Esta compañía de L.A. recibió la mayor multa del estado por COVID-19. Algunos dicen que es un modelo a seguir para la seguridad de los trabajadores

A finales de julio, Gloria López, una controladora de peso en una planta procesadora de alimentos congelados en Vernon, notó que faltaba un divisor de plexiglás entre los trabajadores de la línea de producción.

Dos empleados estaban expuestos al coronavirus. Ninguno de ellos había dicho nada.

“Le dije a uno de ellos: ‘¿Se siente cómoda con su forma de trabajar?’ Y ella respondió: ‘No, pero ¿qué quieres que haga?’” recordó López.

En cuestión de minutos, López ordenó a un empleado que pulsara un botón para detener la producción. Le dijo al líder de la línea que pertenecía a un nuevo comité de seguridad en la planta de Overhill Farms, que ha autorizado a los miembros del panel detener la producción si no se toman medidas de seguridad.

Unos 10 minutos más tarde, el divisor había sido colocado de nuevo.

“Pensé ‘si podemos hacer algo por medio de nuestro comité’”, manifestó López, de Huntington Park, “‘Sí, podemos estar más seguros en donde trabajamos’”.

La empresa y los trabajadores, respaldados por un sindicato, formaron el comité en medio de un grave problema. El 9 de septiembre, la División de Seguridad y Salud Ocupacional de California, conocida como Cal/OSHA, anunció más de 200.000 dólares en multas para Overhill Farms y su agencia de empleo temporal, Jobsource North America, una de las mayores multas impuestas por el estado hasta la fecha a una empresa por violaciones de la salud por coronavirus.

Las multas, que hacen referencia a más de 20 casos del virus y a la muerte de un trabajador, provienen de las inspecciones iniciadas en abril, en las que se encontró que la empresa no proporcionaba suficiente equipo de protección, no imponía el distanciamiento físico ni informaba a los trabajadores sobre los peligros.

Estas multas siguen a las primeras sanciones que Cal/OSHA anunció el 4 de septiembre por violaciones de seguridad del coronavirus, con penalidades contra 11 empleadores que iban desde $2.025 a $51.190.

Overhill Farms y Jobsource han dicho que planean disputar las sanciones. Overhill Farms calificó las acusaciones de “erróneas”, afirmando que Cal/OSHA afirmó falsamente que la compañía no instaló divisores de plexiglás.

“La salud y la seguridad de nuestros empleados es nuestra prioridad”, manifestó la compañía en un comunicado. “Overhill Farms no solo ha tomado medidas de acuerdo con la constante evolución de las directrices federales, estatales y locales, hemos ido más allá de esas recomendaciones al desarrollar nuestros propios procedimientos de seguridad para los empleados”.

Desde que el comité fue convocado por primera vez a finales de julio, seis trabajadores, un enlace sindical y representantes de la compañía se han reunido casi semanalmente para discutir la seguridad para evitar el coronavirus. Algunos de estos trabajadores han dicho que lentamente han visto mejoras en la aplicación del distanciamiento social y se sienten más seguros en el trabajo.

Los defensores de los trabajadores han destacado al comité de seguridad de Overhill como un precedente a medida que la Junta de Supervisores del condado avanza en una moción que permitiría a los empleados formar consejos de salud pública autorizados a informar si sus empleadores están cumpliendo con las órdenes de salud por coronavirus, una propuesta que cuenta con un amplio respaldo entre los grupos laborales, pero a la que se oponen firmemente muchos líderes empresariales.

“Es un enfoque de sentido común”, dijo Rob Nothoff, director de políticas de la Federación del Trabajo del Condado de Los Ángeles. “Le das poder a los trabajadores para ayudar a agregar capacidad adicional al Departamento de Salud Pública y para servir como una especie de ejecutores o denunciantes. Todos estarán mejor protegidos”.

Según los funcionarios de salud del condado, hubo 26 casos de coronavirus entre marzo y agosto en Overhill Farms. La mayoría de los casos fueron en abril, cuando 11 trabajadores se enfermaron.

Kathy Finn, secretaria-tesorera de United Food and Commercial Workers Local 770, que representa a varios cientos de empleados de Overhill, dijo que esperaba que las multas enviaran un mensaje claro a otros centros de empleo.

“El hecho de que haya habido algunas mejoras ahora es un reflejo del hecho de que el estado tardó mucho tiempo en realmente hacer algo”, manifestó Finn.

Armando Romero, operador de montacargas y miembro del comité de seguridad, dijo que en los primeros días de la pandemia Overhill Farms no proporcionó mascarillas a los trabajadores. Reveló que se tomó un permiso de 30 días, preocupado por la posibilidad de exponer al virus a su suegra que vivía con su familia.

Cuando regresó a trabajar, el residente de Maywood dijo que la empresa estaba proporcionando mascarillas pero no haciendo cumplir el distanciamiento social ni facilitando suficiente desinfectante para las manos.

“Cuando comenzó el coronavirus, nadie sabía qué reglas seguir”, señaló Romero. “A partir de ahí, vimos que necesitábamos hacer algo para protegernos”.

Un grupo de trabajadores se acercó a su sindicato, que propuso la idea del comité a los gerentes de Overhill. Romero dijo que después de que la compañía comenzó a escuchar las preocupaciones del comité, se propuso limitar el número de empleados que podían entrar a la planta a la vez e impuso el distanciamiento social durante las pausas para el almuerzo, añadiendo divisores de plexiglás a las mesas en el comedor y limitando la cantidad de asientos.

A lo largo de la jornada laboral, los trabajadores del comité revisan sus áreas para asegurarse de que los divisores están en su lugar y que los empleados se cubren la cara y observan el distanciamiento social.

Rhina Blanco, una trabajadora que vive en South Gate, comentó que se unió al comité para proteger a sus tres hijas y a su marido y a las familias de sus compañeros de trabajo. Al igual que Romero, dejó de ir a trabajar brevemente porque dijo que la empresa no le proporcionaba el equipo de protección adecuado.

Para que sus compañeros de trabajo se distanciaran socialmente, les dijo: “No quiero que mi familia se infecte y no deseo que su familia se infecte”.

Aunque señaló que el lugar de trabajo sigue siendo un entorno peligroso, Finn reconoció que el comité ha creado un espacio para plantear cuestiones en una industria en la que los trabajadores suelen temer represalias.

“Algunas de las cosas que se lograron fue dar voz a los trabajadores”, manifetsó. “Consiguieron la capacidad de cerrar la línea cuando vieron que sucedían cosas inseguras. Ese es un enorme, enorme poder para detener la producción porque eso impacta a la compañía en su bolsillo”.

En respuesta a las preguntas sobre si el comité de seguridad había dado lugar a mejoras, Frank Polizzi, funcionario de información pública del Departamento de Relaciones Industriales de California, la agencia matriz de Cal/OSHA, dijo que hasta la fecha de la citación el estado “no ha recibido pruebas de que las violaciones relacionadas con COVID-19 hayan sido corregidas por ninguno de los dos empleadores”.

Pero en las últimas semanas, los grupos laborales han señalado al comité de Overhill Farms como un modelo para apoyar a los supervisores de la moción que están considerando para crear grupos similares.

Bajo la propuesta actual, los consejos de trabajadores se asociarían con organizaciones certificadas por el Departamento de Salud Pública del condado para documentar las violaciones, con el objetivo de expandir la capacidad de aplicación de sanciones del departamento. Los detalles del programa aún se están desarrollando, pero el supervisor Mark Ridley-Thomas, que fue coautor de la moción aprobada inicialmente a finales de julio, dijo que debería centrarse en las industrias con altos índices de violaciones y brotes.

“El establecimiento de consejos de salud pública proporcionará otra herramienta en el conjunto de instrumentos para monitorear, documentar y reportar mejor las violaciones a la salud pública”, enfatizó Ridley-Thomas en la reunión del consejo del 1 de septiembre. “Si queremos frenar la propagación, tenemos que hacerlo en el contexto de una economía justa”.

En una carta del 6 de agosto a la junta, la directora de salud pública, la Dra. Bárbara Ferrer, reconoció las preocupaciones de que los empleadores puedan tomar represalias contra los trabajadores que participan en los consejos y sugirió la adopción de normas para abordar ese tema.

Tia Koonse, gerente de investigación legal y de políticas en el Centro Laboral de UCLA, dijo que, con los pocos investigadores del condado, los consejos de trabajadores son una medida rentable para asegurar el cumplimiento.

Pero la moción se ha enfrentado a un firme rechazo por parte de los líderes empresariales. En una carta a la junta, la Federación de Negocios del Condado de Los Ángeles, conocida como BizFed, calificó la propuesta “como otra capa de burocracia engorrosa diseñada para sujetar a los empleadores a los caprichos de cualquier empleado descontento”.

Añadió que los empleados ya pueden reportar el incumplimiento a una línea directa del condado y que apoyaría a los consejos solo “para los pocos malos patrones que han sido advertidos repetidamente y que todavía son incapaces de cumplir”.

“No vemos realmente ningún aspecto favorable en ello”, dijo en una entrevista Sarah Wiltfong, gerente de políticas de BizFed, añadiendo que la propuesta resultaría en la “sindicalización de facto de las empresas”. Quedan preguntas sobre cómo los empleadores compensarían a los consejos de trabajadores que se reúnen en horas de trabajo, subrayó.

Del mismo modo, Patricia Torres Bruno, directora de políticas de la Cámara de Comercio del Área de Los Ángeles, dijo que la moción ha sido “apurada a través de la Junta de Supervisores” con poca aportación de la comunidad empresarial.

“No es en el mejor interés de un negocio no cumplir con las órdenes de salud”, destacó Bruno. “Están ansiosos por abrir y abrir con seguridad”.

Freddie Agyin, director de salud y control ambiental de la ciudad de Vernon, dijo que cuando su personal visitó Overhill Farms a mediados de agosto, solo notaron que las barreras de plexiglás debían extenderse más en las mesas de almuerzo y que era necesario colocar más copias de las órdenes de salud en las áreas que los empleados frecuentan.

“Han hecho progresos”, aseguró de la empresa.

Agyin dijo que la participación de los empleados en cuestiones de seguridad es clave.

“No se pueden implementar cosas donde no se tiene el compromiso”, concluyó.

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