El intento de un detective para ocultar una autopsia agrava la división entre el sheriff y la oficina forense

Un detective de homicidios del Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles se acercó silenciosamente a un juez de la Corte Superior a fines del mes pasado con una solicitud inusual: quería que el juez prohibiera que el forense del Condado divulgara el informe de la autopsia de un hombre asesinado por agentes del Sheriff.

En tiempos normales, un juez no habría tenido ninguna razón para involucrarse. La oficina del médico forense siempre había mantenido en secreto los informes, y cuando los investigadores del Departamento del Sheriff o cualquier otra agencia policial lo solicitaban, los entregaban.

Pero estos no son tiempos normales en el condado de Los Ángeles, donde el sheriff Alex Villanueva está enfrascado en una lucha de poder cada vez más hostil con los funcionarios del Condado que lo acusan de deshacer reformas críticas, evitar la transparencia y rechazar los esfuerzos para hacer que rinda cuentas.

La fricción se ha extendido en los últimos meses a la oficina del médico forense, donde funcionarios superiores han dejado en claro que las antiguas reglas ya no se aplican cuando se trata de asesinatos cometidos por agentes del Sheriff.

El juez aprobó la orden de mordaza, poniendo en marcha una pelea legal que ha aislado aún más al sheriff de otros líderes del Condado y ha profundizado la disputa con el forense.

La actual escaramuza con el forense surge de un enfrentamiento a mediados de julio, cuando el forense rompió filas con el Departamento del Sheriff al publicar el informe de la autopsia de Andrés Guardado, confirmando que el joven de 18 años recibió cinco disparos en la espalda por parte de un agente de esa corporación.

Los investigadores del Departamento del Sheriff le habían pedido al forense que mantuviera el informe en secreto, diciendo que la información sobre cómo murió Guardado podría manchar su indagación si se hacía pública. Tales solicitudes no son inusuales en casos de alto perfil, incluidos aquellos en los que alguien es asesinado por un oficial de policía. El resultado es que la información sobre esos casos puede permanecer oculta durante meses o, en algunos casos, años.

Villanueva estaba indignado por la decisión del forense de publicar el informe, que creía que podría poner en peligro la investigación sobre las acciones del agente. Sugirió que, en el futuro, sus investigadores tendrían que buscar órdenes judiciales para que el forense se adhiera a los cierres de información, que se conocen como retenciones de seguridad.

Desde que se publicó el informe de Guardado, los agentes del Sheriff del condado de Los Ángeles mataron a tiros a otras cinco personas, según la información recopilada por el departamento. El que conduciría a la batalla legal con el forense fue el tiroteo de Dana Young en las primeras horas de la mañana del 15 de octubre.

Los agentes respondieron a una llamada de una mujer secuestrada a punta de pistola en el sur de Los Ángeles, según un comunicado de prensa del Departamento del Sheriff.

Young obligó a la mujer a subir a su SUV y huyó, según el comunicado. En un momento, el conductor de la camioneta se detuvo y disparó contra la amiga de la mujer, que la había perseguido.

La mujer logró escapar y, cuando los agentes se acercaron, la camioneta se estrelló contra una puerta al final de un callejón sin salida.

Young estaba corriendo cuando los agentes abrieron fuego, dijo el departamento. No hubo detalles sobre qué provocó el tiroteo.

Young murió en el lugar de los hechos. Se recuperó un arma.

Como se hace con todos los asesinatos cometidos por agentes, los detectives del sheriff comenzaron a investigar el tiroteo. Con la intención de que la oficina del forense no vuelva a hacer públicos sus hallazgos, el detective Jason Marx acudió al juez de la Corte Superior Kerry L. White el 29 de octubre y salió con una orden que prohibía al forense publicar el informe de la autopsia de Young durante 60 días. Más tarde ese día, Marx lo presentó en la oficina del forense.

Los funcionarios del forense se opusieron. En una declaración presentada ante el tribunal, el médico forense en jefe, el Dr. Jonathan Lucas, dijo que nadie del Departamento del Sheriff había solicitado una retención de seguridad en la autopsia de Young y que Marx no había notificado a la oficina del forense de antemano sobre su plan de solicitar una orden judicial.

Los abogados del Condado, que suelen acudir a los tribunales para defender al Departamento del Sheriff, le pidieron al juez que anulara la orden, argumentando que era nula porque la oficina del forense no recibió notificación y que estaba “restringida de manera inadmisible” la capacidad del Condado para operar según lo previsto.

En una aparente referencia al caso Guardado, los abogados argumentaron que Marx “determinó tomar la decisión por sí mismo” en la oficina del forense porque “pudo haber estado descontento” de haber desafiado una retención de seguridad en un caso no relacionado, según el expediente.

“El detective Marx simplemente no tenía base fáctica o legal para solicitar la orden, y el Tribunal no tenía base para otorgarla”, escribieron los abogados del Condado en su presentación.

Marx y un abogado que compareció ante el tribunal en su nombre no devolvieron las llamadas para hacer comentarios, pero un portavoz del Departamento del Sheriff dijo que los investigadores estaban “preocupados por el precedente” que el forense había establecido en el caso Guardado y por eso acudieron al juez.

“La transparencia es un objetivo, sin embargo, no puede venir a expensas de la integridad de la investigación”, dijo el teniente John Satterfield en un comunicado.

White, el juez que firmó la orden inicial, se negó a comentar a través de su secretario judicial.

Finalmente, otro juez decidió el asunto. No está claro por qué White no lo hizo. En una audiencia el martes en el East L.A. Courthouse, la jueza Lucy Armendariz anuló la orden de White y decidió que “ni el detective Jason Marx ni nadie del Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles puede confiar en, transmitir o citar la orden a alguien como una orden existente”.

Los documentos judiciales también revelan nuevos detalles sobre el caso de Guardado y el acalorado intercambio entre la oficina del forense y el Departamento del Sheriff que terminó con la publicación del informe de la autopsia.

En julio, tres semanas después de la muerte del joven de 18 años, los investigadores del Sheriff aún no habían entrevistado formalmente al agente que abrió fuego.

Los abogados que representan a la familia de Guardado dieron a conocer los resultados de una autopsia independiente que concluyó que le habían disparado cinco veces en la espalda. Su muerte había generado atención nacional y grandes protestas, lo que se sumó a un verano de disturbios en todo el país por la brutalidad policial.

El capitán de la Oficina de Homicidios Kent Wegener, cuyos detectives estaban llevando a cabo la investigación criminal, envió una carta al forense, pidiéndole que mantuviera oculto el informe oficial de la autopsia al público para que los que aún no habían sido entrevistados no se vieran influenciados por los resultados.

“Tengo conocimiento de que la familia de Andrés Guardado ha publicado extractos seleccionados de su examen privado; sin embargo, no tenemos control sobre eso”, escribió en la carta, una copia de la cual se presentó ante el tribunal. “Independientemente, no me someteré a la divulgación de esta información confidencial de la autopsia del Condado, lo que contribuirá a una violación de la confidencialidad dentro de esta investigación criminal”.

Lucas, el médico forense jefe, le dio al capitán hasta la mañana siguiente para brindar “información fáctica específica” que respaldara la necesidad de mantener el secreto, según muestran los registros.

Wegener respondió unos 20 minutos después.

“¿Qué más necesitas?”, dijo, de acuerdo con correos electrónicos en la presentación de la Corte. “Si proporcionamos detalles de las lesiones a los supuestos testigos, les daremos información que podrían incluir en su declaración. Hay personas que afirman haber presenciado el encuentro, incluido el tiroteo. Si es así, queremos los detalles de lo que presenciaron antes de contarles lo que se descubrió”.

Wegener no pudo ser contactado para hacer comentarios.

Lucas sopesó sus opciones y finalmente decidió revelar públicamente el informe de la autopsia de Guardado dos días después.

“Creo que el gobierno puede hacer su parte siendo más oportuno y más transparente al compartir la información que el público demanda y tiene derecho a ver”, dijo en ese momento.

Esta misma semana, la oficina del forense anunció que llevaría a cabo una investigación independiente, la primera de este tipo en casi 30 años, sobre la muerte de Guardado. Permitirá a la oficina del forense citar a testigos y presentar documentos a un oficial de audiencias independiente que “hará conclusiones relacionadas con la causa y la forma de la muerte”, según un comunicado emitido por la agencia.

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