique a los oficiales que contactaron a un individuo. Si dichos oficiales testifican en la corte, eso se puede usar como prueba para demostrar que se cometió un delito en beneficio de una pandilla.

No obstante, agregó: “Los oficiales que testifiquen que una persona es miembro de una pandilla no va a hacer ni a anular una acusación de pertenecer a pandillas”.

Solicitar ser eliminado de la base de datos es inusual. Según el informe del fiscal general, sólo se realizaron 53 pedidos entre el 1º de noviembre de 2017 y el 31 de octubre de 2018. El Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino y LAPD recibieron la mayoría de las solicitudes. Si bien el condado de San Bernardino concedió tres de los 18 pedidos, LAPD negó los 15 que recibió.

El portavoz del departamento, Josh Rubenstein, explicó que se planea revisar dichas denegaciones. El informe de 2019 del fiscal general sobre CalGang, que incluirá las solicitudes de eliminación realizadas en el período posterior, se dará a conocer esta semana.

“Hay muy pocas historias de personas que salen de la base de datos de CalGang”, expuso Jorja Leap, experta en pandillas de la Escuela de Asuntos Públicos Luskin, de UCLA. “Todo esto crea un clima de desconfianza, y la gente no lo intenta, por ello no triunfa”.

Pero para Wes McBride, ex jefe del área de pandillas del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles, que creó el sistema precursor de CalGang en la década de 1980, casi la totalidad de sujetos que aparece en la lista debe estar allí. “La gran mayoría de estos tipos saben que son pandilleros”, afirmó. “En términos generales, saben quiénes son y por qué están allí”.

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La carta de Sanders señalaba que él cumplía tres criterios para justificar su inclusión en la base de datos: arresto por delitos consistentes con la actividad de pandillas, asociación con miembros de pandillas comprobados y frecuentar áreas de pandillas. Sin nada más que agregar, Sanders sólo podía emitir una negación general, expuso Sean García-Leys, abogado de Urban Peace Institute, que representó a Sanders. El cantante había sido arrestado a los 20 años por razones que, dijo, no se relacionaban con delitos de estos grupos. Él no conocía las identidades de los presuntos pandilleros.

“[La carta] Decía que estaba en un área de pandillas, ¿eso significa que piensan que todo el centro y sur es un área de pandillas? ¿O que ese parque es un área de pandillas? [Sanders] no puede responder adecuadamente a eso”, expuso García-Leys.

El abogado escribió una carta a LAPD alegando que no se había proporcionado evidencia clara y convincente de la membresía, asociación o afiliación a una pandilla por parte de Sanders, el estándar que la agencia necesitaría probar en la corte. LAPD no respondió al pedido, expuso, por lo cual presentó una petición judicial. Luego firmó un acuerdo con la oficina del fiscal de la ciudad.

En octubre, cinco meses después del encuentro en el parque, Sanders se enteró de que su nombre ya no estaba en CalGang.

En un comunicado, Frank, el jefe adjunto de la policía, escribió que su eliminación no significaba que había sido incorporado por error al listado. “No afirmamos ni admitimos que eliminarlo de la base de datos significa que no debería haber sido incluido allí en primer término”, señalaba.

Sanders ve las cosas de modo diferente. “No tenían evidencia, ni nada que decir acerca de que soy un pandillero. Puedo salir con un millón de personas, pero eso no me convierte en uno de ellos”.

En una carta del 25 de junio de 2019, enviada a la oficina del procurador general de California, un grupo de abogados que representaron a clientes que solicitan el retiro de la lista pidió una mayor transparencia por parte de las autoridades. Los departamentos de policía, escribieron, deberían proporcionar el nombre de la pandilla con la que supuestamente estaban involucrados sus clientes. “Deben brindar la evidencia real, incluidas las imágenes en video si la afirmación se basa en esa interacción, o evidencia fotográfica si está apoyada en una publicación en las redes sociales”, explicó Melanie Ochoa, abogada de ACLU del sur de California.

El escándalo actual de LAPD comenzó el año pasado, cuando una madre de Van Nuys se quejó de que su hijo adolescente había sido agregado por error a CalGang después de una entrevista de campo con oficiales. Los supervisores de la policía revisaron las imágenes de las cámaras corporales de los agentes y descubrieron que no coincidían con sus versiones, lo cual derivó en una investigación interna ampliada y una reciente recomendación del jefe de LAPD, Michel Moore, de despedir a uno de los oficiales involucrados.

La controversia ya está dando lugar a cambios. El jefe adjunto, Frank, advirtió que el departamento comenzó a capacitar a los oficiales para que sean más específicos al identificar en una tarjeta de entrevista de campo cuál es la evidencia que justifica la incorporación de alguien a la base de datos, incluido el por qué se considera que un área en particular es una ‘ubicación de pandillas’.

“Tienen que detallar específicamente dónde se encontró a esa persona en el parque, por lo cual se considera una ubicación de pandillas. ‘En esta área particular del parque es donde se juntan las pandillas X, Y, Z y han tomado esta parte del parque con graffiti’”, detalló Frank.

El departamento aumentó la supervisión de cómo agrega personas a CalGang y cómo revisa los pedidos de eliminación. Un subjefe revisará las solicitudes de remoción si agentes de menor rango lo niegan. Antes de reincorporar a alguien a la lista, un supervisor especialista en estas organizaciones delictivas repasará cualquier arresto o citación que haya recibido la persona, y se asegurará de que la información en la tarjeta de entrevista de campo sea coherente con el video de la cámara corporal del oficial. Luego, un teniente del equipo experto en pandillas realizará otra verificación.

Tina Padilla, gerente de programas de Breaking Through Barriers to Success, que trabaja con jóvenes en riesgo en Los Ángeles, recibió cerca de 10 consultas desde enero pasado, provenientes de personas que temen que ellos o sus hijos puedan aparecer en la base de datos porque residen en vecindarios con actividad de estos grupos. Aunque LAPD le envía a los individuos un aviso de que serán ingresados ​​en el listado, a las familias les preocupa no haber recibido la carta debido a algún error.

Los padres que desean saber si ellos o sus hijos aparecen en la base de datos a menudo se preocupan de ser estigmatizados si alguien los ve acudir a una estación de policía, comentó Padilla. También temen las repercusiones posibles de llamar la atención de LAPD. “No quieren entrar y preguntarle a los oficiales si están en la lista”, dijo. “Si le preguntan a LAPD y no están en ella, sienten que los agregarán por el solo hecho de consultar”.

Incluso si un individuo cree que no debería estar en la base de datos, a menudo se siente demasiado desanimado para luchar contra el departamento [y pedir el retiro de su nombre]. “Es una falta de confianza. Ellos creen que, si LAPD los puso en esa lista, ¿por qué habría de sacarlos?”, expuso.

Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí


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