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California considera estricta ley “George Floyd” para castigar a policías que no intervienen

 Four coffins in memory of George Floyd and others who were killed by police in downtown Los Angeles
Los manifestantes muestran cuatro ataúdes en memoria de George Floyd y otros asesinados por la policía en todo el país en el centro de Los Ángeles en junio.
(Genaro Molina / Los Angeles Times)

Indignados por el hecho de que los agentes de Minneapolis observaran mientras su colega mataba a George Floyd, los legisladores de California están considerando una ley estricta para castigar a la policía que no interviene al presenciar el uso de fuerza excesiva, incluidos posibles cargos penales y la prohibición de ejercer la aplicación de la ley.

Si se promulga, la ley propuesta pondría a California a la vanguardia de los esfuerzos legales para castigar el “código azul de silencio” que, según muchos, contribuyó a la muerte de Floyd.

Pero el proyecto de ley, redactado por el asambleísta Chris Holden (D-Pasadena), ha desencadenado una pelea con las agencias policiales de todo el estado que sostienen que la regla es en gran medida redundante, y que impone un castigo a los oficiales durante situaciones que a menudo implican decisiones de una fracción de segundo.

Floyd, un hombre negro, fue asesinado el 25 de mayo por el agente de policía de Minneapolis Derek Chauvin, quien colocó su rodilla en el cuello de Floyd durante casi ocho minutos hasta que dejó de responder. Otros tres oficiales en la escena no detuvieron a Chauvin, aunque Floyd decía que no podía respirar.

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“Me destrozó el corazón”, dijo Holden. “Fue la inacción de los otros oficiales lo que causó una verdadera preocupación porque nunca trataron de detenerlo”.

Chauvin ha sido acusado de asesinato en tercer grado, asesinato en segundo grado y homicidio involuntario. Sus tres colegas, Thomas Lane, Tou Thao y J. Alexander Kueng, han sido acusados de ayudar e incitar el homicidio en segundo grado.

El proyecto de ley de Holden convertiría a los agentes en un accesorio de cualquier delito cometido por oficiales usando fuerza indebida si no toman medidas.

Holden dijo que a pesar de los mandatos y políticas actuales que otorgan a los oficiales el deber de intervenir, su medida es necesaria para aclarar qué significa esa acción y cómo se debe capacitar a los agentes. También brindaría protección a los denunciantes de irregularidades que reporten fuerza excesiva y prohibiría que una persona permanezca como oficial si se descubre que ha usado fuerza excesiva innecesaria que resultó en una gran lesión corporal o muerte, o no intervino en esa situación.

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“Debe haber intervención física”, dijo. “También es necesario asegurarse de que la cámara del cuerpo esté encendida, que haya un esfuerzo por reducir la situación”.

Pero los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley dijeron que el proyecto de ley es injusto para los agentes porque no tiene en cuenta que en el caso Floyd los oficiales tuvieron tiempo de reaccionar, lo cual es una anomalía. Señalaron que la mayoría del uso de la fuerza ocurre rápidamente, a menudo en situaciones caóticas, y determinar que los agentes mantengan un deber inflexible de intervenir no es práctico ni justo.

“Esta propuesta equivocada criminaliza a los oficiales que pueden no tener una comprensión completa del incidente y tienen puntos de vista diferentes. Políticas firmes, capacitación sólida y disciplina justa son mucho más apropiadas que las sanciones penales”, manifestó la junta directiva de la Liga de Protección de la Policía de Los Ángeles en un comunicado.

Ed Obayashi, un capacitador de policía en todo el estado, dijo que la medida era “poco práctica” y presentaba una solución amplia a un problema limitado. Obayashi expuso que una situación como la muerte de Floyd, en la que otros oficiales están presentes pero no participan activamente, es rara, y legislar por ello podría crear confusión en situaciones más comunes.

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Dio el ejemplo de las recientes protestas en las que el uso de balas de goma y otros proyectiles han sido cuestionados como fuerza excesiva, señalando que habría sido difícil para otros oficiales presentes en esas situaciones determinar si la fuerza estaba justificada y si tenían un deber de intervenir.

“Es una pendiente resbaladiza, porque qué vas a decir si tienes 30 oficiales en una línea y uno despliega un proyectil y golpea a alguien en la cabeza. ¿Qué se supone que deben hacer los otros oficiales?”, preguntó.

La propuesta también provocó la ira de las fuerzas del orden público por el lenguaje que habría anulado un acuerdo negociado el año pasado para aprobar el Proyecto de Ley 392 de la Asamblea, que renovó el uso de la ley de fuerza de California. Esa medida contenciosa provocó semanas de protestas emocionales en el Capitolio a raíz del tiroteo de Stephon Clark por parte de la policía de Sacramento que confundió su teléfono celular con un arma.

El gobernador Gavin Newsom diseñó un compromiso de última hora entre los encargados de hacer cumplir la ley y los defensores de la reforma que convenció a la policía de poner fin a la oposición a la medida y suavizó parte de su lenguaje. Ese acuerdo se centró en gran parte en la definición, o la falta de ella, de una sola palabra: necesaria.

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Los defensores de la reforma policial querían una definición clara de que la fuerza letal solo podía usarse cuando se habían agotado otras opciones. Las fuerzas del orden argumentaron con éxito que la definición estricta no siempre era posible. La palabra finalmente se estableció en la ley, pero su significado quedó a discreción de los fiscales y los tribunales.

A principios de esta semana, el autor de la AB 392, Shirley Weber (demócrata de San Diego), agregó una definición de lo que significa “necesario” tanto al proyecto de ley de Holden como a otra.

Los cabilderos de la policía se molestaron, considerándolo una medida usada como pretexto para deshacer el acuerdo negociado por Newsom.

El proyecto de ley Weber, AB 1709, no avanzará este año.

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Holden dijo el miércoles que no estaba al tanto de la importancia del lenguaje, y está en proceso de eliminar esa parte. Agregó que “se nos señaló recientemente que esto era parte de la negociación del gobernador con las fuerzas del orden público sobre la [AB] 392" y que no era su intención cambiar el uso de la fuerza por parte del estado nuevamente.

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