A los agentes de ICE se les dan máscaras para protegerse. Los niños en las casas que llaman a la puerta. Vecindarios misteriosamente tranquilos. Un día en la vida de los agentes de ICE que buscan hacer arrestos en el tiempo del coronavirus
En la oscuridad de las primeras horas del lunes, alrededor de una docena de agentes de inmigración se reunieron frente a un Starbucks en Bell Gardens.
Para los oficiales de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que realizan arrestos a diario, se suponía que sería una jornada común. Pero esa mañana, se saludaron con los codos en lugar de apretarse las manos; el Starbucks donde se reunieron tenía habilitada únicamente la opción para llevar, y los letreros de la autopista por la que habían viajado decían: “Lávese las manos y manténgase sano; evite el COVID-19”.
Los agentes de ICE estaban a punto de comenzar su jornada tratando de arrestar objetivos en uno de los días más inusuales: justo después de que el gobernador de California y el alcalde de Los Ángeles ordenaran a las personas aumentar el distanciamiento social para evitar el contagio del coronavirus. Los agentes tenían máscaras faciales N95 en sus vehículos, por si acaso.
Ante las medidas de seguridad adoptadas en todo el estado, los defensores de los inmigrantes criticaron a ICE por la continuación de sus operaciones. Más de 45 organizaciones firmaron una carta esta semana pidiendo al Departamento de Seguridad Nacional que suspenda tales acciones. ICE respondió que tomaría precauciones, dada la nueva realidad, pero que los arrestos continuarían.
“Estamos aquí tratando de proteger al público, retirando a estos extranjeros criminales de la calle y de nuestras comunidades”, declaró David Marín, director de Operaciones de Cumplimiento y Remoción de ICE en L.A. “Pedirnos que dejemos de hacerlo básicamente les da a esos delincuentes una oportunidad para, quizá, cometer más crímenes y generar más víctimas”.
En el estacionamiento, el grupo de agentes permanecía en un círculo abierto -aunque no a seis pies de distancia- mientras revisaban la lista de objetivos. Esa mañana, estaban buscando a cuatro personas, incluidos dos delincuentes sexuales registrados.
Entre los oficiales reunidos se encontraban dos pertenecientes a Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, identificables sólo por un parche en su chaleco con el nombre de su agencia. Pertenecían a los nueve agentes y oficiales en total del CBP que fueron desplegados en el área de Los Ángeles en las últimas semanas para ayudar a ICE a realizar arrestos.
Juntos repasaron la altura, el peso y las rutinas diarias de las personas a quienes intentaban arrestar. Casi todos los objetivos vivían dentro de un radio de una milla. Con muchas escuelas cerradas debido al coronavirus y algunas personas trabajando desde casa, no estaba claro cómo se concretarían los arrestos esa mañana. “No tuvimos eso en cuenta. Este COVID-19 y las precauciones que todos están tomando”, consideró Marín. “Sólo debemos seguir con el mismo plan de acción que hemos hecho hasta ahora”.
Todos los oficiales recibieron máscaras protectoras en las últimas semanas. En su auto, Marín guardaba paquetes de toallitas desinfectantes, que había usado esa mañana para limpiar el volante, las llaves y sus manos después de poner gasolina a su auto.
Alrededor de las 5 a.m., los oficiales esperaban en el exterior de la casa de Pedro Castillo Bravo, quien fue condenado en 2015 por conducir bajo la influencia de alcohol (DUI), causar lesiones corporales y huir de la escena del accidente.
Los oficiales sabían que el hombre de 56 años pronto saldría a trabajar recogiendo metal. En menos de una hora, vieron movimiento en la entrada.
“No puedo decir si es el objetivo o no, pero alguien ingresó al vehículo del objetivo”, se escuchó la voz de un oficial por la radio. Justo cuando Castillo se preparaba para irse, un oficial golpeó la puerta del automóvil. Preguntó si Castillo estaba enfermo o tomando medicamentos, a lo cual el sujeto respondió que no. Le cuestionó si había sido arrestado antes; Castillo admitió que sí. El oficial, que llevaba un par de guantes negros, lo esposó y colocó en la parte trasera de un Dodge Challenger blanco.
Desde la condena de 2015, comentó Castillo, no había vuelto a conducir borracho. Esa mañana, después del trabajo, planeaba visitar la tienda de comestibles, preocupado por la falta de alimentos en el hogar y el desabastecimiento de muchas tiendas debido a las compras por pánico. “Soy el jefe del hogar”, afirmó, con los ojos llorosos. “Si me tienen aquí encerrado, ¿qué pasará con la renta y la comida?”.
Poco después de las 6 a.m., los oficiales estaban en la siguiente casa, en Lanto Street, donde buscaban a un hombre que había sido condenado por agresión sexual y sentenciado a tres años de libertad condicional. Cuando ICE lo detuvo, les dijo que tenía una tarjeta verde.
Su delito, afirmó Marín, lo convertía en sujeto de deportación. Los oficiales lo colocaron en el asiento trasero, al lado de Castillo.
Mientras que unos pocos oficiales trasladaban a los individuos para que fueran procesados, el resto fue a tocar una nueva puerta, en un parque de casas móviles cercano. Buscaban a alguien condenado por recibir propiedad robada y por conspiración para cometer un delito. En lugar de ello, se encontraron con su esposa y sus dos hijos, ambos en casa ese día debido a las medidas precautorias. “Somos los únicos aquí”, le indicó la esposa del hombre al oficial, permitiéndole entrar y revisar el interior.
Después del operativo, los agentes volvieron a Starbucks para tomar un café e ir al baño. En el interior, el personal no permitía a los clientes poner su propia crema o azúcar en las bebidas, en pos de detener la propagación del coronavirus. Y el baño que tanto deseaban utilizar estaba cerrado al público, así fueran autoridades o civiles.
Mientras los oficiales aguardaban afuera, un hombre se les acercó para preguntarles si era “cierto que el sheriff había contraído el coronavirus”. Ellos respondieron que no. A lo largo del día, vieron a personas con máscaras faciales y a otras con los brazos cargados de papel higiénico y toallas de papel.
El coronavirus tuvo efectos en toda la agencia. En el edificio donde trabaja Marín en el centro, los funcionarios han hablado de limitar el contacto con el público. Los martes y jueves hay 150 personas apiñadas en una sala de espera, que antes hacen fila afuera contra una pared para registrarse con ICE. Algunas de ellas repiten el procedimiento cada 30 días. “Podríamos tener que ajustar esa medida; hacerlo cada 60 o 90 días tal vez, para limitar el contacto”, reflexionó Marín. “Trabajaremos en el tema, caso por caso”.
Investigaciones de Seguridad Nacional, una rama dentro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, pospuso su academia de ciudadanos. También se cancelaron las clases avanzadas en los Centros de Entrenamiento Federal de Autoridades; una reunión de Marín con líderes religiosos fue cancelada.
Durante el fin de semana, Marín se reunió con sus superiores para determinar qué labores se permitirían al personal trabajar a distancia. A excepción de los especialistas de apoyo a las misiones, la idea parecía descartada para el resto. “Nuestro trabajo no puede hacerse desde casa”, reflexionó Marín. “Procesar personas o registrarlas; eso no se puede hacer con teletrabajo”.
Más tarde esa mañana, los agentes esperaron afuera de la última casa que tenían en su lista para ese día. Usualmente veían a su objetivo salir del hogar entre las 8:45 y las 9 a.m. Pero esa mañana, esperaron una hora y media, y nunca lo vieron. “Este tipo está retrasado”, afirmó Marín, especulando que habría cambiado su patrón de actividades “debido al coronavirus”.
Pero el mayor cambio se hizo evidente cuando Marín volvía al centro de la ciudad, por una desierta Autopista 110 norte. “¿Dónde está el tráfico?”, se preguntó.
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