La vacunación de los trabajadores agrícolas, entre la confusión y el momento inoportuno
En el Valle Central, se acerca la cosecha de primavera y la transición a Blue Shield está complicando los esfuerzos para vacunar a los trabajadores agrícolas contra el COVID-19.
En la región vinícola del norte del Valle de San Joaquín, de las ásperas ramas podadas de las vides brotan delicadas enredaderas que trepan sobre enrejados de alambre, y los cerezos florecen de color rosa suave.
Junto con la primavera, también ha llegado la segunda temporada de cosecha en la pandemia. Los campos y los cobertizos de empaque pronto estarán llenos de trabajadores, muchos de los cuales son migrantes y ya viajan por el Valle Central mientras maduran los frutos.
Por un lado, es un “momento crucial” para vacunarlos contra el coronavirus antes de que regresen a su peligroso trabajo, según consideró Diana Tellefson Torres, directora ejecutiva de la Fundación UFW. Pero también es justamente la época en que California está desechando su estrategia actual para la distribución de vacunas, controlada por los gobiernos locales, y transfiriéndola a una compañía de seguros sin fines de lucro, Blue Shield. La colisión de la temporada de cosecha con el traspaso a Blue Shield preocupó a muchos organizadores comunitarios y funcionarios de salud, que temen que los planes existentes, aunque criticados por ser inadecuados y desiguales, sean intercambiados por otro conjunto distinto de incertidumbres.
Algunos señalan que la compañía de seguros hizo poco para aliviar esos temores y no pidió su ayuda, a pesar de los desafíos de trabajar con cultivadores remotos, muchos de los cuales carecen de seguro médico. “No hay ningún plan que podamos analizar o al cual podamos contribuir”, señaló María Lemus, directora ejecutiva de Visión y Compromiso, una red de ‘promotores’, miembros de comunidades vulnerables que son enlaces capacitados en salud. Su grupo educa a los trabajadores agrícolas sobre el virus desde hace meses.
Hasta la fecha, la vacunación para los trabajadores agrícolas ha sido impredecible, a menudo impulsada por funcionarios electos locales, sindicatos, organizaciones sin fines de lucro y empleadores que utilizan sus conexiones para llevar las dosis hasta los brazos de los trabajadores. El sistema a retazos suscitó dudas sobre si las dosis son compartidas de forma equitativa con estos trabajadores, pero la transición pendiente parece estar avanzando sin una perspectiva sobre el terreno.
La cepa de coronavirus autóctona de California es más transmisible que sus predecesoras, es más resistente a las vacunas y puede causar casos más graves de COVID-19.
Lemus forma parte del Comité Asesor de Vacunas de la Comunidad del estado, cuyo objetivo es garantizar que la distribución de dosis cumpla con ese punto de vista. Aún no ha escuchado nada de parte de Blue Shield sobre cómo se involucrarán organizaciones como la suya, alertó. “¿Cómo podemos hacer esto juntos? Ellos deberían hacernos esa pregunta. No la he escuchado aún”, expresó. “Invítenme a la fiesta. Quiero ayudar”.
El director de servicios de atención médica del condado de San Joaquín, Greg Diederich, se hizo eco de esa frustración y calificó la transición de “opaca”. Aunque se suponía que Blue Shield comenzaría su función de supervisor con su condado la semana pasada, no lo hizo, y brindó pocas explicaciones sobre el retraso, señaló. En Fresno, el viernes pasado el gobernador Gavin Newsom afirmó que la transición para los condados de la “primera ola”, incluido San Joaquín, sería el lunes.
Diederich no sabe si, cuando el traspaso se concrete efectivamente, su agencia seguirá pudiendo administrar clínicas para trabajadores agrícolas o “si en última instancia [Blue Shield] determinará quién hace qué y recibe qué, y la salud pública pasará a segundo plano”, comentó. La incertidumbre ha llevado a los funcionarios del condado de San Joaquín y Ventura a reflexionar abiertamente sobre si pueden optar por no estar bajo la supervisión de la aseguradora.
Blue Shield remitió toda pregunta al Departamento de Salud Pública del estado. Un funcionario estatal que habló sobre los antecedentes destacó que los departamentos de salud locales perderán la mayor parte del control directo de las vacunas, pero no todo, y que la lista de personas autorizadas a aplicarlas se simplificará a aquellos que la compañía de seguros determine que son más capaces de alcanzar las metas de equidad y rapidez. Hasta ahora, se han hecho públicos pocos detalles de esos cambios.
La equidad es una preocupación dominante en la distribución de las dosis y una de las explicaciones clave de Newsom para poner a Blue Shield a cargo. El gobernador recorrió durante varios días estas tierras de cultivo políticamente conservadoras -donde los productores están pasando un mal momento a nivel financiero y en las que la iniciativa de su destitución es popular- prometiendo protección para los trabajadores, cruciales para la industria.
A pesar de las preocupaciones anteriores, los demócratas del Valle Central cerraron filas en torno a Newsom mientras los organizadores del retiro presionan fuerte en las últimas semanas de su intento. El Valle Central se vio muy afectado por el virus, con más de 66.000 casos solo en el condado de San Joaquín, aunque la cantidad de episodios nuevos está disminuyendo.
Sin embargo, el costo cobrado entre los trabajadores agrícolas -incluso entre los más jóvenes- sigue siendo sumamente inquietante: un estudio reciente detectó que, en California, los trabajadores latinos de los sectores agrícola y alimenticio de entre 18 y 65 años tuvieron un aumento de la mortalidad de casi un 60% durante el último año en comparación con los tiempos prepandémicos, el más alto factor de riesgo para cualquier grupo demográfico del estado. Por el contrario, el alza entre sus pares blancos fue del 16%. El análisis se apoyó en la muerte de más de 1.000 de estos trabajadores de marzo a octubre, probablemente a causa del virus.
La autora del estudio, Kirsten Bibbins-Domingo, vicedecana de salud poblacional y equidad sanitaria de la Facultad de Medicina de UC San Francisco, afirmó que su preocupación por la distribución centralizada es que la velocidad y la eficiencia se valorarán a expensas de aquellos a quienes es más difícil tener llegada. La experta cree que puede ser mejor vacunar por lugar -apuntando a todos los de un área de alto riesgo- especialmente aquellos en comunidades multigeneracionales y muy unidas, en lugar de usar niveles de elegibilidad y centros de vacunación masiva.
Según Diederich, el funcionario de salud de San Joaquín, el condado realizó un análisis en profundidad utilizando datos de las muertes por COVID-19 para asignar una puntuación de riesgo a cada residente, independientemente del nivel estatal, y estaba avanzando hacia ese modelo basado en la ubicación. Ahora, advirtió, no sabe si se utilizarán esos datos. “Está bien hacer las cosas rápido”, señaló al respecto Bibbins-Domingo, “pero si en realidad no se está vacunando donde está el virus, no será eficaz”.
Ante esa realidad, Jesse Sandoval teme que la próxima temporada de cosecha sea tan peligrosa como la anterior. Hijo de trabajadores agrícolas que alguna vez también cosecharon en los campos, Sandoval ahora dirige una empresa de contratación de mano de obra que emplea hasta 1.800 personas cada año, principalmente en cobertizos de empaque donde a menudo se trabaja en líneas de cintas transportadoras que embalan los cultivos en los pulcros paquetes que luego se encuentran en las tiendas de comestibles.
Recientemente, frustrado porque los funcionarios del condado de San Joaquín aún no habían comenzado a inmunizar a los trabajadores agrícolas, apeló a un político local. Esa persona, quien es un amigo, hizo algunas llamadas y, en cuestión de días, Sandoval y un compañero contratista de mano de obra habían armado una de las primeras clínicas del condado específicamente para trabajadores agrícolas, con 750 dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech disponibles. “Supongo que llamamos a algunas de las personas adecuadas”, comentó Sandoval.
El 22 de febrero, mientras cientos de individuos se alineaban en un recinto ferial local para la aplicación de su dosis, el defensor de los trabajadores agrícolas Luis Magaña se presentó para observar. Le molestó que los turnos se hubieran repartido principalmente a través de empleadores y contratistas de mano de obra, y que hubieran sido informados únicamente de boca en boca. Trabajando con otros defensores, esperó hasta el final para captar algunas dosis no utilizadas para sus propios contactos. “Esto es como un evento privado”, afirmó. “¿Cuál es el proceso para hacerlo? Quiero organizar uno”.
La razón del acuerdo con Blue Shield es abordar tales inquietudes. El viernes, en Fresno, Newsom visitó uno de los 11 nuevos espacios para vacunas administrados por otro proveedor estatal, OptumServe, en el Valle Central; prometedoras pequeñas clínicas móviles dirigidas a todos los trabajadores agrícolas.
Allí habló de 337 organizaciones comunitarias que el estado y los socios filantrópicos financiaron con $53 millones de dólares para educar a los trabajadores agrícolas sobre el virus. La semana pasada, Newsom anunció que trasladaría 34.000 dosis, suficientes para vacunar a 17.000 personas, de un suministro de Walgreens no utilizado, a trabajadores agrícolas, y que aumentaría la asignación de vacunas del Valle Central en casi un 60%.
Newsom afirmó mediante un comunicado que los suministros adicionales cumplían con el compromiso de “ir a buscar a nuestras comunidades de trabajadores agrícolas allí donde se encuentran, y profundizar las innovadoras asociaciones público-privadas que ejemplifican lo mejor del espíritu cívico de California”.
El gobernador eludió una pregunta sobre la transparencia de Blue Shield, citando las dificultades del período de transición, pero prometió: “La semana que viene, el proceso pasará completamente a una nueva escala”.
Pero las preguntas sobre la transición crecen tan rápido como los cultivos. Tellefson Torres, de la Fundación UFW, una de las organizaciones comunitarias que trabajan con el estado, señaló que es posible que los cultivadores migrantes necesiten recibir una segunda dosis en un condado diferente, y no sabe si el estado tiene planes para manejar tal situación.
También remarcó que el requisito de Blue Shield de que los solicitantes de vacunas pasen por el sistema en línea del estado es un problema para los trabajadores agrícolas que pueden carecer tanto de acceso a internet como de conocimientos informáticos para llevar a cabo un registro complicado. Hasta ahora, sus organizadores se han ocupado de eso; no está claro si Blue Shield tiene su propia solución, aunque ofrece opciones por vía telefónica.
El viernes, Tellefson Torres expuso que le preguntó personalmente al gobernador si las clínicas de salud financiadas con fondos federales que atienden a individuos sin seguro recibirán dosis adicionales para los trabajadores agrícolas, pero no recibió una respuesta definitiva. “Necesitamos asegurarnos de que lo que se dice, lo que se ha puesto por escrito, realmente esté sucediendo; eso es lo que estoy esperando”, expresó.
Mientras tanto, ella y otros siguen adelante con sus propios esfuerzos, preocupados de que pronto se les impida hacerlo. El domingo, la Fundación UFW se alió con Monterey Mushrooms, de Santa Clara, para vacunar a 500 cultivadores, y planeaba aplicar otras 500 dosis más adelante en la semana.
También se están montando decenas de otras clínicas emergentes para trabajadores agrícolas en todo el estado, incluso para recolectores de fresas en San Diego y Monterey, y para empacadores de dátiles en el Valle de Coachella. El 19 de febrero, un grupo de 90 empleadores agrícolas del Valle Central escribieron a Newsom para ofrecer sus ubicaciones como sitios de vacunación si se les permitía.
Sandoval observaba el pasado jueves cómo su equipo procesaba un camión lleno de maíz dulce, cultivado en México. Encendiendo un singular aparato que se extendía por la mitad de un cobertizo similar a un hangar, dos mujeres tomaban las cáscaras verdes una por una y las colocaban en una cinta transportadora para que una sierra cortara los extremos antes de pelarlos hasta los granos. Socialmente distanciados pero aún cercanos, seis trabajadores enmascarados y enguantados sacaban restos de barbas de maíz, mientras que otros rápidamente empacaban cuatro trozos a la vez en miles de bandejas de plástico negro.
Cuando las mazorcas limpias llegaban a Gilberto Hernández, cerca del final de la línea, todo lo que él tenía que hacer era envolverlas, sellando cada paquete en plástico. Es una tarea que este equipo ha hecho durante años, incluso cuando la pandemia se extendió salvajemente, la primavera pasada. Pero esta semana es distinto: Hernández fue uno de los afortunados que pudo vacunarse en la clínica de Sandoval. “Me siento bien”, gritó por encima del ruido de la máquina. “Estoy cien por ciento más seguro”.
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